Un tribunal guatemalteco condenó de nuevo este viernes a 13 años y nueve meses de cárcel al exministro del Interior Mauricio López Bonilla, tras encontrarlo culpable de participar en un fraude en la policía, informó una misión anticorrupción de la ONU.
La sentencia contra López es la segunda que recibe por casos de corrupción, luego de que en septiembre de 2018 fuera condenado a ocho años y seis meses de prisión por la contratación irregular de 47 vehículos blindados por 4,3 millones de dólares durante su gestión (2012-2015).
Junto a López fueron sentenciadas otras 17 personas a penas de hasta 23 años de prisión, “culpables de sustraer fondos de la Policía Nacional Civil”, señaló en un comunicado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que apoyó a la fiscalía en la investigación.
Según las pesquisas, entre 2012 y 2014 una “estructura criminal” integrada por jefes, asesores y particulares dentro de la policía simuló compras para la reparación de patrullas y adquirir otros servicios en la institución.
La “organización” realizó operaciones fraudulentas por más de 1,5 millones de dólares, señaló la Cicig.
Por el mismo caso, en febrero pasado fueron condenadas otras 12 personas, entre ellas dos altos exjefes de la policía.
López se encuentra en prisión desde 2016 tras ser detenido por varios casos de corrupción, entre ellos regalar un helicóptero al expresidente Otto Pérez (2012-2015), supuestamente adquirido con fondos ilícitos.
Pérez guarda prisión preventiva desde su renuncia en septiembre de 2015, a la espera de ser juzgado por un fraude en las aduanas que puso fin abruptamente a su gobierno cuatro meses antes de entregar el cargo.
El entonces gobernante se vio obligado a renunciar después de que la fiscalía y la Cicig lo señalaran de encabezar una red que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos de importación.
López, hombre de confianza de Pérez, también mantiene vigente un pedido de extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, solicitud que ya fue autorizada por la justicia local pero que no puede concretarse hasta que el exfuncionario solvente sus sentencias en Guatemala.
