Mundo Los Papeles de Panamá

Cuando los gobiernos pensaban que el escándalo se había apagado…

“Cuando el Gobierno argentino pensaba que el escándalo por los papeles de Panamá se había apagado, un fiscal ha pedido abrir una investigación

“Cuando el Gobierno argentino pensaba que el escándalo por los papeles de Panamá se había apagado, un fiscal ha pedido abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri, por posible ´omisión de datos en su declaración jurada´, un documento en el que los cargos públicos están obligados a informar de las propiedades y activos que poseen”.

Así informaba la prensa internacional sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con los “Papales de Panamá”, la enorme trama de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca hecha pública a principios de mes y que involucraba, en este caso, al presidente argentino, Mauricio Macri.

Según el fiscal Federico Delgado, Macri debería haber declarado una participación en el directorio de la firma Fleg Tranding Ltd., asentada en las islas Bahamas entre 1998 y 2009, y en la empresa Kagemusha S.A, sociedad radicada en Panamá en 1981.

Delgado pidió al juez Sebastián Casanello –el mismo juez que lleva el proceso por lavado de dinero contra un empresario enriquecido durante el gobierno de los Kirchner, Lázaro Báez–que abriera una causa contra el presidente. Si el magistrado lo acepta –no tiene plazo para tomar la decisión– Macri se verá en los tribunales a poco más de tres meses de haber asumido el cargo.

Para los medios argentinos, el “escándalo ha golpeado la imagen de Macri dentro y fuera del país, en especial porque cuestiona el discurso de transparencia sostenido por el mandatario”.

Macri afirmó, en un comunicado oficial, que su participación en Fleg Trading Ltd., era una empresa creada en 1998 por su padre, para hacer negocios en Brasil, en la que no tenía acciones. Fue una “operación legal sin nada extraño”, aseguró.

Colombia, Panamá, Perú y El Salvador

Las ramificaciones de las revelaciones se extienden por toda América Latina. La revista colombiana Dinero se explayó sobre las dimensiones del fraude fiscal en ese país.

“La lista de Mossack-Fonseca incluye a 850 colombianos, varios de ellos funcionarios públicos, congresistas y exministros de Estado, así como conocidos empresarios. Además, se reveló que 77 firmas colombianas de abogados habían trabajado directamente con Mossack-Fonseca”, dice la revista que cita, además, a Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien estima que “los colombianos tienen escondidos por fuera unos cien mil millones de dólares”.

Con un cambio en la legislación colombiana, que impuso una retención en la fuente de 33% sobre los recursos desviados a los paraísos fiscales, el hecho de que Colombia haya incluido a Panamá en esa lista el 7 de octubre del 2014 provocó reacciones entre empresarios colombianos, que se sintieron afectados.

“Varios empresarios colombianos pusieron el grito en el cielo, ya que Panamá se ha convertido en una plataforma financiera y de negocios muy importante para ellos, especialmente para su expansión en América Central”, dijo la revista.

El presidente Juan Manuel Santos volvió a retirar a Panamá de esa lista, argumentando el inicio de negociaciones sobre transparencia de los depósitos en ese país, negociaciones que luego volvieron a estancarse.

Lo cierto es que los números globales que se manejan en torno a esos depósitos son difíciles de imaginar.

Según el economista norteamericano Gabriel Zucman, citado por el periódico británico The Guardian, unos 7,6 billones (millones de millones) de dólares, cerca de 8% de la riqueza mundial, están refugiados en paraísos fiscales. Zucman estimó que las pérdidas en ingresos fiscales alcanzan, por esa causa, unos 200 mil millones de dólares anuales, de los cuales 35 mil millones en Estados Unidos y otros 78 mil millones en Europa.

Investigaciones se extienden

Las investigaciones se extendieron la semana pasada también a Perú, donde agentes de la policía fiscal allanaron el bufete de Mónica Ycaza Clerc, representante de Mossack Fonseca en el país.

El viernes 8, las autoridades hicieron lo mismo en El Salvador. En la oficina de los representantes de Mossack Fonseca, ubicada en la Colonia Escalón, el logo de la empresa había desaparecido.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, manifestó su sorpresa ante la afirmación de un empleado de que estaban cambiándose de oficina y estimó que eso debía ser investigado.

Las autoridades incautaron documentos y computadoras, aunque señalaron que no necesariamente todas las compañías creadas en paraísos fiscales eran corruptas.

Quizás la principal fuente de información, sin embargo, esté en la sede de Mosasck Fonseca, en Panamá. Sus oficinas también fueron allanadas en busca de documentación que pusiera en evidencia el “posible uso de la firma para actividades ilegales”, luego que el fiscal Javier Caravallo, especializado en crimen organizado y lavado de dinero, ordenara la intervención.

La Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos de Panamá buscaban también indicios de delitos financieros en la oficina de gestión de bienes de Mossack y Fonseca –Mossfon Asset Management S.A. (Mamsa)– y la Fiduciaria Mossfon S.A.

Después de 40 años de operar de forma discreta, la filtración de más de 11 millones de sus documentos puso la lupa sobre el funcionamiento de la empresa, que reaccionó asegurando que “estamos en contra de los que cometen crímenes y estamos dispuestos a cooperar con las autoridades”.

Las evidencias sobre la forma de operación de la empresa, en todo caso, relatadas en detalle por The Guardian, dejan poco margen para fundamentar la afirmación con que Mossack Fonseca justifica su desempeño.

En Europa

Fechado el 8 de abril, The Guardian expone en un largo artículo las repercusiones de los Papeles de Panamá en Inglaterra.

“En junio del 2013 dos abogados suizos tuvieron una conversación telefónica privada. Estaban molestos. En Londres, David Cameron acababa de pronunciar un discurso. El primer ministro había prometido acabar con décadas de secretos en paraísos fiscales”. Cualquiera que tuviera una compañía offshore tendría que declararla ante las autoridades.

“Durante gran parte del siglo XX esconder tu dinero era simple. Contratabas un abogado, llenabas un formulario y creabas una cuenta bancaria en Suiza o una compañía fantasma en un paraíso fiscal. Nadie hacía preguntas”, dice The Guardian.

Los problemas comenzaron cuando Estados Unidos obligó a Suiza a revelar los propietarios norteamericanos de cuentas bancarias en el país y la Unión Europea estableció mayores controles, para tratar de evitar la evasión fiscal. Los depósitos empezaron a moverse hacia otros paraísos fiscales, más opacos.

“El problema para el gobierno británico es que el país se beneficia del dinero negro”, dice el periódico. Los bancos estaban haciendo eso a “escala industrial”, asegura.

HSBC usó Mossack Fonseca para crear cerca de dos mil empresas en paraísos fiscales; Coutts creó 500 y Barclays, 300, la mayor parte después del 2005, cuando entró en vigencia el mayor control sobre los depósitos.

Si un ciudadano inglés recibía dividendos en una cuenta bancaria en Suiza, el gobierno suizo estaba obligado a informarlo automáticamente a la hacienda británica. Una buena idea, pero fácil de evitar, afirma The Guardian. ¿Cómo? Creando un empresa anónima en un paraíso fiscal.

“Y eso fue exactamente lo que alguna gente hizo”, con empresas creadas por bufetes como Mossack Fonseca.

Las consecuencias en Inglaterra pueden ir más allá del simple escándalo fiscal, señala la corresponsal del diario argentino La Nación en París, quien escribió:

“Mientras sus adversarios ganan posiciones, el tsunami político de los Panamá Papers debilita cada vez más al primer ministro británico, David Cameron, como líder de la campaña contra la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que debe decidirse en el referéndum del 23 de junio próximo”.

La otra víctima del escándalo, la semana pasada, fue el ministro español de Industria, José Manuel Soria, que se vio obligado a presentar su renuncia al cargo, así como a su acta de diputado del conservador Partido Popular, al aparecer vinculado a sociedades en paraísos fiscales.

“Las informaciones reveladas en torno a Soria pusieron contra las cuerdas a Mariano Rajoy, ya cuestionado dentro y fuera de su formación por los casos de corrupción que la salpican”.

Pero el escándalo parece todavía muy lejos de haber tocado fondo.

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