La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos en el marco de las protestas en Colombia, la mayoría a manos de la fuerza pública, informó la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) este lunes.
La oficina de Ombudsman entregó a la CIDH un balance sobre las cruentas manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el gobierno de Iván Duque, en medio de una visita de la Comisión al país entre el 6 y 10 de junio.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que entre el 28 de abril y el 03 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones de los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.
“Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional”, reza el texto compartido a la prensa.
Según el jefe de la entidad, “las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), del que Cali es capital.
El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que protestan en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras y violentos enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública.
La policía está en la mira de la comunidad internacional que denuncia excesos y abusos de su parte contra los manifestantes.
La CIDH con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) visitará Bogotá y Cali, las ciudades más golpeadas por crisis.
Su llegada coincidió con el anuncio el domingo de un plan del gobierno para reformar la policía y su política de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo señaló además 113 hechos de violencia de género y 3.144 bloqueos en las vías que afectan el abastecimiento y el paso de misiones médicas.
La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas en los cuales “el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye el 53,73% de los casos”.
Los manifestantes exigen una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.
La organización más visible de los manifestantes suspendió las conversaciones que mantenía con el gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para el miércoles.
