El fiscal jefe de Panamá, Eduardo Ulloa, calificó este lunes como “graves” las denuncias presentadas por una comisión legislativa, según la cual, niños y niñas en riesgo social habrían padecido presuntamente abusos y violaciones en al menos 14 albergues supervisados por el Estado.
“Para nosotros es una situación bastante grave”, había señalado Ulloa en una entrevista al canal panameño de televisión Telemetro, poco antes de recibir la denuncia formal, por parte del grupo de diputadas que realizó las investigaciones.
“Nos hemos comprometido con el país en investigar hasta el fondo cada uno de los hechos que aquí se denuncian”, indicó Ulloa durante una conferencia de prensa posterior.
El fiscal jefe recibió este lunes el documento, de 700 páginas, con las investigaciones realizadas por un grupo de diputadas de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional.
“Nosotros con este informe nos comprometemos a darle la celeridad que la gravedad del caso así lo amerita”, dijo Ulloa.
Según las pesquisas, desde 2017 decenas de menores fueron presuntamente maltratados por sus cuidadores en al menos 14 albergues de todo el país.
El documento denuncia supuestos abusos sexuales, malos tratos físicos y verbales, abortos forzados y malas condiciones de vida en esos centros de atención a niños huérfanos o provenientes de familias de alto riesgo social.
Los niños afectados, entre los que hay menores con discapacidad intelectual, podrían ser varias decenas, según las averiguaciones.
“Estamos hablando de, por lo menos, tres tipos de delitos distintos, que se encuentre a los responsables, caiga quien caiga”, declaró Walkiria Chandler, presidenta de la subcomisión encargada de las investigaciones.
“Estamos hablando de personas que han afectado y violado a menores”, dijo la diputada Kayra Harding, quien pidió el cierre de los albergues señalados porque “se están cometiendo abusos y hasta violaciones a nuestros niños”,
El pasado viernes la fiscalía de Panamá ya había anunciado el inicio de una investigación de oficio por este escándalo, que ha conmocionado al país centroamericano.
En Panamá cerca de un millar de niños huérfanos o que provienen de familias en riesgo social viven en albergues a lo largo de todo el país.
Estos albergues están administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una entidad pública descentralizada en cuya junta directiva hay varios ministros.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó la pasada semana “su profunda preocupación” por las denuncias e instó a las autoridades panameñas “a realizar las investigaciones pertinentes con la mayor prontitud posible” para determinar responsabilidades.
Los albergues tienen “un papel que jugar de protección y reinserción de menores en la sociedad y como tal no pueden ser vistos como simple deposito de niños”, advirtió Ulloa.
