La gestión de proyectos hidroeléctricos y de actividades de minería son aún un serio problema para las comunidades indígenas hondureñas, cuyos territorios son apetecidos por capitalistas locales e internacionales.
Esa realidad no cambia por más que haya cambiado el régimen y el gobierno de Xiomara Castro de alguna manera ha implicado un contexto menos hostil a las luchas que levan a cabo organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Así lo explicó su presidenta Bertha Zúñiga Cáceres, quien concedió una entrevista a UNIVERSIDAD tras su participación en el foro “Por los Ríos y por la Vida: experiencias y resistencias con mujeres defensoras”.
En ese evento además participaron Zeidy Rodríguez, del territorio gnäbe de Conte Burica e integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi); Fanny Reyes, del territorio Bröran de Térraba e integrante de la Red de Mujeres Rurales, y Doris Ríos, del territorio cabécar de China Kichá.
La actividad fue organizada por el programa Kioscos Ambientales, a Vicerrectoría de Acción Social (VAS), la Facultad de Ciencias Sociales y las escuelas de Sociología y de Estudios Generales, todas de la UCR, además de la Asociación Tinamaste.
Tras la conclusión del foro, Zúñiga (hija de Berta Cáceres, la emblemática líder del Copinh asesinada en marzo de 2016) concedió una breve entrevista:
Durante la gestión de Juan Orlando Hernández (procesado en Estados Unidos por narcotráfico) se metió acelerador en el proceso de llevar el país a ser prácticamente un narco estado. Desde el Copinh a estas alturas ¿qué balance se hace la gestión de Xiomara Castro?
Nosotras sí analizamos que es muy importante el cambio político que ha habido, porque organizaciones como el Copinh que estábamos en la mira de la persecución del Estado sentimos la diferencia, pero sabemos que las demandas que tenemos Copinh y otras organizaciones que hacen lucha territorial, tienen que ver con temas que son estructurales y que tocan también muchos intereses del Estado, de empresas, de intereses privados y sabíamos, digamos que no iba a ser fácil.
Hemos entregado un pliego de peticiones en junio del año pasado, que se ha asumido íntegramente y de ese pliego de peticiones lo que se ha cumplido es muy poquito.
¿Qué aspectos se incluyen en ese pliego de peticiones?
Temas que tienen que ver con el acceso a la justicia, en el caso de la compañera Berta Cáceres; temas que tienen que ver con la atención a derechos fundamentales como escuelas, centros de salud, o sea, infraestructura básica de las comunidades y también temas de territorio y desmantelamiento de proyectos extractivos.
Entonces el avance es mínimo. Nosotras obviamente sabemos y hemos reflexionado que lo que podamos obtener solo puede ser por el esfuerzo que hagamos como organizaciones desde nuestra movilización, también desde nuestra capacidad organizativa. Entonces también trabajamos cotidianamente en fortalecernos.
Sí, creo que es un poco complejo, porque son gobiernos más populares pero que se asumen dentro de un sistema que tiene mucho obstáculos. Son gobiernos que se hicieron y ganaron por la alianzas con sectores de derecha que no son cercanos a los intereses de los pueblos, entonces eso lo tenemos bastante claro, pero somos un movimiento social y debemos seguir cumpliendo nuestro papel como tal.
Además del tema de los ríos y las hidroeléctricas, ¿qué otras actividades extractivistas pesan sobre los territorios indígenas?
En nuestros territorios también hay proyectos mineros, no tantos como en otras regiones del país, por ejemplo el Aguán, en la colindancia del río Guapinol y el río San Pedro, con la extracción de hierro, que se supone va a ser el proyecto más grande de Centroamérica, lo que ha criminalizado a la gente. Hay muchos en Honduras, proyectos turísticos de estos muy grandes, proyectos de venta del oxígeno, tenemos las dichosas zonas especiales de desarrollo económico, como Próspera, que se se instaló en una parte de (la isla de) Roatán, que tiene una demanda ante el Estado. Ya seis empresas y bancos tienen demandas ante el sistema de arbitraje internacional contra el Estado de Honduras por las nuevas leyes, por decirse que son afectados ahora por por las políticas del actual gobierno, entonces, el sector privado está dando en la batalla bastante fuerte.
Extractivismo hay de todos los formatos. Hay unos proyectos que son los más emblemáticos en cuanto a violación de derechos, que son los que no solo Copinh, sino otras organizaciones, hemos estado denunciando y pidiendo que se retiren la licencias ambientales, que retiren los permisos de operaciones.
O sea hay una presión incluso internacional por el recurso dentro del territorio indígena.
Sí. Por ejemplo Norfund, que es el Fondo de desarrollo de Noruega (ligado a una inversión en energías renovables), dijo que iba a demandar a Honduras en el sistema de arbitraje internacional.
En el futuro inmediato de lo que lo que queda de la gestión de Castro, ¿Hay objetivos que el Coopinh haya planteado que son más alcanzables?
Nosotras clasificamos entre nuestras peticiones algunas que son más realizables, por ejemplo, hacer algunos centros de salud, algunas escuelas en las comunidades, o quitarle las licencias ambientales a este proyecto (de Nordfund), que incluso hubo un juicio denominado el fraude sobre el cual quitarle los permisos de operaciones, eso lo hemos factible. Tenemos también la demanda permanente de un grupo de investigación que dé continuidad y seguimiento respecto a la autoría intelectual del crimen de la compañera Berta Cáceres, eso lo vemos factible.
Este gobierno tardó mucho en consolidarse y arrancar y eso está pasando la factura y siempre hay esa lectura que dice que el gobierno son cuatro años pero de gobernar son dos y de campañas son otros dos, entonces lo que queda no es mucho en realidad, vamos a seguir presionando. Ojalá se logren acercar algunas cosas o instalar las bases para continuar en este proceso de reivindicación de derechos, el escenario político en Honduras siempre es muy inestable, siempre está muy presente el golpe de Estado y hay muchas actuaciones dubitativas, tibias, por lo presente que se tiene el golpe de Estado y muchas presiones de muchos sectores económicos.
Con el cambio de régimen, ¿se ha sentido un cambio en la actitud de de los medios de comunicación hacia las reivindicaciones de los pueblos indígenas?
Sí, en parte. No se sienten tan cómodos como estaban anteriormente los medios de comunicación de hacer campañas tan abiertas de criminalización. Sin embargo también son sectores que hacen criminalización permanente y estigmatización. Los grandes medios de comunicación son muy problemáticos, son de los que participaron en el golpe de Estado, pero pienso que se han instalado una cierta narrativa, sobre todo por las luchas que han hecho las mismas comunidades, que no les permite con tanta facilidad criminalizar tan abiertamente las luchas de las comunidades.
