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COVID-19 en la Amazonía peruana: la lucha de los pueblos indígenas por sobrevivir

América Latina ha tenido algunas de las tasas más altas del mundo en contagios y muertes por COVID-19, pero la pandemia ha sido especialmente devastadora entre las comunidades indígenas amazónicas.

Cuando el COVID-19 empezó a sentirse en el Perú, en marzo de 2020, golpeó primero la ciudad de Lima, ubicada en la costa. Aparentemente, la enfermedad estaba lejos de la Amazonía, una región donde hay muchas comunidades indígenas que viven en zonas de difícil acceso, con graves carencias de servicios públicos.

Sin embargo, aun en la capital, el virus afectó rápidamente a una comunidad amazónica: el barrio de Cantagallo. Se trata de un asentamiento con casas precarias, sin servicios de agua y saneamiento, habitado principalmente por migrantes shipibo konibo, de la región amazónica de Ucayali.

Muchos son artesanos y sus ingresos dependen de lo que pueden vender por día, por lo que cuando se declaró la cuarentena, el 15 de marzo de 2020, les fue difícil solventar sus gastos. Al reportarse la primera muerte, la policía estableció un cordón alrededor del barrio, lo que dificultó más el acceso a agua, alimentos y servicios de salud.

Las noticias sobre personas fallecidas por COVID-19 en Cantagallo llegaron rápidamente a la ciudad amazónica de Pucallpa, capital de Ucayali, al otro lado de los Andes. Allí hay una población shipibo konibo, relativamente grande, en la zona urbana y en las comunidades ribereñas.

A pesar de que aún no había llegado el virus a Pucallpa, Shimpukat Soria, un artista shipibo conocido por su nombre artístico, Shimpu, escuchó que un colega artista en Cantagallo había caído enfermo y había muerto. Sabiendo que la gente allí ya estaba en cuarentena, sin posibilidad de salir a buscar remedios, se puso en movimiento.

Él y otros jóvenes shipibo de Pucallpa recolectaron hojas de un arbusto conocido como matico, usado desde antaño por su pueblo para tratar heridas y reducir inflamaciones. Enviaron un cargamento hasta Cantagallo, el cual para ese entonces estaba en confinamiento, pues los contagios se habían extendido.

“Era una forma de salvación, de sanación”, recuerda Shimpukat, miembro de una de las comunidades amazónicas que dependen en gran medida de la medicina tradicional.

Afectación

Al 14 de diciembre se habían reportado más de 73.000 casos entre los pueblos indígenas de las regiones amazónicas de los nueve países que comparten la cuenca, y más de 2100 habían muerto, según informes recopilados por la Iglesia Católica y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), un grupo paraguas de organizaciones indígenas amazónicas.

El número real probablemente sea mayor, porque muchos casos y muertes no se reportan, señala Gregorio Díaz, uno de los coordinadores de la COICA. De hecho, los pueblos indígenas son, en gran parte, invisibles en las estadísticas nacionales. Solo bien avanzada la primera ola de la pandemia, bajo presión de organizaciones indígenas y antropólogos, las autoridades de salud peruanas comenzaron a tomar nota del origen étnico de los pacientes con COVID-19.

Para los pueblos indígenas, la pérdida es grande. El virus, que tiende a ser más letal en personas mayores de 50 años, amenaza con cobrarse un precio desproporcionado entre los ancianos indígenas.

En el puerto de Nauta, sobre el río Marañón, a 100 kilómetros de Iquitos al final de la única carretera pavimentada de la región Loreto, Ilda Ahuanari murió el 10 de mayo a sus 78 años. Ahuanari, una mujer kukama, ayudó a revivir el interés por el idioma kukama en Nauta y pueblos vecinos, donde la generación siguiente a la suya había dejado de usarlo. Participaba con regularidad en un programa matutino en idioma kukama en Radio Ucamara de Nauta, y enseñaba su idioma a los niños a través de canciones, juegos y clases al aire libre en la Escuela Ikuari de la emisora radial.

Shimpukat cree que la única forma de lidiar con el coronavirus en las comunidades indígenas es combinar las prácticas tradicionales con la medicina occidental. Los expertos en salud, incluidos los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) están de acuerdo, pero la idea ha tardado en afianzarse.

Encierro, economía y hospitales

El COVID-19 tomó al Perú desprevenido, pero el Gobierno reaccionó rápido y de manera drástica. El primer caso confirmado se reportó el 6 de marzo de 2020 y pocos días después, el 15 del mismo mes, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció un confinamiento total, el cual encerraba a todos los trabajadores, menos los esenciales, en sus hogares.

La medida, que inicialmente debía durar dos semanas, se prolongó hasta finales de junio, y así ganar tiempo para que el país aumentase el número de camas en las unidades de cuidados intensivos —apenas 200 en todo el país cuando se desató la pandemia— antes que resultaran insuficientes.

Pero el confinamiento tuvo consecuencias no deseadas. Alrededor del 70% de los trabajadores peruanos se ocupan en la economía informal, y a menudo al día ganan solo lo suficiente para satisfacer las necesidades de ese día. Cuando se agotaron sus escasos ahorros, y la ayuda del Gobierno tardó en llegar, se vieron obligados a salir a buscar trabajo, violando las normas de confinamiento, para poder alimentar a sus familias.

Tal fue el caso de Iquitos, la ciudad amazónica más grande del Perú y el área urbana más grande de la Amazonía que no es accesible por carretera. En el momento en que el Gobierno declaró el confinamiento nacional, probablemente el coronavirus ya se estaba propagando silenciosamente a través de los atestados barrios marginales adyacentes a los puertos y alrededor de los límites de la ciudad.

El primer caso se reportó el 17 de marzo y la primera muerte el 30 de ese mes. La Dirección Regional de Salud fue sorprendida sin preparación y se apresuró a organizarse, por ello reservó el hospital público regional especialmente para los pacientes con COVID-19. Sin embargo, ese hospital y otros centros de salud tenían poco personal, incluso antes de la pandemia, por ende, la región pronto comenzó a operar con aproximadamente la mitad del número habitual de médicos.

Algunos salieron de permiso porque estaban en grupos de alto riesgo, otros enfermaron o fueron puestos en cuarentena. De los 239 médicos fallecidos por COVID-19 en el Perú, 23 eran de Loreto.

En unas cuantas semanas, el hospital estaba sobrepasado. Los pasillos y las salas de espera se convirtieron en pabellones improvisados. Cuando no quedaron camas, los pacientes yacían en colchonetas en el suelo, cada uno sujeto por un tubo flexible a un cilindro de oxígeno.

Luego, Iquitos se quedó sin oxígeno. La planta generadora de oxígeno del hospital estaba operativa sólo en parte cuando sobrevino la pandemia y la demanda superó rápidamente su capacidad. Los familiares estaban desesperados porque los pacientes en estado crítico hacían cola durante horas frente a las dos plantas generadoras privadas de la ciudad.

El Comando Matico nació como una respuesta a la escasa atención de salud dirigida a los indígenas durante la pandemia. Abogan por ser reconocidos como médicos tradicionales para así continuar su labor.

Fiel a la ley de la oferta y la demanda, el precio de un cilindro de oxígeno que habría costado unos $150 en enero, se había disparado a $1.000 en mayo. Las medicinas esenciales, también escasas, se volvieron prohibitivas para los familiares cuyos ingresos se habían evaporado. Los pacientes morían por falta de oxígeno. Otros, negándose a ir al hospital, donde serían separados de sus familias y podrían morir de todos modos, morían en casa.

Extrañamente, el recuento oficial de casos aumentaba poco y el número de muertes se mantuvo estable durante días en torno a 90. No obstante, esas cifras eran una ilusión. Por una parte, el bajo recuento de casos se debió a la falta de kits de prueba: sólo se contabilizaban oficialmente los casos que daban positivo y, siendo los kits escasos y el tiempo precioso, los médicos trataban a cualquier persona con síntomas como si fuera paciente de COVID-19, hubiese sido sometido a la prueba o no.

El bajo número de muertes tenía otra explicación aún más sombría: todos menos uno de los miembros de la Unidad de Epidemiología del hospital estaban enfermos con el virus, así que no había personal para actualizar los registros. Era un infectólogo, Luis Espinoza, quien dedicaba un poco de tiempo a poner al día la base de datos lo mejor que podía, dado el anticuado sistema, en parte manual. Para mediados de mayo, tenía un gráfico alarmante que mostraba que el número de muertes era nueve veces el recuento oficial.

Ahora la cifra oficial es casi 1.000, pero sigue siendo un subregistro, según Carlos Calampa, quien preside la Dirección Regional de Salud de Loreto. Su oficina ha registrado 2.456, pero estima que la cifra real serían unos 3.500.

El Comando Matico cuenta con un albergue, en el cual atienden a los indígenas que no tienen acceso a hospitales o no quieren ingresar a estos. (Foto: Sebastián Castañeda / PxP).

Acción indígena

Dejados a su suerte, los indígenas se organizaron. En algunas comunidades, las familias abandonaron sus hogares y se adentraron en el bosque, construyeron refugios en los cuales esperaban remontar la pandemia con alimentos que cazaban, pescaban o cultivaban en pequeños huertos. Otras comunidades intentaron cerrarse a la gente de fuera, pero eso resultó difícil, a medida que los familiares que habían emigrado a las ciudades buscaban regresar a casa cuando el dinero y la comida escasearon.

La pandemia tardó más en llegar a Pucallpa, a pesar de que la ciudad tiene un enlace terrestre con la costa peruana densamente poblada. Las autoridades no emplearon ese tiempo para aprender de la experiencia de Iquitos y prepararse para una ola de pacientes, y el hospital de Pucallpa pronto también se vio sobrepasado.

Debido a que muchos indígenas se mostraban reacios a ir al hospital, Shimpukat y los otros jóvenes que habían enviado hojas de matico a Cantagallo se organizaron. Denominándose el Comando Matico, comenzaron a promover remedios tradicionales, no sólo hojas de matico, sino también jengibre, cebolla, ajo y eucalipto, entre quienes luchaban contra la enfermedad en casa. Una parroquia católica les prestó un espacio para montar un refugio para pacientes que no querían ir al hospital, pero cuyas familias no podían cuidarlos en casa.

“Rompimos el protocolo”, dice Shimpukat. “Hemos tenido contacto con las personas. Hemos utilizado vaporización, masajes corporales, conversado con el paciente. Hemos sido psicólogos también, [para] dar ánimo.”

Los miembros del Comando, que ahora son 12, incluido un chamán, usan una combinación de medicina tradicional y medicina occidental, con énfasis en el tratamiento de los síntomas en un esfuerzo por evitar que las personas se enfermen tanto que necesiten ser hospitalizadas.

Esto no se incluía en los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, a pesar de que eran traducidos a los idiomas indígenas, sostiene Shimpukat. Decirle a la gente que se quede en casa, cuando la mayoría de las actividades en las comunidades indígenas se llevan a cabo al aire libre, enfatizar el lavado de manos cuando se carecen de fuentes de agua potable, y centrarse en la hospitalización en lugar de aconsejar a las personas sobre cómo tratar los síntomas y tranquilizarlos fueron medidas contraproducentes, añade.

Luis Gutiérrez Alberoni, pediatra especializado en salud intercultural, quien ha trabajado en salud intercultural con la OPS y ahora es consultor en el Perú, es del mismo parecer. “La medicina tradicional no es una pastilla”, dice. “Es una forma de tratarse integralmente, donde las hierbas son un elemento más de la cosmovisión.” Incluso en ciudades como Iquitos y Pucallpa, los indígenas buscan primero la medicina tradicional, y consideran que la medicina occidental es complementaria, añade Gutiérrez.

En su opinión, cerrar la brecha entre las dos requiere diálogo. Los profesionales de la medicina occidental y las autoridades de salud, en particular, deben escuchar a los curanderos y miembros de las comunidades indígenas y aprender de ellos a fin de cerrar la brecha entre los dos estilos de atención en salud.

Shimpukat quisiera que la Dirección de Salud en la región Ucayali, de la cual Pucallpa es la capital, reconozca los esfuerzos del Comando Matico y le brinde asistencia y alguna remuneración.

Después de la primera ola de la pandemia, el albergue del Comando Matico en Pucallpa estuvo vacío por un tiempo. Sin embargo, para mediados de diciembre, estaba nuevamente con pacientes, lo que para Shumpukat podía presagiar una segunda ola de infecciones.

Segunda ola

Desde enero de 2021, el número de contagios en el Perú ha aumentado vertiginosamente, en seis semanas se llegó al pico de muertes que se registraba en agosto del año pasado.

Las cifras en la selva reflejan esta realidad. En Loreto, la incidencia de casos de COVID-19 subió de 6 a 60 por 100.000 habitantes en el mes de enero y, nuevamente, hay desesperación por la escasez de oxígeno medicinal. En Ucayali, la incidencia aumentó de 18 a 67 por 100.000 en el mismo tiempo. En las dos regiones, las unidades de cuidados intensivos están casi a su máxima capacidad.

“Lo que buscamos [en Pucallpa] es un apoyo, que [el Comando Matico] sea parte fundamental de la Dirección Regional de Salud, y que nos incluyan como médicos tradicionales para continuar nuestro trabajo”, dice Shipukat.

Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Licencia Creative Commons con mención del/los autor/es y la fuente (PxP).

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