La policía en huelga, los bandidos en las calles y la gente encerrada en su casa. Así me describía un amigo desde Vitória, la capital del pequeño estado brasileño de Espírito Santo, la situación provocada por el paro de policías que desató el caos en la ciudad en los primeros días de febrero.
Un recuento preliminar hablaba de 146 asesinatos y decenas de asaltos, con el comercio y las escuelas cerradas. Mientras tanto, los policías permanecían en sus cuarteles, cuyas salidas habían sido cerradas por sus esposas, en una ingeniosa forma de protesta ideada para tratar de evitar caer en el delito de huelga, que les está prohibida a los policiales.
El pasado lunes 13 los comercios de Vitória reabrieron sus puertas y la ciudad comenzó a volver a la normalidad. Autobuses quemados y tiendas saqueadas recordaban el caos que durante diez días se apoderó de la ciudad, transformando Vitória en una “ciudad fantasma”, como afirmó el ministerio de Defensa.
El origen de la protesta fue la exigencia de un aumento de sueldo: el sueldo base de un policía en Espírito Santo es de 2.600 reales ($830), mientras que la media nacional llega a los 4.000 reales ($1.280).
En nota oficial, el presidente de Brasil, Michel Temer, advirtió contra una posible expansión del movimiento de protesta policial a otros estados y aseguró que el Gobierno actuaría con todo “rigor” para evitarlas, calificándolo de “comportamientos inaceptables”. El temor era que una protesta similar se extendiera a Rio de Janeiro, en vísperas del carnaval, la mayor fiesta popular del país.
Privatizar todo
Las protestas –decían medios internacionales– reflejan la gravedad de la crisis económica que sufre Brasil y los problemas financieros que ahogan a la mayoría de los estados del país, lo que ha obligado a retrasar el pago de salarios de funcionarios públicos y revisar derechos adquiridos, como pensiones.
Con la mayor base parlamentaria con que ha contado Gobierno alguno en Brasil, el Gobierno ha avanzado en todas las direcciones para contener el gasto público y adoptar medidas de estímulo al capital privado para reactivar la economía.
Para lo primero, el Gobierno logró la aprobación de un techo del gasto público que limita durante los próximos 20 años su aumento al monto de la inflación del año anterior. Los ya precarios servicios de salud, educación e infraestructura sufrirán las consecuencias de esta medida.
La nueva presidente del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), la economista Maria Silvia Marques, del conservador partido Demócrata, afirmó, en entrevista reciente, que quiere “invertir en capital humano”. Reconocida por su papel en anteriores procesos de privatización, Marques afirmó que la idea es financiar infraestructura, gestión y conectividad de la enseñanza media.
Pero se trata de apoyo a inversiones privadas. Nuestro gran mandato hoy, dijo Marques, “es la infraestructura”. En el pasado, agregó, cuando el banco promovía una privatización, cuando esta se llevaba a cabo se terminaba el proceso. Ahora se trata de concesiones de 15 a 30 años –recordó– “son actividades del sector público cedidas al sector privado” a las que el banco pretende dar seguimiento.
Este proceso, sin embargo, podría tomar tiempo. Como recordó el presidente de la Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financieros y de Capitales (Anbima), Robert van Dijk, en conferencia de prensa el 9 de febrero pasado, los desembolsos de recursos del BNDES cayeron un 35% el año pasado, llegando a su menor nivel desde 2007. El proceso de sustitución de los recursos del BNDES por el mercado “será largo”, aseguró, pese a los incentivos para promover inversiones privadas en infraestructura.
Entre esos incentivos está una reforma tributaria, que el Gobierno presentará al Congreso una vez que se aprueben reformas al seguro social y a las leyes laboristas.
El propio ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, reconoció que el debate sobre la reforma del seguro social será “muy intenso”. Según el ministro, la sociedad necesita entender la importancia de esa reforma, señalando que es más importante para el trabajador asegurar su pensión en el futuro, aunque la reciba tres o cinco años más tarde de lo que esperaba.
Para Meirelles es también importante una menor participación del Estado en la economía. “En la medida en que controlamos el gasto público, habrá mayor disponibilidad de recursos para el sector privado”, afirmó.
Con los estados enfrentando también enormes déficits fiscales –la rebelión de la policía en Espírito Santo fue un ejemplo de esto, pero la situación de Rio de Janeiro no es mejor– la privatización de la Compañía Estatal de Acueductos y Alcantarillados (Cedae), que presta servicios en 64 de los 92 municipios del estado de Rio de Janeiro, está en la mira del proceso privatizador.
“La privatización de la Cedae es fundamental para que Rio salga de la situación de calamidad en que está”, afirmó Meirelles la semana pasada. La venta de la empresa es condición para que el Gobierno federal aporte recursos al Estado, agregó.
Los partidarios de la privatización enfatizan lo que califican de “gestión ineficiente” de la empresa y citan el fracaso del programa de descontaminación de la baía de Guanabara o el buen resultado de un par de municipios que ya privatizaron los servicios de agua y alcantarillado. Se trata, en todo caso, de privatizar obras monumentales como la estación de tratamiento de agua del Guandú y la de bombeo de agua de Lameirão, de las mayores del mundo, instalaciones que, como denuncian los opositores al proyecto, se están entregando a precios ridículos. Pero denuncian también la pérdida de la capacidad de control de los servicios y el seguro aumento de los precios, como ha ocurrido en procesos de privatización recientes en Argentina o aquí mismo, en Costa Rica, con la concesión de carreteras.
En el pasado se argumentaba la necesidad de privatizar por el déficit de la empresa. ¿Cuál será ahora el argumento?, ya que, desde 2008, la empresa deja importantes ganancias para el Estado, se preguntan los opositores.
Proyecto antiguo
En realidad, el proyecto de privatizar lo que pudieran está en la base del movimiento que destituyó a la presidente Dilma Rousseff. Se trata del programa “Uma ponte para o futuro” que la Fundación Ulysses Guimarães, del PMDB (el partido del presidente Michel Temer), presentó a finales de octubre del 2015, unos seis meses antes de la destitución de Rousseff. Fue la no aceptación de este plan lo que llevó a la destitución de la presidente, dijeron entonces en medios del Congreso brasileño
Empeñado primero en pagar la deuda, el programa hablaba de un superávit primario que se pretende lograr con una drástica reducción del gasto público.
“Recrear un ambiente económico estimulante para el sector privado debe ser la orientación de una política correcta de crecimiento”, dice el programa del PMDB, que está aplicando rigurosamente el Gobierno Temer.
Jose Paul Kupfer, analista que publica en el conservador diario O Globo, escribió el 10 de febrero pasado un texto sobre el ajuste fiscal y sus consecuencias. “Privatizar estatales con criterio esta ok… Pero cargar el ajuste sobre las inversiones, inclusive en áreas que son responsabilidad esencial del Estado –salud, educación y seguridad– y ahogar a los empleados públicos, inclusive a los que trabajan en esas áreas esenciales, es otra cosa”, dijo Kupfer.
El ministro Meirelles estimó que no hace falta revisar la previsión de un crecimiento del 1% para la economía brasileña este año. El Banco Mundial (BM) estima, por el contrario, una caída de 0,5 a 1% del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado aún provisional del año pasado indica una caída de alrededor de 3,5% del PIB. Por lo menos 2,5 millones de brasileños pasarán a vivir en la pobreza este año, agrega el informe del BM. Pero la cifra podría ser de hasta 3,6 millones de “nuevos pobres”, dice el Banco.
