Un tribunal de El Salvador condenó este miércoles al expresidente Elías Antonio Saca a diez años de prisión y le ordenó devolver 260,7 millones de dólares, de 301 millones desviados durante su gestión entre 2004 y 2009.
El exmandatario, que purgará ocho años de prisión debido a que ya está cerca de cumplir dos años tras las rejas, fue juzgado junto a seis de sus colaboradores por el millonario desvío de fondos públicos.
“El expresidente Elías Antonio Saca ha sido condenado a 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos”, consignó la Fiscalía General de la República en Twitter.
Saca se convierte así en el primer expresidente salvadoreño “sentenciado por delitos de corrupción”, agregó.
En un pacto con la Fiscalía, el expresidente aceptó haber cometido delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado, para reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años.
Uno de los jueces dijo al leer la resolución que “los imputados son responsables civilmente de los hechos”, por lo que Saca deberá devolver al Estado 260,7 millones de dólares.
El tribunal también condenó a Elmer Charlaix -exsecretario privado de Saca- a 10 años de cárcel por los mismos ilícitos y le ordenó devolver devolver 15 millones de dólares.
En tanto, el exministro de Comunicaciones Julio Rank y el expresidente de la empresa estatal de aguas César Funes fueron sentenciados a cinco años de cárcel.
Rank deberá devolver 8,3 millones de dólares y Funes 886.697 dólares.
El tribunal condenó a cinco años de prisión al otrora jefe de la unidad financiera de la casa presidencial Francisco Arteaga y al exempleado de la Tesorería Jorge Herrera.
En un pacto con la Fiscalía, el expresidente y los otros mencionados aceptaron haber cometido delitos de peculado y lavado de dinero y activos a cambio de un juicio abreviado. Ello permitió al expresidente reducir a 10 años la pena de prisión, que pudo ser de más de 25 años.
Pablo Gómez, quien era el contador de Charlaix, no aceptó el pacto con la fiscalía, por lo que no se sometió a juicio abreviado y recibió una pena de 16 años de cárcel y cinco millones de dólares por responsabilidad civil.
