Miguel Ángel Gálvez – exjuez de instrucción en el conocido caso “Diario Militar” – denunció este lunes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el estado guatemalteco falló en acatar las medidas provisionales ordenadas por el organismo y en garantizar su seguridad, razón por la cual tuvo que exiliarse.
En una audiencia para revisar el cumplimiento de las medidas ordenadas en favor de Gálvez y su núcleo familiar, dictadas en la sentencia del caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala, el ex juzgador explicó que las amenazas y actos intimidatorios en su contra no han cesado y que más bien, el estado le ha perseguido a través de actos judiciales improcedentes, criminalizando su accionar como juez y por ende, impidiendo el ejercicio de su independencia judicial.
Cabe recordar que Miguel Ángel Gálvez fue juez titular del Juzgado de Mayor Riesgo del departamento de Guatemala hasta el pasado 1 de diciembre de 2022, cuando renunció a su cargo “como consecuencia de las amenazas, hostigamiento y criminalización que enfrenta y que ponen en riesgo su vida e integridad personal”, según su representación legal.
Durante su carrera conoció importantes casos penales sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, así como casos de corrupción.
Entre los más relevantes se destacan: el procesamiento de dos ex generales por el delito de genocidio y deberes contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil; el envío a juicio de miembros del ejército implicados por esclavitud sexual en el caso denominado Sepur Zarco; la vinculación a proceso penal a diversos funcionarios de gobierno – entre ellos el ex presidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti – envueltos en el caso de corrupción en las aduanas denominado ”La Línea” y el caso conocido como “Diario Militar”.
En este último asunto la Corte IDH encontró al Estado de Guatemala responsable por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y actos de tortura perpetrados por agentes militares.
A raíz de su participación en ese caso, Gálvez ha sido sujeto de “actos sistemáticos de amenazas y de denuncias penales maliciosas interpuestas en su contra”, por lo que en 2022 la Corte IDH ordenó medidas para garantizar su seguridad.
El Estado guatemalteco compareció y su representación aseveró que al exjuzgador se la han brindado medidas de protección, escolta policial, vigilancia en video y otras medidas; que el exjuez explicó, no correspondieron a acatamiento de las medidas ordenadas, sino a medidas de seguridad ordinarias para jueces de su rango.
Gálvez agregó que no se han realizado las investigaciones correspondientes por las amenazas y amedrentamientos que ha enfrentado pero que, en cambio, los procesos de criminalización en su contra -ya reconocidos por la Corte como tales- han continuado y así, el estado ha sido partícipe de la persecusión, estigmatización y acoso en su contra.
Gálvez y su representación, acuerpados por organizaciones locales y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – que compareció para hacer patente su preocupación por el caso- pidieron así a la Corte IDH que reitere a Guatemala su obligación de brindar protección al exjuez, de modo que pueda retornar de manera segura a su país.
Próximamente, el órgano informará su decisión sobre la materia.
