“Mi nombre es Marco Antônio Lima, tengo 38 años. Soy un exesclavo de la hacienda Brasil Verde”, expresa, en un video corto que se puede ver en YouTube, el ciudadano brasileño que llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) –con sede en Costa Rica−, en donde la semana pasada se celebró una audiencia.
“Tengo 38 años, soy un exesclavo de la hacienda Brasil Verde y estoy aquí para pedir a la Corte que nos ayude. Voy a dar mi testimonio”, agrega Lima en su relato.
“Nosotros fuimos un grupo de esclavos en la hacienda Brasil Verde. Llegó un hombre de Pará –del estado brasileño de Pará, a unos 700 kilómetros de donde vivía Marco Antônio– prometiendo buenas condiciones de trabajo para nosotros y nos fuimos. Llegamos y no era lo que nos prometió. Fuimos echados en un galpón y comenzamos a ser vigilados. Teníamos que trabajar, hiciera sol o lluvia; estuviéramos buenos o enfermos teníamos que trabajar. No había nada que hacer. Unos enfermos, con fiebre, había que trabajar. Pasamos mucha hambre y solo quien vivió eso sabe lo que está pasando. Esto no puede quedar impune, es deshumano lo que hicieron con nosotros”.
Así termina el breve relato al que se le dio seguimiento esta semana en la CIDH, donde fue presentada una demanda contra el Estado brasileño, acusado de negligencia para atender denuncias sobre trabajo esclavo, en este caso en la hacienda Brasil Verde. En la audiencia, llevada a cabo el 18 y 19 de este mes en San José, las partes presentaron sus alegatos.
Trabajo esclavo
El trabajo esclavo se da en un contexto de violencia en el campo, de conflicto por la tierra en Brasil, dijo a UNIVERSIDAD Beatriz Affonso, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Brasil. “Son los hacendados los que ponen en práctica esa forma de trabajo”, reprochó ella.
Los trabajadores eran contratados en otros estados. En este caso, en Piauí, a casi 700 km de distancia de la hacienda, uno de los estados más pobres de Brasil. Era gente sin educación, analfabetos, sin otras opciones de trabajo, a los que les ofrecían buenas condiciones, dinero para sus familias y transporte hasta Pará. Cuando llegaban estaban endeudados y ninguna de las promesas se cumplía, explicó Affonso.
“Los trabajadores no tenían baño, agua potable, vivían en el campo abierto. Los empleados de la hacienda, armados, hacían la ronda. Las personas sufrían amenazas y castigos. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas y la vivienda indigna”, lamentó el Cejil.
En 1988, desaparecieron dos adolescentes que trabajaban en la hacienda: Iron Canuto y Luis Ferreira; pero, según el Cejil, las autoridades no actuaron para esclarecer lo ocurrido o sancionar a los responsables.
Contra esta hacienda, en doce años hubo diez denuncias. En seis ocasiones, entre 1989 y 2000, las autoridades estatales la visitaron luego de denuncias sobre la existencia de trabajo esclavo. Cerca de 340 trabajadores fueron rescatados en diferentes ocasiones. La última fue en 1997 y terminó archivada, pero nunca hubo denuncia criminal, explicó Affonso.
Pastoral de la Tierra
El Cejil trabaja en estas investigaciones con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de la Conferencia Episcopal de Brasil.
Xavier Plassat, representante de la CPT, quien también estuvo en San José, destacó que “este caso ocurrió en años de transición, en que la política brasileña estaba todavía balbuceante en estos temas. Fue a partir del (año) 95 que el Estado brasileño decidió combatir este problema”, afirmó.
“Por eso es grave constatar que a partir de ese periodo hubo una serie de omisiones, de incoherencias en las misiones de inspección. Los fiscales ya constataban la existencia de muchas formas de aprisionar a las personas, aislándolas, tratándolas de forma degradante, peor que a un animal. Tenían que pagar por sus herramientas de trabajo, no tenían protección contra los riesgos del trabajo, lo que configura modernamente condiciones degradantes”, agregó.
“Hay una ruta del trabajo esclavo –aseguró Plassat–. Reclutan a los trabajadores a centenares de kilómetros de distancia del lugar de trabajo y arman un sistema que se sustenta en tres pilares: la miseria de un pueblo que no encuentra alternativa de sobrevivencia en su lugar de residencia; la ambición, la búsqueda de mano de obra a costo cero; y, finalmente, la impunidad”.
“No tenemos una idea de la dimensión del problema en la actualidad en Brasil. Se pensaba que la mayoría de los casos estaban en La Amazonia, pero luego se ha ido descubriendo casos en el sur, en la construcción, en la industria. La CPT estima que unos 25.000 trabajadores entran anualmente en el esquema del trabajo esclavo en La Amazonia, pero son trabajos temporales. Nadie sabe cuántos hay hoy, y el trabajador vuelve varias veces a esa situación de esclavitud”, añadió.
Plassat asegura que 50.000 trabajadores fueron rescatados desde 1995, pero que la lucha contra el trabajo esclavo está en retroceso en Brasil, bajo presión de la llamada “bancada ruralista”, conformada en el Congreso por parlamentarios que son, a su vez, grandes hacendados. Su representante, Katia Abreu, fue nombrada ministra de Agricultura por la presidente Dilma Rousseff en esta segunda administración.
Perito
El perito encargado de estudiar el caso por parte de la Comisión, el jurista colombiano César Rodríguez Garavito, se refirió a la discusión sobre el concepto de “trabajo esclavo” en la actualidad; habló de servidumbre por deudas, de la firma de pagarés en blanco, de salarios inexistentes o ínfimos y de trabajo forzoso. Comentó sobre las visitas de inspección que realizaban las autoridades brasileñas a la hacienda; sin embargo, señaló también que les había llamado la atención los lapsos distantes entre una inspección y otra, ya que, en algunas, se encontraron fallas laborales que consideró “violaciones graves de derechos humanos”.
Rodríguez destacó la falta de identificación de los trabajadores que se encontraban en los lugares de inspección, pues los informes de las autoridades brasileñas mencionan decenas, o cientos de personas, pero no las identifica. Demandó mayor previsión, más investigación y reparación de los daños a los trabajadores, así como medidas para intentar romper el ciclo de pobreza que da origen al trabajo forzado y a la esclavitud.
Lamentó, además, la falta de medidas para el rescate de quienes pudieran estar sometidos a ese régimen, considerado como de esclavitud. “No vi en ninguna parte del informe de la Comisión medidas para rescatar a las personas afectadas”, aseveró.
Por su parte, el gobierno brasileño reconoce que ha habido violaciones a la legislación laboral, pero que desde que el país reconoció la jurisdicción de la Corte, en diciembre de 1998, no hay pruebas de que se dé el caso de servidumbre, o de trabajo esclavo, en esta hacienda.
“El Estado no cuestiona el abordaje general. Reconoce que hay trabajo esclavo en Brasil, pero también es reconocido que Brasil es un ejemplo internacional en su combate”, alegó Boni Soares, director del Departamento Internacional de la Procuraduría General de la Unión, quien representó el Estado ante la Corte.
Después de 1998, la única inspección realizada en la hacienda Brasil Verde −que debe ser considerada por la Corte en este caso− fue la del 2000, argumentó.
Soares detalló que se encontró alojamientos sin energía eléctrica, sin camas ni armarios, que no había entrenamiento para primeros auxilios; no obstante, no hubo constatación de violencia física ni se encontró vigilancia armada, aunque se buscó.
Presentados los alegatos, la Corte deberá emitir su fallo en el segundo semestre de este año, el cual “puede servir para crear estándares para el continente y estimular a Brasil para que desarrolle políticas públicas para enfrentar el problema del trabajo esclavo”, expuso Beatriz Affonso.
