Entre un enjambre de personas alrededor de una lancha, Santos Centeno y dos tripulantes reparten el producto de la pesca en una esplendorosa playa del Caribe hondureño. Viven del mar y temen que, entre ataques e intimidaciones, les quieran arrebatar sus territorios para construir proyectos turísticos.
A unos 220 km al norte de Tegucigalpa, en las afueras del puerto de Tela, se extiende bajo un bosque de palmeras la comunidad de Triunfo de la Cruz, conformada por 10.000 afrohondureños garífunas, que defienden su modo de vida ancestral dedicado a la agricultura y la pesca.
Viven en una zona paradisíaca con un mar que cambia de azul turquesa a azul marino y que baña arenas blancas, rodeadas de agrestes montañas de profunda vegetación con gran biodiversidad.
Allí, el gobierno hondureño promueve desde hace décadas el proyecto turístico Indura Beach and Golf Resort, que los garífunas temen que implique su desalojo.
Pero la tensión aumentó desde el pasado 18 de julio, cuando hombres presuntamente vestidos con uniformes policiales sacaron de sus casas a Albert Centeno, presidente del comité de defensa de su tierra, y otros tres garífunas. Desde entonces están desaparecidos.
La comunidad sospecha del gobierno, interesado en los desarrollos turísticos, pero las autoridades barajan varias versiones sobre el secuestro, incluso una que apunta a que fue ejecutado por narcotraficantes.
Décadas de zozobra
“Nosotros acá luchamos a muerte” contra “los que nos quieren robar nuestras tierras”, afirma Santos Centeno a la AFP, mientras decenas de hombres y mujeres se alejan de la playa cargando recipientes rebosantes de pescados.
Según el dirigente local Edgardo Benedit, la comunidad ha vivido en zozobra por décadas porque el gobierno nacional, la alcaldía de Tela y empresarios han querido desalojarlos para construir grandes complejos turísticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2015 a Honduras “proceder a demarcar las tierras” de Triunfo de la Cruz como propiedad colectiva y otorgarle título de propiedad a los garífunas, pero el Estado ha incumplido.
El tribunal continental exigió ahora también a Honduras que “adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero” de los desaparecidos.
El pastor evangélico Omar Guzmán, hermano de Suami Mejía, uno de los desaparecidos, dice a AFP que cree que los captores respondían a las autoridades. Según él, unos 12 hombres con uniformes policiales esposaron a su hermano.
Benedit, en tanto, denuncia que el gobierno ha difundido fotos de Albert Centeno con armas y ha echado a rodar versiones de supuestos vínculos de él con el narcotráfico para ensuciar su nombre.
Añade que expolicías y exmilitares miembros de la comunidad consideran que “pareciera un trabajo del gobierno tratar de desacreditar” a la dirigencia, mientras se incumple la sentencia de la Corte Interamericana.
Aunque en la prensa local también circulan versiones de que narcotraficantes puedan estar detrás del secuestro.
Los garífunas descienden de esclavos africanos que en 1665 naufragaron en dos buques españoles frente a las costas de la isla San Vicente. Allí se mezclaron con indios caribes, pero fueron expulsados en 1797 y emigraron a Honduras Nicaragua, Belice y Guatemala.
Por años se extendieron con su cultura alegre de música de tambores, bailes, cantos y su gastronomía de mariscos. También destacaron como deportistas, con jugadores de fútbol que llevaron a Honduras a tres campeonatos mundiales.
Patrimonio de la humanidad
En 2001, el pueblo garífuna fue declarado por la Unesco patrimonio cultural mundial de la humanidad para protegerlo.
Con el fallo de la Corte “tuvimos la alegría, el entusiasmo de que el gobierno pudiese cumplir”, pero nunca paró el hostigamiento, lamenta César Benedit, otro dirigente comunal y hermano de Edgardo.
“Nos están amedrentando, no conocemos dónde están nuestros compañeros”, añade. “Hoy más que nunca no podemos echarnos para atrás” en la lucha por la tierra, sentencia.
Edgardo Benedit denuncia que hay una “estrategia” para “deshacerse” de ellos, que se refleja en la persecución y amenazas contra líderes, no solo de Triunfo de la Cruz sino de otras comunidades garífunas, como Punta Piedra, Río Tinto y Camasca.
Según la no gubernamental Organización Fraternal Negra de Honduras, en 2011 había una población de 200.000 garífunas en 43 comunidades.
Honduras está catalogado por organismos internacionales entre los países más peligrosos para los defensores de los derechos humanos y de la tierra.
En marzo de 2016 fue asesinada una emblemática defensora de las poblaciones ancestrales, la indígena lenca Berta Cáceres, cuando libraba una lucha contra la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena.
Un juzgado condenó a hasta 50 años de cárcel a siete hombres acusados de matarla.
por Noe Leiva
