Esta mañana, en un acto oficial que contó con la presencia de autoridades del gobierno hondureño, representación de la familia de Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quedó instalado el denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Se trata de un grupo de especialistas de diversas disciplinas, quienes se enfocarán en realizar una investigación independiente y especializada sobre los hechos ocurridos alrededor de este asesinato, su autoría intelectual y los delitos conexos tras el asesinato de Berta Cáceres y proponer un plan de reparación integral de las comunidades afectadas.
Ésta es la cuarta ocasión en que se instala un GIEI en América Latina y en el caso de Honduras se concreta tras una solicitud del propio Copinh y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en el marco de una medida cautelar emitida por la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tras un acuerdo alcanzado por esa instancia, el Estado hondureño y las representantes de las medidas de protección, en octubre de 2024.
Las ocasiones anteriores fueron en México, con ocasión de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Nicaragua, ante la represión en Nicaragua con motivo de las huelgas de 2018, y Bolivia.
Berta Zúniga, presidenta del Copinh e hija de Cáceres, quien recordó que en marzo de 2016, “a dos días del atroz crimen”, los familiares de la líder asesinada y el Copinh exigieron que se conformar a una comisión internacional imparcial para la investigación del asesinato. Desde entonces se demandó la firma de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la CIDH, “ante el fundado temor de interferencia sobre el proceso de investigación de la estructura criminal detrás de su asesinato”.
Zúniga dejó de observar que esa solicitud fue rechazada “recurrentemente por el gobierno de turno” y “aunque eso no significó detener la lucha por justicia, fue parte de los tantos obstáculos encontrados”.
Reconoció la voluntad del Estado de Honduras en solicitar la ayuda de la CIDH para instalar el GIEI, pero aseveró que “demandamos que esta voluntad se mantenga presente para garantizar que el GIEI grupo pueda realizar su labor de manera eficiente”.
Durante el acto de esta mañana, Andrea Pochak, de la CIDH, dijo que el caso de Berta Cáceres es “emblemático en lucha por los derechos humanos en las Américas”, pues “sacudió a la comunidad internacional” y “evidencia graves vulnerabilidades” que enfrentan quienes defiende el territorio y los recursos naturales en la región.
Destacó la importancia de la identificación de “todos los responsables materiales e intelectuales”, pero también de que ello conlleve a la adopción de mediadas “para que crímenes como éste no vuelvan a repetirse”.
GIEI
De acuerdo con información provista por el CEJIL, el GIEI es compuesto por la estadounidense Roxanna Altholz, abogada y académica que entre toros atestados fue asesora legal en la Misión de la ONU en Kosovo y como abogada en el mismo CEJIL manejó “casos relacionados con masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones en EE. UU., Colombia, Guatemala, la República Dominicana y Ecuador”.
También participan el abogado guatemalteco Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, quien ha ocupado altos puestos en el Ministerio de Gobernación y Ministerio Público de su país, y el argentino Pedro Biscay, quien es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
En entrevista para UNIVERSIDAD, Lucas Mantelli, coordinador jurídico de CEJIL, dijo que “es muy importante la elaboración y la posibilidad de que se creen estos grupos”, con el fin de “poder avanzar en aquellos puntos en los cuales la investigación por ahí no no puede avanzar o en este caso se se ha quedado corta como en el caso de de la investigación de Berta”.
Por otro lado, destacó que el propio Estado hondureño solicitó a la CIDH apoyo técnico parta la investigación, “en principio eso nos habla de que hay una voluntad política de de avanzar y eso fortalece eh este punto segundo que que nosotros resaltamos como como esencial para que un GIEI llegue a un puerto que es la cooperación del Estado, ¿no? Y dentro de la cooperación del Estado la del Ministerio Público es esencial”.
También se subrayó que “una vez que se instala el grupo interdisciplinario de expertos, no debe tener ninguna presión ni incidencia en su trabajo por parte de ninguna de las partes, desde la representación (de las víctimas), pero mucho menos por parte del Estado ni tampoco por parte de la Comisión. Una vez que ellos están instalados, tienen total libertad para para trabajar y realizar el análisis”.
Además destacó la importancia del respaldo de la sociedad civil, “no solo para para brindarle apoyo eh digamos político a la instalación del del grupo interdisciplinario, sino también para que puedan acercarle al grupo información valiosa”.
Sobre la reparación a la familia y comunidades lencas afectadas por toda la situación del asesinato, dijo que no se busca una reparación económica, sino la implantación de “medidas orientadas a la no repetición, principalmente que es un tipo de garantía que se usa mucho en el sistema interamericano, garantías que buscan que los hechos que le sucedieron a Berta no le vuelvan a suceder a otras personas que luchan por por la tierra y el territorio en Honduras”.
“En principio -explicó-, lo que se espera del grupo interdisciplinario de expertos es que pueda emitir un informe no necesariamente señalando responsables, sino que pueda establecer al menos parámetros o líneas de investigación que no han sido agotadas desde su punto de vista por el trabajo abajo de la fiscalía”.
