Militante sandinista histórico que, como muchos otros, se ha apartado del gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo; sin embargo, Julio López (72) reivindica hablar desde el sandinismo. Politólogo de formación, ocupó diversos cargos relevantes en el partido, desde la insurrección hasta el Gobierno; entre ellos el de Secretario de Propaganda y Educación Política del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) y el de encargado de sus relaciones internacionales hasta la derrota electoral del sandinismo, en 1990.
Hoy ve agotado el gobierno de Ortega y su esposa, al que responsabiliza de una represión criminal que ha costado ya más de 300 vidas, desde que se desataron las protestas en abril pasado. “No existe posibilidad de que el orteguismo pueda recuperarse después de tanto crimen”, dijo a La Onda Digital, en conferencia telefónica desde Managua, la semana pasada.
A Julio López le preocupa especialmente la conformación de fuerzas irregulares en el país, con armas de guerra, encargadas de la represión de los manifestantes, pero que, en el futuro, podrían ser semillero de una forma de violencia muy extendida desde México al norte de Centroamérica.
Asimismo, advierte a Costa Rica de las consecuencias que podría tener el debilitamiento de la economía nicaragüense, con un aumento del desempleo y la migración.
¿Cómo describiría usted la situación política actual de Nicaragua? ¿Hay alguna negociación entre las partes que permita vislumbrar una salida?
–A estas alturas del conflicto podríamos decir que no hay ninguna vía claramente establecida de salida. No recuerdo una situación más complicada como la que estamos viviendo. Estamos en medio del conflicto y de la confrontación entre el pueblo nicaragüense y Daniel Ortega y su gobierno, en la que ambas partes intentan crear una correlación de fuerza favorable. Pero no hemos entrado en la fase de un desenlace; estamos en medio de la confrontación. Por el momento, la situación no logra resolverse a favor de nadie. Hay una enorme incertidumbre no solo sobre el presente, sino también sobre lo que puede pasar en el futuro.
Usted ha hablado de un Estado colapsado y de instituciones totalmente fallidas en Nicaragua. ¿A qué se refiere con esto?
–Me estaba refiriendo a la situación de algunas semanas atrás, en la que las instituciones públicas no estaban rindiendo los servicios normales a la ciudadanía. Los hospitales, por ejemplo, no estaban en condiciones de atender a la gente. Los servicios de educación –los colegios y las universidades– estaban absolutamente colapsados. Los servicios de transporte estaban suspendidos por las barricadas levantadas en muchísimas partes del país. Las alcaldías tampoco estaban en capacidad de cumplir con servicios básico, ni siquiera de recoger la basura.
Estábamos en una situación de inoperancia de las instituciones estatales, con excepción del aparato represivo, que sí estaba funcionando en toda su capacidad. Si esa situación se prolongaba, podríamos entrar en una fase de caos y anarquía.
Es obvio que la opción represiva, la acción criminal del Gobierno –llevamos más de 300 muertos de gente desarmada, asesinada por la tentativa de ejercer el derecho a la protesta–, le ha permitido recuperar un poquito de terreno. El desalojo sangriento de numerosos tranques en diferentes partes del país ha permitido restablecer de algún modo el transporte no solo el público, sino también el tráfico regional de mercancías.
La política de terror ha tenido algunos efectos que, desde el Gobierno, se entienden como favorables. Realmente lo que se está produciendo es un aumento y fortalecimiento de la actitud de la gente que siente repudio por esos crímenes.
Por ahora, el Gobierno está haciendo lo posible por recuperar un poco del terreno que había perdido en la calle y en la opinión pública, y piensa que puede lograrlo por el ejercicio de la violencia y por las maniobras políticas en las llamadas negociaciones. En ese sentido ha habido una recuperación de la situación, pero es temporal.
¿Se puede prever un desenlace para esta crisis? ¿Usted vislumbra alguno a estas alturas?
–Existen unos ámbitos definidos que, teóricamente, producirán, en un tiempo razonable, algún resultado. Me refiero a la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno y una contraparte de la oposición.
Los obispos, que hacen la función de testigos y mediadores, dijeron que iban a esperar 30 días para ver si se obtenían resultados, plazo que han ampliado a 30 días más.
Ha habido algunas cosas positivas en esa mesa, como la venida de las instancias de Derechos Humanos y de dos comisiones de alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos a los que se había llegado con el Gobierno y para investigar los crímenes cometidos desde el 18 abril pasado.
Algo debería ocurrir la próxima semana en la OEA (Organización de los Estados Americanos). La Secretaría ha ejercido presión para avanzar en el proceso de perfeccionamiento de las instituciones que había acordado con el Gobierno. El Secretario de la OEA insiste en que esa es la ruta, que hay que adelantar las elecciones. Pero esto se ha vuelto incierto porque la Nicaragua del 2017, cuando la OEA negoció estos acuerdos con el Gobierno, nada tiene que ver con las condiciones actuales del país. Son totalmente distintas, de modo que esa es también una dinámica algo difusa.
Por otro lado, en el proceso de diálogo hay algo extraño. La contraparte del Gobierno no fue designada por los actores políticos y sociales del país, sino que fue escogida por la Conferencia Episcopal. Esa situación crea dificultades para aglutinar, de manera natural, la unidad de toda la gente que quiere que Ortega y su mujer se vayan ya.
¿Quién es oposición hoy en Nicaragua? ¿Qué grupos o personas la encarnan?
–Recordemos que esto fue un cataclismo, una explosión que sorprendió a todo el mundo. De esa gran explosión no surgió, de manera natural y espontánea, un liderazgo, individual o colectivo, que pudiera representar la posición hegemónica de la gente que reclama la renuncia del gobierno de Ortega y su mujer.
La verdad es que antes de la explosión lo que teníamos en el país era una oposición fragmentada, dispersa, de muy poca representatividad, sin credibilidad política, sin arraigo fuerte de masas. Los partidos estaban desacreditados por los pactos, las prebendas.
La explosión encuentra a una sociedad terriblemente fragmentada, con excepción de un segmento conformado por los campesinos que tenían como cuatro años de estar luchando contra una antipatriótica ley canalera. Pero, mas allá de eso, no teníamos nada.
Hasta ahora quienes representan oficialmente la oposición lo hacen desde esta mesa de diálogo, que tiene la debilidad, que ya señalé, de que ha sido designada por los miembros de la Conferencia Episcopal.
En el desarrollo de esas protestas un conjunto de fuerzas vinculadas a los movimientos sociales crearon una instancia que se llama “Articulación de los movimientos sociales”. Tenemos entonces una instancia que cuenta con la legitimidad de la Conferencia Episcopal y esta otra, más vinculada a los intereses de los sectores populares. Sin embargo, no hay una figura que la encarne. Esa es una desventaja, pero también algo positivo.
Pero no hay un liderazgo consolidado, que se pueda presentar como alternativa frente al Gobierno. Ese es uno de los déficits, de las carencias principales del movimiento, tanto más si tomamos en cuenta que en el país la cuestión de los liderazgos ha jugado históricamente un papel de gran relevancia. Aquí los líderes son todos, lo que, para algunos efectos, quiere decir ninguno.
¿Usted ve al ejército participando de algún modo en la solución del conflicto?
–Yo creo que este es uno de los asuntos más delicados y más importantes. He sostenido que, en realidad, la paz en Nicaragua había sido posible después de los noventa porque logramos construir unas fuerzas armadas que aceptaron transformarse de fuerzas partidarias a fuerzas nacionales y apartidistas.
Esto había permitido que la policía y, sobre todo, el ejército ganara ante la población una credibilidad suficiente para que todos aceptáramos este pacto social, de que estos fueran los órganos encargado del orden público. Esta ha sido la clave para consolidar la paz en el país.
En esta situación, con el uso indiscriminado y terriblemente criminal de la policía no solo para reprimir, sino también para matar, el ejército había tenido una posición de cautela, aunque alguna gente dice haber visto la presencia de elementos del ejército en la represión.
Lo más grave ha ocurrido en las últimas semanas, cuando Ortega armó un ejército irregular para organizar una jornada de horror en las principales ciudades del país. Estamos hablando de columnas armadas, con armas de guerra, disparando, secuestrando, cometiendo todas las brutalidades que podamos imaginar. El ejército de Nicaragua no debería permitir que un ejército irregular se mueva en las calles del país, con armas de guerra, realizando acciones de terror, de represión inaceptables.
El ejército se ha quedado callado. Eso es lo más grave de todo lo que está ocurriendo, porque habíamos logrado mantener una situación interna de relativa seguridad que nos diferenciaba del triángulo del norte: de Honduras, El Salvador o Guatemala.
Pero la permanencia de este ejército irregular puede romper todo el esquema de coexistencia y tranquilidad relativa en que nos movíamos. Imaginemos solamente la figura del sicariato. Este tipo de situación podría estabilizarse en el país, si no se desarman estas fuerzas. En esto el ejercito ha actuado con complicidad silenciosa, incumpliendo con sus obligaciones constitucionales.
En mi opinión, esto es lo más importante de la situación. Lo que tiene que ver con la democracia, con el restablecimiento de la economía, son cosas que se pueden resolver. Pero el colapso de la seguridad y la generalización de la violencia no podríamos resolverlo en el corto plazo. Para mí, el control de esta fuerza irregular es lo más urgente. Si no podemos neutralizar la actividad de este ejército irregular represivo, si eso lo logra mantener Daniel, se va a crear una situación complicada en el país.
La economía del país se ha ido paralizando, las empresas han ido cerrando. ¿Qué escenario económico podemos esperar una vez solucionada la crisis política? ¿Qué repercusiones tendrá en el resto de Centroamérica?
–Si logramos solucionar la crisis política, solo el funcionamiento normal del tránsito ya sería una contribución significativa desde la perspectiva regional.
En Nicaragua, lo que más se va a ver afectado es el perfil que se había logrado construir en los últimos años y que la había transformado en un lugar atractivo para el turismo, por ejemplo. Ya hay daños difíciles de reparar en el corto plazo. La inversión extranjera se va a poner nerviosa con esta situación si la crisis no se resuelve pronto. Podemos ver afectados los ciclos básicos productivos, de modo que una economía que crecía un 4,5% anual eventualmente se vería enfrentada a cifras negativas de crecimiento.
Si no encontramos una solución en un tiempo razonable, en unos cuantos meses, los impactos sobre la economía van a ser brutales y Costa Rica tendría que prepararse para recibir más gente, porque las pérdidas de empleo serán por decenas de miles.
Finalmente, usted ha dicho que están “frente a un peligro aún mayor del que los nicaragüenses creemos”. ¿Cuál es ese peligro?
–Nicaragua había logrado aislarse de la situación de violencia terrible que hemos conocido en la región, desde México hasta aquí. Si eso se rompe, podemos encontrarnos en una situación que no estaba en los cálculos de nadie. Eso puede crear una herida profunda, difícil de cerrar.
Por otro lado, tenemos la amenaza de una situación social complicada. En Nicaragua existe siempre un potencial peligroso de retorno a condiciones de violencia que todos creíamos superada. Siempre existe el riesgo potencial de una guerra civil si las cosas no se resuelven de manera políticamente correcta. Y una Nicaragua desestabilizadas tendría un impacto negativo en toda la región.
Así que tanto a Nicaragua como a toda la región nos interesa encontrar una solución que debe pasar por el fin de esa política criminal, por el desmantelamiento de esas fuerzas irregulares; por la salida inevitable de Daniel Ortega del poder y por el inicio de un proceso que podría arrancar con elecciones anticipadas.
En resumen, en términos políticos, tendríamos que decir que el gobierno de Ortega y Rosario está terminado, colapsado. No existe posibilidad de que el orteguismo pueda recuperarse después de tanto crimen. Se trata de ver como hacemos para que los daños, tanto en vidas como para la economía, no resulten aun más graves.
