En Nicaragua había 23 mujeres presas políticas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a setiembre de este año. De ellas, se conocen los nombres públicamente de 18 y hay cinco más, cuyas familias han pedido que no se divulguen sus identidades para evitar represalias, explicó la socióloga Elvira Cuadra Lira en entrevista con UNIVERSIDAD.
La directora del Centro Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), se refirió a los resultados del estudio “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La Configuración de las Violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018-2021”, publicado en octubre pasado.
Según expone el estudio, la violencia contra las mujeres en Nicaragua ha existido siempre; pero desde que inició el estallido social de 2018, se ha incrementado significativamente “y adquirido las características de una pandemia”.
Las estructuras de dominación patriarcal se han potenciado en el país por la crisis sociopolítica y particularmente la política represiva y el estado policial que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto sobre la sociedad nicaragüense y las mujeres; la pandemia provocada por el Covid-19 y la política sanitaria gubernamental para su tratamiento; y la grave situación económica generada como consecuencia de las dos primeras”, denuncia el estudio.
“Esta situación en que se ha incrementado la pobreza y el desempleo, las está empujando hacia estos desplazamientos forzados. Se le llama migración pero en realidad son desplazamientos forzados porque las mujeres no tienen más remedio que salir de sus comunidades, sus barrios, para buscar mejores oportunidades para ellas, sus familias, sus hijos”, comentó Cuadra.
Dos de las expresiones más graves de la violencia política en contra de las mujeres han sido los asesinatos y los apresamientos, la mayoría perpetrados en el contexto de las protestas de 2018. Al menos 15 mujeres de diferentes edades, incluidas niñas como Daryeli Osmari Velásquez de apenas dos años y medio, fueron asesinadas en las acciones de represión durante el 2018, cita el documento.
A continuación un extracto de la entrevista con Elvira Cuadra:
-¿Por qué se dice que el Estado se ha convertido en el perpetrador directo de la violencia contra las mujeres?
“No es por omisión, es porque ha construido todo un andamiaje jurídico que limita los derechos de las mujeres pero además restringe derechos fundamentales. Ha utilizado las leyes para reprimir la participación de las mujeres en diferentes ámbitos. En lo político y en la prevención de la violencia. Antes de 2018, modificó la Ley F79, la Ley para Prevenir la violencia contra las mujeres. Eso significó dejar en indefensión a una gran cantidad de víctimas de la violencia y solo reconocer el femicidio en aquellos casos en que hubiera una relación de pareja. En segundo lugar, desmontó las comisarías de la mujer que brindaban algún tipo de atención integral a las mujeres víctimas de alguna situación de violencia. En 2020 las reabrieron pero con un enfoque donde las obligaban a ir a mediar con su agresor y no había medidas de protección. También cerró los albergues que estaban manejados por varias organizaciones de mujeres y sólo dejó algunos que están administrados por la policía y no tienen la confianza de las mujeres víctimas de violencia. Y más recientemente aprobó la ley del ciberdelito que castiga a las mujeres que se atreven a hacer opiniones públicas; y también la Ley de agentes extranjeros y una nueva ley de organizaciones no gubernamentales, que han sido los instrumentos para cancelar las personerías jurídicas, confiscar los bienes y cerrar una cantidad de organizaciones de mujeres, muchas de ellas dedicadas a la prevención de la violencia y la atención a las víctimas de la violencia. Otra evidencia es toda la violencia política que han sacado en contra de las mujeres. Finalmente, la violencia en contra de las mujeres que en este momento son prisioneras políticas, y de las mujeres familiares de prisioneros políticos”.
-¿Qué estrategias de defensa han adoptado las mujeres y cómo están resistiendo este estado de cosas?
En Nicaragua el movimiento de mujeres, y las mujeres en general, tienen toda una historia desde hace varias décadas de organización, participación política y resistencia. Eso le ha dado una enorme capacidad de resiliencia que se mantiene al día de hoy. La han desplegado en este contexto adverso, han desarrollado estrategias propias de protección y de defensa y algunas van desde organizar redes de apoyo entre mujeres, para mujeres y hacia otra gente y eso se ha visto, por ejemplo, en el contexto de las protestas de 208, por ejemplo. Las mujeres organizaron los centros de atención médica de los heridos, acompañaron a los familiares de las víctimas de la represión, y mucho más. También lo hicieron durante el periodo de la pandemia, organizaron redes de apoyo, de ayuda humanitaria, de atención médica. Las mujeres han mantenido su participación política en las diferentes expresiones que ha tenido el movimiento cívico desde 2018 y ahí han estado presentes, siempre expresando sus ideas y actuando. Y finalmente, dentro de Nicaragua, que se vive una situación realmente opresiva, de mucho temor, las mujeres han desplegado también una serie de pequeñas resistencias domésticas, esos actos a través de los cuales se resisten a bajar la cabeza y a aceptar el estado de situación en que está el país”.
