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Las claves de la reforma tributaria de Gustavo Petro: impuesto al patrimonio, fin de beneficios fiscales y tributos “saludables y ambientales”

El nuevo gobierno pretende recaudar casi seis millones de dólares en 2023 para financiar las políticas sociales

El gobierno de Gustavo Petro, quien asumió este domingo la Presidencia de Colombia, presentó su proyecto de reforma tributaria, con la cual pretende recaudar casi seis millones de dólares en 2023 con la eliminación de exenciones fiscales, limitaciones a los beneficios de los contribuyentes con mayores ingresos y un sistema más equitativo.

La primera iniciativa legislativa del nuevo Ejecutivo plantea en su introducción los argumentos que hasta ahora ha sostenido Petro para insistir en la necesidad de una reforma tributaria: la inversión social debe apoyarse en ingresos públicos genuinos para que sea sostenible. «Los avances que ha tenido el país en materia de cobertura de salud y educación, entre otros, deben mantenerse y acelerarse para sanar un tejido social deteriorado. Es necesaria y urgente una respuesta de política pública contundente y responsable, a la vez, desde una perspectiva de estabilidad de las finanzas públicas», señala el documento presentado en conferencia de prensa por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Los ajustes tributarios propuestos en el proyecto enviado este lunes al Congreso «permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia» tributaria. En pos de «lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social» plantea «disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria«.

Así, la reforma «se centra en reducir sustancialmente las exenciones que existen» para personas naturales y empresas, a la vez que busca «una mayor simplicidad del sistema».

El gobierno de Petro cuenta con un respaldo mayoritario del Congreso, no solo del Pacto Histórico al que pertenece, sino también de partidos tradicionales que manifestaron que le apoyarán iniciativas oficialistas. Aun así, en conferencia de prensa, Ocampo reconoció que es probable que la propuesta del Ejecutivo sufra cambios en el Congreso.

Ocampo subrayó en la presentación del texto que el mayor peso de la reforma recae sobre quienes tienen ingresos mensuales superiores a los 19 millones de pesos colombianos (unos 4.400 dólares), lo que representa a un 2% de los contribuyentes. “El 98% de la población colombiana, la clase media y la clase baja, no se ven afectadas negativamente por esta reforma”, destacó.

El diagnóstico y la propuesta

Los ingresos tributarios de Colombia son sustancialmente menores a los de otros países de América Latina, incluso en comparación con las economías más sumergidas, indica el diagnóstico del gobierno entrante, que lo atribuye en parte a las excesivas deducciones y exenciones, pero también a «la complejidad del sistema tributario actual, que dificulta el pago de las obligaciones tributarias y favorece la elusión y evasión fiscal«.

A su vez, se señala que el esquema tributario vigente «ha favorecido a los segmentos de la población con mayores ingresos» y los beneficios tributarios «han generado distorsiones sobre el aparato productivo».

La reforma pretende desarticular los «beneficios asimétricos que han impedido una asignación eficiente de los recursos, promoviendo la equidad, progresividad, eficiencia y simplicidad del sistema tributario». Esto implica la eliminación de múltiples exenciones y deducciones, la mayoría de ellas específicas para algunos sectores productivos o territorios. Entre los afectados están las zonas francas, que también enfrentarán otras limitaciones sobre los beneficios que pueden recibir en relación a si su producción es para el exterior o el mercado local.

La propuesta incluye varias modificaciones al cálculo del impuesto a la renta, para el cual pasarán a estar gravados todos los ingresos y no únicamente los vinculados al trabajo. Además, por un lado, se mantendrá el mínimo no imponible y, por otro, se eliminarán los beneficios para quienes tienen ingresos mensuales elevados, superiores a los 10 millones de pesos (2.300 dólares).

En términos generales, la reforma impone topes a la deducibilidad tributaria tanto de personas como de empresas, que pasarán a ser un porcentaje de la renta, y se eliminan algunas categorías utilizadas especialmente por las personas con mayores ingresos o las empresas con más facturación.

Nuevos impuestos

La reforma tributaria del gobierno de Petro crea un impuesto al patrimonio, siendo éste el resultado de un cálculo en el que se incluyen los ingresos brutos, el patrimonio líquido y las deudas. El tributo será de 0,5% para quienes tengan un patrimonio de entre 3.000 y 5.000 millones de pesos colombianos (lo que equivale en dólares de 700.000 a 1,1 millón), y de 1% para quienes estén por encima.

También se crea un impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro cuando los precios de estas materias primas superen un precio de referencia -tal como todavía sucede con el valor del petróleo por el conflicto en Ucrania-. Esto permitirá, indica el texto, que «los beneficios extraordinarios derivados de los ciclos de precios altos (…) contribuyan al bienestar de la población más vulnerable y a la consolidación fiscal».

Como parte de la simplificación del sistema tributario, e incluyendo también la creación de nuevos tributos, se establecen los «impuestos saludables y ambientales», dirigidos a mitigar los costos que el Estado enfrenta o va a enfrentar por la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y de los plásticos de un solo uso. En todos los casos habrá exenciones para los productos con más presencia en la canasta básica alimentaria de los colombianos, por ejemplo, algunos fiambres.

Otras modificaciones son un ajuste para el impuesto a ganancias ocasionales, que quedará fijado en 30%, y la eliminación de los tres días nacionales sin IVA, creados por el gobierno que dejó el poder el domingo con el objetivo de reactivar la economía. En el diagnóstico se señala que este beneficio es únicamente para las personas de ingresos medios y superiores, que en lugar de motivar el consumo lo posterga para esas fechas seleccionadas y que la renuncia fiscal es sustancialmente superior a los beneficios vinculados a esta reactivación del consumo.

El gobierno también pretendía crear un impuesto para la venta de servicios digitales por parte de empresas no establecidas en Colombia (como Netflix). Sin embargo, el documento que acompaña la propuesta indica que esto no es posible en las actuales condiciones por cómo está definido quiénes pueden ser gravados tanto en la normativa colombiana como en los acuerdos internacionales firmados por el país, que integra la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ocampo dijo en la conferencia que se seguirá trabajando en este sentido.

Elusión, evasión y recaudación

El proyecto no incluye nuevos mecanismos para combatir la evasión o elusión de impuestos, aunque sí señala en sus páginas que la simplificación del sistema tributario -así como la reducción de deducciones, la precisión de los nuevos mecanismos y la sistematización en el tratamiento de la información- implica un primer paso para que los controles sean más efectivos.

Sin contemplar medidas sobre estos delitos, únicamente con la implementación de la reforma tributaria propuesta, el gobierno estima que en 2023 la recaudación adicional será de 25 billones de pesos colombianos (casi seis millones de dólares). Si a esto se incorporan medidas de fiscalización y control (no así multas o recargos), se espera que para 2026, año en el que termina el mandato de Petro, el incremento anual de la recaudación sea equivalente a los 50 billones (unos 11,5 millones de dólares).

Ocampo indicó que el gobierno se propone modernizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y que, en ese contexto, evaluará si son necesarias nuevas medidas para apostar al combate a la evasión y elusión tributaria.

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