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Empresarios de Guatemala califican suspensión de minera suiza como «preocupante»

La Corte de Constitucionalidad suspendió las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la suiza Solway Investment Group, al acoger el reclamo de comunidades indígenas, a las que no se consultó sobre la explotación en su territorio.

La Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) expresó este viernes su preocupación por la suspensión, por la máxima instancia judicial del país, de las operaciones de una minera de capital suizo en la costa caribeña.

«Es preocupante el impacto socioeconómico que causa al país la suspensión temporal de la mina», expresó en un comunicado el presidente de AmCham, Juan Pablo Carrasco.

«Es una gran fuente de empleo y con estas acciones el Estado envía mensajes negativos a los potenciales inversionistas con intención de mudar su capital a Guatemala», consideró.

Aseguró que la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima entidad judicial, puede provocar efectos negativos para el país.

Según Amcham, la minera Fénix, operada por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), genera más de 3.000 empleados directos e indirectos.

Atropello a comunidades indígenas

La licencia de explotación de níquel fue otorgada por 25 años por el Ministerio de Energía y Minas el 17 de abril de 2016 e incluye la extracción de cobalto, hierro, cromo y magnesio.

El pasado 19 de junio, la Corte suspendió las operaciones de la CGN, subsidiaria de la empresa suiza Solway Investment Group, al acoger el reclamo de comunidades indígenas, a las que no se consultó sobre la explotación de minerales en su territorio.

La CC precisó que el ministerio obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental de toda el área.

La minera está establecida en el poblado caribeño de El Estor, sobre el Caribe, al noreste del país, desde que Solway adquirió en 2011 la CGN.

La empresa comenzó a operar en 2014 tras la rehabilitación y reconstrucción del complejo industrial, que data originalmente de fines de la década de 1970 y estuvo abandonado desde 1982.

La CC ordenó al gobierno limitar la licencia a solo 6,29 km2 de los 247,997 km2 autorizados inicialmente, debido a que son los únicos que tienen estudio de impacto ambiental.

Además, estableció que en los próximos 18 meses la empresa debe realizar el proceso de consulta a las poblaciones indígenas del área, en su mayoría maya-q’eqchi’.

La actividad minera en Guatemala se realiza bajo la protesta de ambientalistas, campesinos e indígenas, que se oponen a la explotación de minerales y a la construcción de megaproyectos por considerarlos una amenaza para los recursos naturales.

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