Conspiración militar y empresarial señalada por asesinato de Berta Cáceres

Entre los acusados por planear el asesinato de la líder indígena figura alto funcionario de la empresa hidroeléctrica, un militar activo y otro retirado.

Un gerente de la empresa que impulsa el proyecto hidroeléctrico (PH) Agua Zarca, así como un oficial de las Fuerzas Armadas hondureñas figuran entre los imputados por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

Se trata de Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y Mariano Díaz, mayor de las Fuerza Armadas, quien fungía como instructor de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y miembro de las fuerzas especiales.

Junto a ellos se procesó al teniente retirado Douglas Bustillo, subjefe de seguridad de la empresa, y al supuesto sicario Edilson Duarte.

Las detenciones se realizaron el pasado 2 de mayo y, según información difundida por el Ministerio Público de Honduras, la acusación también alcanzaría a Emerson Duarte, hermano de Edilson Duarte, a quien se le encontró un arma que, de acuerdo a las pruebas de balística, “fue usada para dar muerta a la líder ambientalista” (sic.).

Berta Zúñiga, hija de Cáceres, se encuentra de gira en Europa, abogando por el fin definitivo del PH Agua Zarca. El pasado 8 de mayo, ofreció una entrevista al diario español El Mundo en la que insistió en la necesidad de que el asesinato de su madre sea investigado por una comisión independiente.

Según explicó, ello se debe, en primer lugar, a que la familia ha sido excluida del proceso de investigación, al haber sido decretado secreto y excluyendo a las víctimas, “cosa que no es posible bajo ningún respaldo jurídico en Honduras”.

Zúñiga añadió que “pensamos que la autoría intelectual del crimen no ha sido agotada, que los detenidos son personas que se han sacrificado, pero que hay muchas más implicadas”.

CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO

Luego de que trascendieron las detenciones, a través del sitio web de la Hidroeléctrica Agua Zarca se difundió un pronunciamiento en el que la empresa aseveró que “bajo ningún concepto, es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”.

El texto añade que la empresa “se ve sorprendida” con la detención de Rodríguez, quien “ejerce como gerente en temas sociales y medio ambientales de la empresa puesto que confíamos (sic.) en que todas las acciones de sus colaboradores están siempre dentro del marco de la ley”.

Por su parte, el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la activista feminista indígena, recordó en declaraciones al noticiero Milenio que más de 100 activistas medio ambientales han sido asesinados en Honduras y “tampoco ha habido justicia ni esclarecimiento de esos crímenes”.

También destacó que más de diez personas que han tenido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también fueron asesinadas.

“Entonces, los antecedentes no le ayudan mucho al Gobierno de Honduras para generar credibilidad, esperemos que en esta ocasión den una versión creíble a la familia, al pueblo hondureño y también a la comunidad internacional sobre estas investigaciones”, expresó.

Ante la pregunta de si el hecho de que la investigación apunte a personas vinculadas con la empresa hidroeléctrica aporta credibilidad a la investigación, Castro respondió que sí, porque “ya había muchos antecedentes de amenazas y confrontaciones”, que tanto el Centro Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) como la propia Cáceres “habían tenido con esta empresa en semanas previas”.

Para el ambientalista miembro de la organización Otros Mundos Chiapas, “era inevitable que el gobierno entrara por esa línea de investigación”.

Según publicó el 9 de mayo el diario hondureño El Heraldo, uno de los militares capturados confesó no sólo su participación en el asesinato, sino haber recibido 500 mil lempiras (poco más de $22.100) para planificarlo.

De acuerdo con ese medio, se habría pagado 50 mil lempiras (unos $2.200) a cada uno de los sicarios que participó en el asesinato ocurrido la madrugada del 3 de marzo.

ACTIVISMO EN HONDURAS

Ese día, cuatro personas forzaron la entrada a la casa de habitación de Cáceres, quien desde hace años había destacado como una líder indígena lenca.

Desde la coordinación del COPINH, Cáceres se opuso exitosamente al PH Agua Zarca, pues logró que la empresa estatal china Sinohydro abandonara la iniciativa a la local Desarrollos Energéticos S.A. (DESA). Ese proyecto amenaza con un enorme daño ambiental y el desplazamiento de comunidades indígenas.

Esa lucha le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, pues, según el sitio oficial, “en un país con crecientes desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos, Berta Cáceres unió al pueblo indígena hondureño lenca y llevó a cabo una campaña de bases que exitosamente presionó al mayor constructor de represas del mundo para abandonar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.

Sin embargo, la lucha de Berta Cáceres fue mucho más amplia, pues desde que en el 2008 el ejército hondureño y las élites locales tomaron el poder a través de un golpe de estado, la mujer indígena vivió en una situación constante de amenazas.

De hecho, desde el 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas de protección que en su favor debía tomar el Estado hondureño, lo cual no evitó que en mayo del 2013 fuera detenida en un operativo militar en la localidad de Santa Bárbara.

Tras el asesinato de Cáceres, el COPIHN emitió un comunicado en el que la organización aseveró que “nuestra Berta fue asesinada por las balas de la injusticia, asesinada por el odio y el racismo que gobierna nuestro país”.

Posteriormente, el Banco Finlandés, el holandés Banco para el Desarrollo Empresarial (FMO, por sus siglas en neerlandés) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) suspendieron el giro de fondos con los que apoyaban al PH Agua Zarca, en tanto se haga una revisión de la situación de los derechos humanos en la zona.

Represión contra el COPINH

El pasado lunes 9 de mayo, una manifestación pacífica del COPINH fue reprimida con violencia por parte del gobierno hondureño.

Según informa la cadena TeleSUR, esa organización realizó una marcha hasta la sede del Poder Ejecutivo –Casa Presidencial– para exigir el esclarecimiento del crimen de Cáceres.

El coordinador del COPINH, Tomás Gómez Membreño (identificado en la nota de TeleSUR como Tomás Membreño) expresó a ese medio que “los guardias del Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández nos recibieron con bombas lacrimógenas y agresiones físicas”.

En un video difundido por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y grabado durante la manifestación, Gómez declaró que “hemos venido a exigir que haya un esclarecimiento, verdadero, objetivo sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres”.

El indígena lenca puntualizó exigencias al “señor Juan Orlando Hernández”, como que la investigación corra por cuenta de una comisión independiente “que se instale a través de la CIDH”.

Además, indicó que esa investigación debe llegar hasta “la raíz del problema”, porque “está involucrado el poder económico y político”.

También exigieron la salida “de inmediato” del PH Agua Zarca de la comunidad de Río Blanco.

(Créditos: foto de archivo.)


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