A casi un año del alzamiento popular contra el régimen de Daniel Ortega, con centenares de opositores encarcelados, sectores de la prensa perseguidos y exiliados y la economía prácticamente paralizada, el Gobierno y la oposición tratan nuevamente de negociar una salida a la crisis que vive el país.
Fracasado el primer intento de diálogo, que se realizó entre mayo y junio del año pasado, uno nuevo está en desarrollo, en medio de la desconfianza entre las partes que crea incertidumbre sobre las posibilidades de éxito de esta nueva iniciativa.
El Gobierno anunció el viernes su agenda de negociación, cuando ya esas negociaciones estaban en entredicho, luego de complicados acuerdos iniciales de procedimiento. El primer punto es el perfeccionamiento de “procesos electorales, libres, justos y transparentes” para las elecciones del 2021.
La propuesta incluye la “liberación de presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018”, en una difusa formulación que la oposición ha criticado. Cien de esos presos fueron trasladados de las prisiones y enviados a sus casas, donde deberán permanecer bajo la condición de “casa por cárcel”.
La opositora Alianza Cívica no ocultó su desencanto con la propuesta. José Pallais Arana, jurista y miembro del equipo negociador afirmó, en declaraciones al diario La Prensa de Managua, que si el Gobierno rechazaba el adelanto de elecciones, las negociaciones podrían fracasar. Si el Gobierno no sale de esta posición se corre el riesgo de no llegar a acuerdos, agregó, por su parte, el jurista Gabriel Álvarez.
El domingo por la noche la Alianza anunció oficialmente que no volvería a la mesa de negociaciones si el Gobierno no daba “muestras contundentes” de su intención de llegar a un acuerdo. La primera muestra era la ”libertad de los presos políticos”. Las otras tres estaban todas referidas al cese de la represión.
La libertad de los más de 600 presos por participar en las protestas contra el Gobierno, la reapertura de los medios cerrados, el retorno de los exiliados y la exigencia de justicia para los cerca de 300 muertos como consecuencia de la represión y la violencia son puntos que condicionan el desarrollo de las negociaciones.
La Conferencia Episcopal había renunciado, la semana pasada, a participar como testigo de esas negociaciones que ya entonces parecían empantanadas. La oposición exigía elecciones anticipadas y el régimen se negaba a aceptarlo.
Pero no solo la decisión de la Conferencia Episcopal de no participar revelaba las dificultades del proceso. Max Jerez, delegado de los estudiantes en la Alianza, tampoco descartó levantarse de la mesa de negociaciones. Los universitarios no permitiremos un arreglo de cúpulas, afirmó.
Por otra parte, el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento campesino que se opone al proyecto de la construcción del canal entre el Caribe y el Pacífico por el sur de Nicaragua, anunció su decisión de retirarse de la Alianza Cívica. Esto porque no se les ha dado la consideración esperada en el espacio opositor. Pero la decisión coincidió con la condena de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena a 216 y 219 años de reclusión. A ambos los acusan de ser autores intelectuales de un plan para asesinar de cuatro policías, hecho ocurrido cuando ambos participaban de una manifestación en Managua, a más de 200 kilómetros de distancia. Para la dirigente campesina Francisca Ramírez, esta condena tornó imposible el diálogo con el Gobierno.
El punto de partida
El dirigente opositor Enrique Sáenz analizó, en la revista Confidencial, las perspectivas de las negociaciones que empezaron la semana pasada.
“Estamos a las puertas de las negociaciones entre representantes de la Alianza Cívica y Daniel Ortega. Ya no se llama diálogo. Es importante que analicemos bien el punto de partida, para ayudarnos a vislumbrar hasta dónde se puede llegar”, afirmó.
Sáenz se pregunta por qué Ortega decidió retomar ahora las negociaciones. En su opinión, fue por una razón muy sencilla: porque Ortega se ha especializado “en negociar al borde del precipicio”. “De un lado, está el proceso de aplicación de la Carta Democrática, iniciado en el marco de la OEA; de otro lado, está la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea. Y también está la espada desenvainada de la Nica Act, con la amenaza de sanciones más fuertes por parte de Estados Unidos. Mientras, la crisis económica y social se agrava y Ortega no dispone de medios para contenerla”.
Además –agregó– está la situación de Venezuela: ”Ortega se está mirando en ese espejo y sabe, que una salida de Maduro, por la vía que sea, lo dejará a media calle, enclenque y con los focos de la comunidad internacional enfilados de frente”.
La oposición nicaragüense, tal como la venezolana, apuesta a la presión internacional para lograr su objetivo. Se trata, en particular, de los intereses norteamericanos que, desde siempre, han sido fundamentales en la historia de Nicaragua. Tanto que fueron el motivo para el alzamiento del general Sandino en los años 20, cuya exigencia, para abandonar las armas, era que las tropas norteamericanas abandonasen el país.
La revista Envío, de la universidad de los jesuitas en Managua, muy crítica del Gobierno, hizo un recuento de las presiones más recientes: “La llegada a Managua el 23 de enero de una misión de eurodiputados presididos por el socialista español Ramón Jaúregui y de dos importantes funcionarios del Departamento de Estado, Michael McKinley y Julie Chung, él principal asesor del Secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y ella Subsecretaria adjunta en el Departamento para Asuntos del Hemisferio Occidental, encargada ‘del mayor programa de extradición del Gobierno estadounidense en casos de paramilitares y narcotraficantes’, indicaba que ‘algo’ iba a suceder”.
Pocos días después, “el 13 de febrero, y a solicitud del régimen, llegó a Managua Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro”.
Crisis económica
Tres días después de la visita de Koncke a Managua, cinco de los principales empresarios del país –Carlos Pellas, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, Juan Bautista Sacasa, José Antonio Baltodano– se reunieron con Ortega. Venían a decirle que no se podía resolver la crisis económica por la que atravesaba el país sin una salida para la crisis política.
La Casa Blanca ha anunciado también nuevas medidas de presión económica a fin de mes, si no hay avances en el proceso de negociación.
Envío recuerda la posibilidad de que la OEA aplique a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana y expulse al país de ese organismo.
Para el canciller nicaragüense, Denis Moncada, el Secretario general de la OEA, Luis Almagro, “convocó al Consejo Permanente de este organismo con el fin ilegal e ilegítimo” de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
“El proceso de aplicación de la Carta inició el 11 de enero de 2019. De aprobarse, la Carta traería el corte de todo apoyo crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo, principal financiador de las inversiones públicas del Gobierno”, afirmó Envío. “Otras sanciones estaban ya listas de parte de la Unión Europea”, agregó.
“Aquí la economía está profundamente estancada”, dice Envío. “El presupuesto está desfinanciado, de la banca nacional se ha fugado el 30% de los depósitos ($1.500 millones), los bonos que ha puesto a la venta el Banco Central para aliviar la crisis financiera no los compra nadie, la inversión nacional e internacional está congelada”.
El 28 de enero el Gobierno envió una reforma fiscal y de la seguridad social, más drástica que la de abril del año pasado, que desató las protestas contra el Gobierno. No solo las condiciones económicas han empeorado desde entonces, sino que entre abril y diciembre del año pasado, el INSS perdió 142.760 cotizantes.
El Cosep, la principal organización empresarial del país, calificó la reforma como “confiscatoria”.
La económica es la debilidad mayor del Gobierno nicaragüense, cuya capacidad de resistencia a sanciones más drásticas podría ser mucho menor que la del Gobierno venezolano.
En una especie de empate político, la oposición nicaragüense no parece en condiciones de imponer sus exigencias al Gobierno. En ese escenario, una intervención política norteamericana podría ser solo una historia repetida que no ha permitido a Nicaragua volver a ser república.
