El proceso se inició en 2016, cuando los abogados de Lula presentaron una denuncia ante el comité afirmando que el expresidente fue víctima de un proceso parcial e injusto, conducido por Moro.
El comité entendió que se vulneraron los derechos del expresidente cuando fue detenido por la Policía Federal en 2016 en una sala del aeropuerto de Congonhas, “de forma considerada arbitraria”, por la parcialidad del proceso y del juicio, por la difusión de mensajes de carácter privado de sus familiares y ante la imposibilidad de una candidatura en 2018, lo que allanó el camino para la victoria bolsonarista.
El resultado del juicio no debe implicar un castigo específico para Moro, según informó el portal UOL, pero el Estado brasileño tiene la obligación de seguir la recomendación del colegiado en caso de que el organismo pida medidas de reparación para Lula.
En marzo del año pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) ya había declarado la parcialidad de Moro y anulado las condenas de Lula en el marco de la operación Lava Jato, pero aun así, el proceso continuó en los tribunales internacionales hasta hoy.
Piden condenar a Moro
También este miércoles, cinco diputados del Partido de los Trabajadores interpusieron una acción colectiva en el STF para que Moro sea condenado a pagar una indemnización a las arcas públicas por su conducta durante la Operación Lava Jato.
“Ha llegado el momento de que el exjuez, exministro y ahora precandidato Sergio Moro repare a la sociedad por sus conductas contra el patrimonio público y la moral administrativa, que han tenido graves impactos en la economía del país y en su estabilidad democrática e institucional”, dicen los parlamentarios en la denuncia.
La petición de los parlamentarios no estipula una cantidad a pagar por Moro, indicando que deberá ser calculada por la Justicia durante el proceso. El texto también pide que se reconozca la ilegalidad y la desviación de la funcionalidad en las actuaciones del exjuez durante la operación.
“Es de suma importancia para el pueblo brasileño que Sergio Moro responda por las desviaciones que cometió en la conducción de procesos judiciales. El sistema judicial no puede ser utilizado para perseguir a las personas, no puede ser utilizado para realizar actividades políticas y, en particular, no puede causar perjuicios a la Hacienda Pública. Es una buena oportunidad para rendir cuentas a la sociedad”, agrega el documento.
