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Corte IDH resolverá consulta sobre obligación de Estados en favor de la libertad sindical

La Comisión Interamericana estima que los sindicatos fuertes tienen un papel importante en el establecimiento de políticas redistributivas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preocupada por violaciones a la libertad sindical, al derecho de huelga y de negociaciones colectivas, por los asesinatos de dirigentes sindicales en la región, solicitó a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en estas materias, de acuerdo con las normas de los tratados internacionales vigentes.

La audiencia se celebró esta semana en la sede de la Corte, en San José, en la que intervinieron representantes de diversos países y de organizaciones sindicales de la región.

Cada representante hizo su exposición sobre estos temas, sobre los que luego se pronunciará la Corte, determinando las obligaciones que tienen los Estados en cuanto a la protección de la libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga. En esta ocasión es la primera vez que la Corte tratará también la participación que tienen las mujeres en las organizaciones sindicales y las posibilidades de asumir liderazgos.

Retrocesos

Se trata de una convocatoria que se da en el marco de un retroceso de libertades sindicales en la región. Es necesario fortalecer la libertad sindical, pues esta pandemia “va a causar una extensión de la pobreza y la participación de los sindicatos puede ser decisiva para corregir la desigualdad”, estimó el abogado laboralista, Manuel Hernández, en declaraciones a UNIVERSIDAD. Hernández presentó el lunes, ante la Corte, su alegato, en representación de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Undeca.

En el documento presentado por la CIDH a la Corte ya se señalaba que “la libertad sindical es de suma importancia para que los intereses colectivos sean defendidos de forma adecuada”, del mismo modo en que “los sindicatos fuertes tienen un papel importante en el establecimiento de políticas redistributivas”.

Pero, al mismo tiempo, destacaba su preocupación por la baja tasa de sindicalización en el continente, donde apenas cuatro países tienen más de 20% de los trabajadores afiliados a sindicatos: Bolivia (39,1%), Canadá (28,4%), Uruguay (30,1%)y Argentina (27,7%).

Un Informe del Economic Policy Institute (EPI) –citado por la CIDH– afirma que la caída en las tasas de sindicalización desde los años 1970 “alimentaron el crecimiento de la inequidad y obstaculizaron el progreso económico de la clase media en los Estados Unidos”, destacando que la existencia de sindicatos tiene un fuerte efecto en la mejoría de los salarios de los trabajadores.

Prácticas antisindicales

En el continente americano, dice la CIDH, hay una gran cantidad de datos que comprueban la existencia de prácticas antisindicales extendidas, tanto por parte de empleadores privados como por los propios Estados.

La Comisión ha observado, además, “que el acceso de las mujeres a mayores oportunidades educativas y a capacitación no se ha traducido en un acceso igualitario al empleo, en promociones laborales y en puestos de dirección o de mayor jerarquía, y en una igual remuneración en el empleo por igual valor”.

Destaca también que “la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido de forma continua en América Latina y Caribe” y que, en 2017 representó, por primera vez, más de la mitad de la fuerza de trabajo (50,2%). Aunque ese mismo año la tasa de desempleo de las mujeres en América Latina fue de 10,4%, mientras la tasa de desocupación de los hombres fue de 7,6%.

En su intervención ante la Corte, Hernández señaló que “históricamente en el continente ha prevalecido una sistemática y creciente infracción de la libertad sindical”, incluyendo “la libertad de constituir sindicatos, el derecho de negociación colectiva y de huelga”, como lo demuestran las denuncias presentadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No es aventurado afirmar que, desde hace muchas décadas, sufrimos una pandemia antisindical, muy fuerte en la década del 90, intensificada en la última década, resultado de las exigencias de los organismos financieros internacionales”.

Costa Rica no es la excepción

Costa Rica no es la excepción, agregó. Pese a que existe legislación reciente que tutela la libertad sindical, en la práctica ha sido poco efectiva, dijo Hernández, donde especialmente en el sector privado prevalece la represión contra los trabajadores. Citó como ejemplo la hostilidad antisindical en las plantaciones piñeras y otras empresas agrícolas, con una considerable presencia de trabajadores migrantes, donde se trabaja “en las peores condiciones de explotación”, como ha dejado en evidencia la pandemia del COVID-19. Del mismo modo rigen en la práctica “sustanciales restricciones a la negociación colectiva” y al derecho de huelga.

Hernández denunció también la reciente promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que coarta “sustancialmente la negociación de los salarios del sector público, con la finalidad de imponer estrictos ajustes fiscales” que, a su vez, están causando “un serio estancamiento salarial”.

La actual crisis económica y fiscal, agravada por la pandemia, ha dado pie a la promoción de políticas de austeridad que incluyen la privatización de empresas públicas, promovidas por instituciones como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que Costa Rica está a punto de ingresar.

En la misma lógica, agregó, se enmarca la reforma sobre derecho de huelga aprobada en enero por la Asamblea Legislativa “una auténtica contrarreforma laboral” que, por un lado, “establece requisitos desproporcionados que obstaculizan o limitan el ejercicio del derecho de huelga” y, por otro, “generaliza la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales”.

Desigualdades

El COVID-19 ha puesto en evidencia la condición de extrema vulnerabilidad de muchas personas y causará en el subcontinente mayor pobreza, más desempleo, un aumento del sector informal y de la deuda, y profundizará la desigualdad estructural, afectando más a la juventud y a las mujeres trabajadoras, dijo Hernández en su presentación.

Según la Cepal, agregó, “Costa Rica sufrirá un deterioro en el indicador de distribución de la riqueza, con una variación entre el 3% y el 3,9%; por cierto uno de los países del mundo donde más ha crecido la desigualdad”.

Ante esta realidad sostuvo que “la libertad sindical es la mejor vacuna para contener la precarización de las condiciones de trabajo y  la recuperación del empleo decente”.

“La negociación colectiva es una herramienta esencial para combatir la desigualdad del mercado laboral, y la huelga, un instrumento indispensable para defender las conquistas alcanzadas, que ya se sienten tan amenazadas por los nuevos brotes regresivos y autoritarios que se respiran en el continente”.

Agregó: –Los sindicatos demandan una “nueva normalidad” del mercado del trabajo, un futuro del trabajo distinto, un futuro que tiene que empezar a construirse en el presente.

Un futuro “fundado en la libertad, la democracia sindical y el respeto de los derechos de ciudadanía de la clase trabajadora”.


Participación en sindicatos en América

Con mayor afiliación sindical

Bolivia 39,1%

Canadá 28,4%

Uruguay 30,1%

Argentina 27,7%

Con menos de 20% de afiliación

Costa Rica 19,4%

El Salvador 19%

Brasil 18,9%

Chile 17,7%

Venezuela 13%

México 12,5%

Panamá 11,9%

República Dominicana 11%

EUA 10,3%

Con menos de 10% de afiliación

Colombia 9,5%

Honduras  8%

Paraguay  6,7%

Perú   5,7%

Nicaragua 5,3%

Guatemala 2,6%

Ecuador 2%


 

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