El Congreso de Colombia dejó este jueves en manos de los magistrados la suerte de la principal bandera de gobierno del presidente Iván Duque: la modificación del pacto de paz que desarmó a la que fuera la guerrilla más poderosa del continente.
El Senado no logró ponerse de acuerdo sobre las objeciones que presentó Duque el 10 de marzo, y que apuntan a cambiar parte del sistema de justicia pactado con los rebeldes de las FARC para juzgar los peores crímenes cometidos durante el conflicto de medio siglo.
“No hubo decisión (…), por lo tanto la presidencia enviará el expediente de las objeciones y el proyecto de ley a la Corte Constitucional”, dijo el presidente del Senado, Ernesto Macías.
Sin mayorías sólidas en el Congreso, el gobierno fracasó en su intento de cambiar por vía legislativa seis puntos del proyecto de ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del histórico pacto suscrito en 2016.
Y aunque la cámara baja aplastó su propuesta el 8 de abril, el Senado le dejó abierta una ventana con los magistrados.
La oposición, con los votos de fuerzas independientes, sumó en la cámara alta 47 apoyos contra 34 de los aliados del gobierno.
Sin embargo, el jefe del Senado, el oficialista Ernesto Macías, se abstuvo de proclamar la derrota de Duque por diferencias sobre el quorum, con lo que la disputa será dirimida por la Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna.
“No hubo las mayorías para lograr una decisión”, reconoció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
Así, será la corte – en un plazo no determinado aún – la que dicte la última palabra sobre apartados del acuerdo que por cuatro años negociaron las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y que permitió el desarme de 7.000 combatientes y la transformación de las FARC en partido político.
En el poder desde agosto, Duque sustituyó a Santos con la promesa de revisar el pacto de paz por considerar que dejaba en la impunidad a los culpables de delitos atroces.
El mandatario planteó seis modificaciones con la idea de fondo de impedir que narcotraficantes se cuelen en el proceso de paz y eludan la extradición por medio de su contribución a la verdad del conflicto, y garantizar la plena reparación de las víctimas.
También busca, por medio de una reforma constitucional que deberá pasar por el Congreso, que los acusados de delitos sexuales contra los menores no reciban penas alternativas a la prisión.
El pacto de paz prevé que los mayores responsables dentro del conflicto, ya sean guerrilleros, militares o civiles, accedan a este beneficio si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y nunca más ejercen la violencia. Aunque también castiga hasta con 20 años de cárcel a quienes incumplan con esos compromisos.
