Batalla judicial en torno a decisión de expulsar la misión internacional

Corte suspende el cierre de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala

El lunes el gobierno de forma unilateral puso fin al acuerdo sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores que defienden o repudian la acción.

La máxima instancia judicial de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió este miércoles el cierre unilateral por parte del presidente Jimmy Morales de la misión anticorrupción de la ONU, que lo investiga por financiamiento ilegal electoral en 2015.

 

La CC dejó sin efecto la decisión presidencial al otorgar un amparo provisional ante ocho acciones promovidas por personas e instituciones para revertir el fin de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, según indica la resolución divulgada a la prensa.

 

Al aceptar los recursos legales se deja “en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala, de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala” relativo al establecimiento de la Cicig, indica el fallo.

 

El lunes, el gobierno de forma unilateral puso fin al acuerdo sobre la Cicig, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores que defienden o repudian la acción. El mandato de la misma debía extenderse hasta el 3 de setiembre de este año.

 

Asimismo, la Corte exhorta a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo a que faciliten el debido funcionamiento de la Comisión internacional.

 

El fallo fue aprobado por cuatro de los cinco magistrados de la CC, pues la presidenta del organismo, Dina Ochoa, presentó voto razonado disidente.

 

Entre las organizaciones que presentaron las acciones legales que dieron pie al amparo figura la Procuraduría de Derechos Humanos (ombusdman) y Acción Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional.

 

La decisión de Morales de poner fin al mandato de la Cicig ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, representante del organismo. Osorio fue admitido amparado por una orden de la justicia.

 

Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero, y se agravó en 2017, cuando el propio presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial que ganó en 2015.

– Batalla judicial –

El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.

 

El ombudsman local, Jordán Rodas, consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.

Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó igualmente en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.

Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.

En una primera consecuencia del anuncio, la misión internacional activó este martes un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país “hasta nuevo aviso”, dijo a periodistas el vocero de la Cicig, Matías Ponce.

Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, rechazó categóricamente la decisión del gobierno de cesar el acuerdo de la Cicig, e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.

Varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra el cierre de la Cicig.

Este martes, Estados Unidos pidió a los guatemaltecos evitar la violencia ante la crisis política desatada.

“Instamos a todos (los guatemaltecos) a preservar la paz y evitar la violencia” por la situación que atraviesa la nación, señaló en un comunicado la embajada del país norteamericano antes de remarcar su preocupación por “el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala”.

En otro comunicado, el G13, que agrupa a países, agencias y organismos cooperantes, expresó su preocupación por el cese de la Cicig.

El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega, Holanda y organismos como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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