El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió el lunes en el octavo sentenciado por el asesinato de la líder indígena ambientalista Berta Cáceres en 2016, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
“Roberto David Castillo ha tenido participación en la presente causa como coautor en el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres”, dijo una juez al leer la sentencia en audiencia oral pública.
El tribunal convocó a audiencia el 3 de agosto para definir los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.
En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron condenadas en diciembre del 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015.
Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fue asesinada por encargo de DESA porque ella se oponía –con manifestaciones de indígenas lencas– a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.
La resolución “es un granito de arena en la justicia por el asesinato de mi madre”, dijo Laura Zúniga, hija de Cáceres, tras escuchar la decisión del tribunal. “Hoy nos sentimos alegres. El pueblo hondureño está harto de tanta impunidad y muerte”, agregó.
“Falta el siguiente escalón”, subrayó. La familia de Cáceres y la dirigencia del Copinh exigen a la justicia el castigo de Castillo y de los socios de DESA, miembros de influyentes familias de banqueros en el país.
Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del 2 de marzo del 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda.
Castillo fue capturado el 2 de marzo del 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a la ambientalista.
