Oposición nicaragüense intenta recuperar fuerza ante ola represiva

En las calles, cientos de policías y agentes antidisturbios armados con fusiles y bombas aturdidoras vigilan para impedir una reactivación de las manifestaciones antigubernamentales.

La oposición nicaragüense volverá a las calles el sábado con una marcha en la capital en medio de una ola represiva del gobierno de Daniel Ortega que rechazó dialogar para solucionar la crisis que lleva casi año y medio.

La manifestación fue convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) para presionar al gobierno a dialogar sobre una agenda que comprende profundas reformas democráticas y el adelanto de las elecciones de 2021, algo que Ortega ha rechazado.

“Hacemos un llamado a los nicaragüenses a ejercer nuestros derechos de movilización” y a “demostrarle al régimen que seguimos activos en la lucha y no descansaremos hasta recuperar” la democracia, exhortó en rueda de prensa Max Jerez, uno de los líderes de la UNAB.

En las calles, cientos de policías y agentes antidisturbios armados con fusiles y bombas aturdidoras vigilan para impedir una reactivación de las manifestaciones antigubernamentales.

“La policía intimida porque no quiere que haya movilización nacional”, pero “estamos trabajando para que se logre”, dijo a la AFP la dirigente opositora Azahálea Solís.

El intento de retomar las movilizaciones callejeras se da en momentos en que Ortega cerró las puertas al diálogo con sus adversarios.

El mandatario ha dicho que su gobierno sólo dialogará con los sectores que estén dispuestos a “trabajar por la paz”, con lo cual excluyó al bloque opositor que incluye a la sociedad civil, estudiantes, campesinos y empresarios.

Los oposición admite que ha sido difícil movilizar a la ciudadanía después de los más de 325 muertos y cientos de encarcelados que dejó la represión a las protestas que surgieron en abril del año pasado.

Población “asustada”

Las manifestaciones iniciaron contra una reforma al seguro social pero pronto se transformaron en un reclamo para la salida de Ortega, en el poder desde 2007 y acusado por sus detractores de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Para Ortega, las movilizaciones fueron un intento fallido de golpe de estado respaldado por Washington y los opositores “son vendepatrias y traidores” al servicio de los “imperialistas”.

La población “ha quedado asustada por el nivel de bestialismo con que ha actuado el gobierno de Ortega”, quien “ha demostrado que está dispuesto a hacer todo y a matar la mayor cantidad de gente que sea necesaria para conservar el poder”, estimó ante la AFP el exdiplomático y analista Hugo Rodríguez.

Según Rodríguez, las autoridades cuentan con “sofisticados” mecanismos de información y recursos humanos para rastrear y controlar a los opositores, confundir y desmovilizar a la población.

Hace más de un año entró en vigor una ley que criminaliza las protestas con hasta 20 años de prisión.

El país enfrenta una recesión, con una caída de 3,8% del PIB en 2018, en tanto el gobierno proyecta un crecimiento negativo de -2,2% para 2019, con miles de desempleados.

Pese a las dificultades, los opositores tratan de mantenerse activos con foros y piquetes de protesta “exprés”, a los que se suman protestas esporádicas de rechazo al gobierno.

“Modelo dictatorial”

Ortega piensa que puede establecer “un modelo dictatorial” similar al de Cuba, pero “no se da cuenta que los tiempos han cambiado” y que “el pueblo no aceptará otra dictadura”, dijo a la AFP el exvicecanciller y disidente sandinista Víctor Hugo Tinoco.

A juicio de Rodríguez, el gobierno trata de contener la oposición interna para ganar tiempo en el plano internacional, que ha criticado la represión y llamado al dialogo pero ha sido “muy considerada” con Ortega.

El pasado fin de semana, las autoridades prohibieron el ingreso de una comisión de la OEA que ayudaría a buscar salidas a la crisis, que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos internos.

El gobierno liberó en junio a unos 490 presos por participar en las protestas, bajo una polémica ley de amnistía que ampara a los responsables de la represión.

Desde entonces, otros 130 opositores han sido encarcelados, según la UNAB.

Un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos revela que al menos cinco campesinos opositores fueron ejecutados este año por policías y paramilitares, y advirtió del inicio de una nueva fase represiva contra opositores y exreos políticos.

El presidente del gremio empresarial, José Aguerri, quien ha sido blanco de agresiones, acusó al gobierno de permitir la toma de tierras privadas y de bloquear la entrega de papel y tinta a los diarios críticos de Ortega.

por Blanca Morel


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