A menos de dos meses para la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a más de medio siglo de enfrentamientos políticos armados en Colombia, las expectativas se concentran ahora en imaginar un país sin guerra, las nuevas formas de vida política y cómo enfrentar sus desafíos económicos.
Parece mayoritario el apoyo a las negociaciones, lo que permitiría aprobar sin problemas un plebiscito o referendo sobre los acuerdos a que se lleguen en la mesa de La Habana.
Para Horacio Duque, académico y periodista que escribe con frecuencia sobre las perspectivas del acuerdo de paz, “la organización y preparación del plebiscito por la paz –iniciativa del gobierno en la que probablemente participarán cerca de 10 millones de ciudadanos– debe ser un escenario que permita la promoción de la Asamblea Constituyente popular y soberana”.
El Procurador General Alejandro Ordoñez lo rechaza. “Yo pienso que nos acercamos a pasos agigantados a la disolución de la institucionalidad, al derrocamiento de la Constitución y al consecuente triunfo del proyecto de las FARC”, dijo en extensa entrevista concedida al periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza, publicada en el diario El Tiempo el 6 de enero pasado.
En su introducción, el periodista expuso la naturaleza de la discusión. “Nunca se había visto en Colombia una pugna tan fuerte entre dos emblemáticos personajes como el Procurador y el Fiscal”.
“Tienen serias diferencias en torno a los más candentes puntos de la negociación con las FARC, como la justicia transicional, el abandono de armas, el Tribunal Especial de Paz o la inclusión del narcotráfico como conexo al delito político”, afirmó.
En Colombia, los partidarios de la negociación, próximos al gobierno, “ven en el procurador Alejandro Ordóñez un intransigente vocero del más ortodoxo credo conservador”.
Por su parte, quienes se oponen a las negociaciones, y están más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, ven al fiscal Eduardo Montealegre “con un tinte ideológico muy cercano al de las FARC”, advirtió Plinio Apuleyo.
También a la izquierda hay críticas al proceso. Son los sectores que, sin oponerse a los acuerdos de paz, ven en el gobierno de Juan Manuel Santos la continuación de políticas neoliberales que rechazan.
“Con los acuerdos de ‘paz’ se pretende domesticar (limitar) las luchas de los pueblos y de los trabajadores al marco básicamente neoliberal y pro-capitalista que tienen dichos acuerdos”, afirmó el analista colombiano Fernando Dorado, militante del grupo Somos Ciudadanos.
“La terminación del conflicto armado en Colombia solo tiene de positivo que finalmente nos sacamos de encima la pesada carga de la falsa lucha armada ‘revolucionaria”, agregó.
Nuevo escenario
“Ya lo estamos viendo –dice Dorado– con la preparación de la protesta que se ha planteado por un aumento digno del salario mínimo y contra la venta de Isagen”, empresa distribuidora de energía, un tema sensible en el escenario político colombiano.
La privatización de ISAGEN, “uno de los más importantes y lucrativos bienes públicos de la sociedad”, en opinión de Horacio Duque, podría poner en “grave riesgo” el proceso de paz que se adelanta en La Habana con las FARC, parte de lo que calificó como “arremetida neoliberal santista” en la que incluye, además, “el golpe a los salarios y el aumento del IVA”.
Duque calificó de “precipitada” la venta del 57,6% de Isagen a la Brookfield Asset Management (BAM), “con la fraudulenta mediación de T. Blair, el promotor y ejecutor de las guerras contra Irak”.
“Si lo que pretende Santos es incrementar el IVA, imponer alzas en las tarifas de la energía y otros servicios públicos necesarios, y una reforma tributaria para afectar el ingreso de los trabajadores y las clases medias, pues no puede aspirar a que la paz sea una cortina de humo para impedir la rebeldía popular y la protesta de la multitud”, agregó.
Se trata de una situación similar a la vivida con los procesos de paz en Centroamérica, especialmente en El Salvador, pero también en Guatemala donde, pese a los acuerdos de paz, las estructuras sociales cambiaron poco.
Como recordó otro analista colombiano, Carlos Aznárez, “el gran problema de este y de cualquier proceso de paz pasa por lograr que se inviertan en una mesa de negociaciones las condiciones de pobreza, desocupación y represión que durante décadas se ha descargado contra el pueblo colombiano”.
Un informe reciente del Banco Mundial señalaba que Colombia es el segundo país de Latinoamérica con mayor población de jóvenes entre los 15 y los 24 años que ni estudian ni trabajan.
En Colombia, 1,3 millones de jóvenes, de los 6,3 millones que hay en el mercado laboral, están desempleados.
Otro tipo de vida
Esos temas, no obstante, estuvieron expresamente excluidos de las discusiones en La Habana; serán una tarea pendiente y se deberán trasladar al debate político y parlamentario, ahora con la presencia de las FARC.
Se trata de “otro tipo de vida”, como lo reconoció el miembro del Secretariado de las FARC, Joaquín Gómez, en entrevista publicada en Marcha patriótica.
“Uno de los acuerdos más sustanciales es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición; uno de los más sensibles”, estimó Gómez.
Estamos ahora en el forcejeo sobre otro punto: el fin de conflicto. “Eso tiene que ver con las condiciones para la dejación de armas, pero también para que las FARC pase a otro tipo de vida”, agregó el revolucionario.
La “dejación” de las armas (que no la “entrega”) es otro punto de debate.
Para Gómez, lo tienen que hacer ambas partes. “Las armas del gobierno no tienen por qué participar en política, ni por qué usarse para matar sindicalistas, líderes sociales, populares y de izquierda”, afirmó.
Esa “dejación” de las armas podría hacer otro país, según Gómez.
El Procurador Ordoñez también se refirió al tema en la entrevista con Plinio Apuleyo: “Desde un primer momento dijimos que las FARC no pueden quedarse ni siquiera con un alfiler. No solo deben desarmarse sino desintegrarse como estructura militar (…) He hecho esta advertencia porque si a las FARC no se les va a tocar un solo peso de su inmensa fortuna, ni tampoco se les van a quitar las armas, vamos a tener un partido político armado y financiado por el narcotráfico”.
Posiciones radicalmente diferentes son las de algunas organizaciones sociales.
En un Encuentro del Campesinado de la localidad de Sumapaz, al sur de Bogotá, se atribuyó especial importancia a la creación de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz, compuesto por 25 jueces, cinco de ellos extranjeros, elegidos mediante un mecanismo nuevo aún por determinar, algo a lo que también se opone Ordoñez.
Los Territorios de Paz que servirán para el proceso de normalización social y el proceso de desmovilización, entre otros puntos de los acuerdos, “no caben en la Constitución actual”, señalaron los campesinos, quienes requieren “una Asamblea Nacional Constituyente que debe resolver y garantizar la continuidad de la construcción de la paz”.
Celac y NNUU
Ante la proximidad de la firma de los acuerdos, previstos para el 23 de marzo próximo (aunque quedan temas por resolver en la mesa de negociaciones), el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) aceptaron de forma unánime, en la reunión de Quito, colaborar en la comisión de Naciones Unidas para verificar el desarme y el cese al fuego en el conflicto armado con las FARC.
La comisión de verificación del fin del conflicto tendrá un mandato de 12 meses prorrogables y deberá estar lista en un plazo máximo tres meses, o sea, un mes después de la fecha límite establecida para la firma de los acuerdos.
