Este lunes cuatro exministras y un exministro de Salud de Nicaragua dirigieron una carta los jerarcas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la que manifestaron preocupación por “la magnitud que está alcanzando la pandemia del COVID-19 y su inminente agravamiento por la carencia de acciones del gobierno” de Daniel Ortega.
Se trata de Lea Guido (ministra entre 1980 y 1985), Dora María Téllez (1985-1990), Lombardo Martínez (1997-1999), Martha McCoy (1999-2000) y Margarita Gurdián (2004-2007), quienes interpelaron directamente a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, y a Carissa F. Etienne directora de la OPS.
La misiva asevera que la población nicaragüense “se encuentra en situación de riesgo extremo”, entre otras razones porque el gobierno “no ha impulsado debidamente las medidas básicas de distanciamiento físico e higiene”, y más bien “ha promovido, en los últimos dos meses, actividades que implican aglomeración de personas, facilitando así las condiciones para un contagio masivo que puede redundar en elevadas pérdidas humanas”.
Al respecto detalla que a pesar de que desde el 11 de marzo la OMS declaró oficialmente que el brote del coronavirus SARS-CoV-2 había alcanzado el nivel de pandemia, en Nicaragua, no se realizaron acciones de prevención, contención ni mitigación, lo cual “es todavía más grave considerando la limitada capacidad del sistema público de salud”.
Los firmantes denuncian además que el personal de salud trabaja “sin la protección necesaria y suficiente y ha estado siendo obligado, so pena de sanciones severas, a manipular la información sanitaria para negar o disminuir artificialmente el número de casos y de muertes por causa de la pandemia”.
“A la fecha, hay una considerable cantidad de profesionales contagiados, en las unidades de salud, debilitando las condiciones para la atención a quienes la necesitan y hay personal despedido por sospechas de haber informado con transparencia a las familias”, añade el texto al respecto.
La carta también apunta que el gobierno ha prestado “oídos sordos” a propuestas de acciones y medidas que frente a la pandemia han presentado organizaciones de la sociedad civil, iglesias, gremios empresariales y organizaciones de derechos humanos, así como especialistas en salud pública y personal médico.
La misiva recuerda que la propia directora de la OPS, Carissa Etienne, ya ha manifestado su preocupación por el caso de Nicaragua. En efecto, el pasado 7 de abril en una videoconferencia, Etienne dijo que la OPS “ha estado preocupada” por la respuesta a la COVID-19 y se refirió específicamente a la falta de distanciamiento social, la convocatoria a eventos masivos, la realización de pruebas y seguimiento de contactos de las personas enfermas, así como la “inadecuada prevención y control” de la enfermedad.
Todos esos elementos también fueron citados en la carta, como también el hecho de que Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y que la pandemia ya afecta “de manera exponencial” a la población, “especialmente a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad”.
Tras insistir en la falta de transparencia de las autoridades de Salud, los firmantes de la carta aseveraron que “para agravar la situación, el presidente y la vicepresidenta han sido recurrentes en sus mensajes, minimizando el riesgo del COVID-19”.
Hacia el final de la carta aseveraron que “la sociedad nicaragüense está en una muy difícil situación que además de afectar a nuestro país, se convierte en un grave riesgo para la región centroamericana”.
Al cierre de la misiva las exfuncionarias y exfuncionario solicitan “encarecidamente” a Adhanom Ghebreyesus y Etienne, “tomar las providencias que estén a su alcance para disminuir el impacto de la pandemia del coronavirus en la población nicaragüense”.
Este martes en conferencia de prensa Ciro Ugarte, director regional para la respuesta a emergencias en salud de la OPS, reiteró la preocupación por el caso de Nicaragua.
