Berlín, Alemania
La policía alemana llevó a cabo este miércoles una serie de operativos contra miembros del movimiento ecologista “Última Generación” (“Letzte Generation”), responsable de controvertidas operaciones de desobediencia civil, criticadas esta semana por el jefe de gobierno Olaf Scholz
Policías “registraron quince lugares en todo el territorio”, a raíz de “sospechas de infracciones cometidas por miembros de Última Generación” en el marco de una investigación contra “siete miembros” del movimiento por “formación o apoyo a una organización criminal”, indicó este miércoles la fiscalía de Múnich, en el sur.
Las personas investigadas tienen entre 22 y 38 años, agregó la misma fuente.
Se las acusa de haber “hecho publicidad en internet” y haber “organizado colectas de fondos” por “1,4 millones de euros” (1,51 millones de dólares) para llevar a cabo acciones ilegales.
Dos miembros son sospechosos de haber “intentado sabotear en abril de 2022 el oleoducto Trieste-Ingolstadt”, que pasa por Baviera (sur) y considerado por las autoridades alemanas como una “infraestructura crítica”.
Se efectuaron allanamientos en “siete regiones” del país, incluyendo Berlín, Baviera y Hesse (centro), según la fiscalía.
“Se incautaron cuentas y activos”, precisó, subrayando que el procedimiento se inició a raíz de “numerosas denuncias penales presentadas por la población desde mediados de 2022”.
“Infierno climático”
En reacción, el movimiento ecologista convocó a los ciudadanos a participar en marchas de protestas este miércoles por la tarde.
“Nos causan miedo, pero no debemos ceder. El gobierno nos conduce con los ojos cerrados hacia un infierno climático y apoya sobre el acelerador”, justificó la vocera de “Última Generación”, Aimée van Baalen, durante una conferencia de prensa.
“Última Generación” es el grupo ecologista más activo en Alemania y ha llamado la atención en los últimos meses por acciones de desobediencia civil destinadas a incitar al gobierno a acelerar su lucha contra el cambio climático.
Entre sus acciones, se cuentan bloqueos de tráfico o la degradación de obras de arte en museo, que dieron lugar a la apertura de centenares de procedimientos judiciales por alteración del orden público.
Recientemente, el tribunal de Heilbronn (suroeste) condenó a tres activistas a penas de cinco, cuatro y tres meses de prisión efectiva, las sanciones más duras impuestas hasta ahora por este tipo de hechos.
El Ejecutivo alemán, al que los activistas acusan de no hacer lo suficiente para frenar el cambio climático, manifestó su rechazo ante este tipo de protestas.
“El Estado de derecho no se deja pisotear”, dijo la ministra del Interior, Nancy Faeser, en los diarios del grupo de prensa Funke.
El canciller Olaf Scholz comentó esta semana que le parecía “totalmente idiota pegarse a un cuadro o una carretera”, e incluso los Verdes, miembros de la coalición gubernamental, se mostraron en desacuerdo con esos métodos, considerando que no favorecen que la población se una para exigir medidas contra el calentamiento global.
“Al contrario, eso enfada a la gente, divide a la sociedad”, señaló el ministro de Economía y Clima, el ecologista Robert Habeck.
En los últimos meses se han registrado acciones similares en otras partes de Europa, como en Ginebra (Suiza), donde el martes decenas de activistas interrumpieron temporalmente el tráfico aéreo; o en Roma, donde unos manifestantes tiñeron de negro las aguas de la Fontana di Trevi
