“Vuestros pueblos no son el ‘patio trasero’ de la sociedad ni de nadie”, dijo el Papa Francisco a los obispos centroamericanos, reunidos en Panamá el pasado jueves, en medio de crecientes tensiones políticas en el escenario latinoamericano.
Ante la ofensiva conservadora desatada en el continente, apoyada por una iglesia evangélica que disputa con éxito los feligreses al catolicismo, las palabras del Papa parecen expresar un deseo que, sin embargo, choca con la realidad de la región, donde una cuidadosa trama ha sido puesta en práctica desde el 10 de enero, cuando Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo período presidencial en Venezuela.
Grupo de Lima, avanzada del golpe
Entonces el llamado “Grupo de Lima”, integrado por algunas de las figuras más conservadoras de la política latinoamericana, entre ellos algunos responsables de graves crímenes y actos de corrupción, llamaron a desconocer el gobierno de Maduro.
“Al reconocer la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el ‘exilio’, desconocer el nuevo mandato del Presidente Maduro y reconocer a la Asamblea Nacional (AN) como el único poder legítimo, el Grupo de Lima presiona hacia la constitución de un Estado Paralelo, hacia un conflicto de poderes, hacia una confrontación de alcance internacional de consecuencias impredecibles, entre el gobierno de Maduro respaldado por las fuerzas armadas y la oposición extremista atrincherada en la AN respaldada por Estados Unidos y el Grupo de Lima”, afirmaron representantes de la “Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución” en una conferencia de prensa el pasado 17 de enero.
Se trata de un grupo muy crítico del gobierno de Maduro, pero también de la trama interventora que Washington ha promovido desde la descalificación del gobierno de Maduro y de las elecciones presidenciales del año pasado.
Ante las amenazas de una intervención militar en el país, la Plataforma reiteró que “para el Pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la preservación de la Patria, porque sin ella, ningún proyecto nacional sería posible para construir el futuro”.
Para la Plataforma, el régimen de Maduro es “entreguista e inconstitucional”, pero también rechaza el “Estado paralelo impulsado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima”. Como solución a la crisis piden la realización de un “referéndum para renovar todos los poderes públicos” en el país.
La otra cara
El Grupo de Lima alzó la voz, alarmado, cuando el Papa pidió diálogo en Venezuela. Le envió una carta a la que el Vaticano no dio respuesta, por lo menos públicamente, rechazando ese diálogo. Hasta que, la semana pasada, el Papa lo hizo en su discurso a los obispos centroamericanos cuando les dijo, en Panamá: “Vuestros pueblos no son el ‘patio trasero’ de la sociedad ni de nadie”.
Si al Grupo de Lima se le encargó la tarea de facilitar las condiciones políticas para el aislamiento del gobierno de Maduro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, es el otro soporte de la iniciativa. Almagro fue de los primeros a felicitar a Guaidó luego de que este reivindicara su cargo de presidente en ejercicio de Venezuela.
Convocados por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú, el Consejo Permanente de la organización se reunión el 24 de enero, para considerar “los recientes acontecimientos en Venezuela”.
Se trataba, en realidad, de lograr el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente en ejercicio de Venezuela. La importancia de la reunión para el proyecto de Washington quedó en evidencia con la presencia del mismo Secretario de Estado, Mike Pompeo, en la sesión, del mismo modo que encabezó la delegación de su país en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para tratar también el caso de Venezuela.
En su discurso Pompeo dijo que luego del reconocimiento a Guaidó por Estados Unidos, había llegado la hora de que la OEA, como institución, lo reconociera. Pese a la presión de la Casa Blanca, Washington solo consiguió el apoyo de 16 de los 34 países miembros activos de la OEA para su proyecto: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
El Secretario de Estado amenazó también a Venezuela contra “cualquier decisión de los elementos remanentes del régimen de Maduro sobre el uso de la violencia para reprimir una transición política”.
La amenaza fue repetida dos días después en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “No nos pongan a prueba”, dijo Pompeo. “Vamos a proteger a nuestros propios ciudadanos, a nuestro cuerpo diplomático y al presidente interino, Juan Guaidó“.
La reunión fue escenario de una confrontación con Rusia. El representante de Moscú en la organismo, Vasily Nebenzya, rechazó que Venezuela fuera una amenaza para la paz y la seguridad internacional y que, por lo tanto, no era un tema que debiera ser tratado en el Consejo de Seguridad. La amenaza –agregó Nebenzya– surge de las iniciativas de Estados Unidos para expulsar el gobierno legítimo de Venezuela.
China había pedido también a Estados Unidos, el pasado 24 de enero, que se mantuviera al margen de la crisis política en Venezuela y se manifestó en contra de toda intervención externa en ese país.
Pero como en la declaración de guerra a Irak, cuando el presidente Bush dividió el mundo entre los que estaban a favor o en contra de la guerra, Pompeo afirmó: “Es el momento para que cada nación elija un lado. No más retrasos, no más tretas: o están con las fuerzas de la libertad o están aliados a Maduro y su caos”.
El último grupo de países que apoyan el proyecto norteamericano son algunos miembros de la Unión Europea, nuevamente encabezados por España, que busca el apoyo a favor de Guaidó. No se trata ahora de los conservadores del Partido Popular, sino de los socialistas de Pedro Sánchez, que no cuentan, sin embargo, con respaldo suficiente para una posición conjunta europea de reconocimiento a Guaidó. Una posición que sí apoyan los gobiernos conservadores de Alemania, Francia e Inglaterra.
En una carta pública firmada por 70 intelectuales y especialistas en política latinoamericana, encabezados por el norteamericano Noam Chomsky, se denunció este plan.
La carta afirma que “Estados Unidos y sus aliados, incluido el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, han empujado a Venezuela al precipicio, al reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de Venezuela, algo ilegal bajo la Carta de la OEA”.
“Los problemas de Venezuela –agregan– “se han agravado por las sanciones económicas de Estados Unidos, ilegales según la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, así como por la legislación norteamericana y otros tratados y convenciones internacionales”, agregaron.
En América Latina, México expresó su posición frente a esa campaña. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México mantiene “relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos en este momento a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno”.
México y Uruguay ofrecieron mediar en el conflicto, propuesta que fue aceptada por Maduro. Pero, hasta ahora, no por la oposición.
Los secretos revelados
Poco a poco se han ido conociendo detalles de la “Operación Guaidó”, que logró transformar a un político prácticamente desconocido en pieza clave de la política venezolana, reconocido internacionalmente.
Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación de Venezuela, reveló que Guaidó se reunió con el presidente de la Asamblea Constituyente venezolana, Diosdado Cabello, a las 11 de la noche del 22 de enero, en hotel Lido de Caracas. Una reunión que debía permanecer secreta. Era la víspera de la gran concentración que la oposición realizó en Caracas el 23. Cabello dijo que resolvió hacerla pública porque Guaidó no cumplió lo acordado en esa cita.
“Este señor dijo que no aguantaba la presión de los gringos, la presión de Leopoldo López (líder de su partido, Voluntad Popular), la presión de que le pasaran el teléfono para hablar con Iván Duque”, afirmó Cabello, refiriéndose a lo conversado en esa reunión. Guaidó había negado, en una entrevista televisiva, que esa reunión hubiese ocurrido, pero Rodríguez mostró un video en el que los participantes ingresan al hotel esa noche, para una reunión cuya autenticidad no ha sido desmentida posteriormente por Guaidó.
Guaidó habría viajado también, a mediados de diciembre, a Estados Unidos, Colombia y Brasil para discutir las iniciativas que pondrían en práctica luego de la juramentación de Maduro el 10 de enero, una información atribuida, entre otros, al exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, exiliado en España.
Este 23 de enero lo oposición venezolana salió nuevamente a las calles, con menos actos violentos que en las convocadas en 2017 por Leopoldo López. La oposición demostró haber recuperado capacidad de movilización, algo que no lograba desde agosto del 2017, un elemento indispensable para el éxito de la “Operación Guaidó”.
Las manos ejecutoras
La mano ejecutora del plan democratizador en Venezuela es la del ahora nombrado enviado especial de la Casa Blanca para ese país, Elliot Abrams. Abrams fue Secretario de Asuntos Interamericanos durante el gobierno de Ronald Reagan, en los años 80, cuando organizaron el exitoso plan conocido como “Irán-contras”, mediante el cual Washington vendió armas a Irán, entonces en guerra contra Irak, y, con el dinero de esas ventas, financió a los “contras” que luchaban en Nicaragua contra el gobierno sandinista. Las dos operaciones eran ilegales, pues estaban prohibidas por el senado norteamericano.
Condenado por haber mentido al Congreso sobre las actividades del plan Irán-contras, Abrams fue indultado por el presidente Bush.
Entonces se celebraron elecciones en Nicaragua, bajo la amenaza de continuación de una guerra que desangraba el país si el sandinismo ganaba. El sandinismo perdió. El resultado de la intervención norteamericana en ese país está hoy a la vista, con el caos en que ha derivado desde entonces la política en Nicaragua.
“Hay muchas dimensiones sobre cómo podemos asistir a los venezolanos para lograr la democracia y vamos a ser responsables de liderar ese esfuerzo”, afirmó Pompeo al anunciar el nombramiento de Abrams, quien dirigió también el intento de golpe en ese país en 2002. El presidente de Fedecámaras, Francisco Carmona, se proclamó presidente de Venezuela, cargo en el que estuvo menos de 48 horas, pues el intento de golpe contra el presidente Hugo Chávez fracasó.
Abrams, un neoconservador que no apoyó a Trump en las pasadas elecciones pero que es un aliado cercano del actual asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, tiene la tarea de “ayudar al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia y la prosperidad en su país”, dijo Pompeo.
El plan podría contar ahora con un apoyo militar importante. El senador brasileño Roberto Requião se refirió a la misión militar israelí que llegó a Brasil el pasado fin de semana, para ayudar en las misiones de rescate en Brumadinho, escenario de un desastre ambiental provocado por la ruptura de una represa donde se acumulaban desechos de la empresa mineradora Vale y cuyo balance final podría superar las 300 muertes.
“Este grupo de 140 soldados y 16 toneladas de equipos se parece más a un grupo de asalto a Venezuela que a un grupo –bienvenido pero innecesario–, de salvamento en Brumadinho”, dijo el senador Requião.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, estableció una estrecha relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien realizó una larga visita a Brasil para asistir a los actos en los que asumió el poder, el pasado 1 de enero. Bolsonaro reiteró entonces su decisión de trasladar la embajada de Brasil en Israel a Jerusalén.
Netanyahu, que enfrenta unas difíciles elecciones el próximo 9 de abril, anunció su reconocimiento a Guaidó como presidente de Venezuela.
