La oposición celebró este jueves una resolución del Parlamento Europeo que rechazó un paquete de leyes que impulsa el gobierno de Nicaragua para limitar a sus críticos.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución por 609 votos, 21 en contra y 54 abstenciones, en la que condenó un proyecto de ley de “agentes extranjeros”, que establece controles al trabajo de medios de prensa y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
También rechazó las iniciativas que castigan los ciberdelitos y noticias falsas, así como los delitos motivados por el odio.
“Celebramos sus expresiones de instar al régimen a detener la criminalización” de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, dijo en un comunicado el bloque opositor Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
La alianza dijo además coincidir con los eurodiputados en que las reformas electorales son “necesarias para alcanzar unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, previstas para noviembre de 2021.
También respaldó el pedido de los diputados europeos de visitar el país a la brevedad y el retorno de organismos de derechos humanos.
Félix Maradiaga, directivo de la Coalición Nacional, que agrupa a varios organismos cívicos y partidos, calificó de “contundente” la resolución y la catalogó como “una muestra de que el gobierno está aislado y solo”.
Maradiaga, un politólogo, consideró “preocupante” la advertencia de los eurodiputados de revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial de Centroamérica con la Unión Europea.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apoyó en Twitter el llamado de los eurodiputados a que se “debe cesar la represión y restablecer la observación internacional” de los derechos humanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) instó a “trabajar para que esta contundente resolución del Parlamento Europeo (PE), que demuestra que Ortega es un violador de derechos humanos, no se quede en el camino hacia el Consejo de Europa, tiene que ser aplicada en nombre de todas las víctimas”.
El gobierno de Daniel Ortega no se pronunció inicialmente sobre la resolución del Parlamento Europeo.
En mayo la Unión Europea aprobó sanciones a seis funcionarios del gobierno sandinista, entre ellos al jefe de la Policía Nacional, por violación a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2018, en las que murieron 328 personas, según organismos de derechos humanos.
