En el abigarrado e intenso escenario político de la región, América Central ha ido quedando en el olvido, pese a su creciente inestabilidad política.
Los efectos de la pandemia, sobre todo en el llamado triángulo del norte –Honduras, El Salvador y Guatemala– serán devastadores. El análisis es del “Centro Tricontinental” (Cetri), organización basada en Bélgica, que acudió a expertos centroamericanos para analizar la situación de la región.
Debilitados por decenas de programas de ajuste estructural, con la pobreza y la desigualdad extendidas, sometidos a una violencia histórica y a la corrupción, con sistemas de salud y de educación precarios, la pandemia ha empeorado los problemas sociales.
En un escenario actualizado en abril de 2020 la Secretaría de Integración Económica Centroamericana estimó para el 2020 un decrecimiento de 6,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, con una caída menor para el 2021, de 1,4%. El Salvador y Honduras, con caídas de alrededor del 8%, serían los países más afectados. Costa Rica con 5%; Nicaragua, con 4,5% y Guatemala, con una caída de 3,5%, serían los menos afectados. Sin embargo, para Nicaragua, en medio de tensiones políticas y sanciones internacionales, sería el tercer año consecutivo de crecimiento negativo, con caídas similares en 2018 y 2019.
La región aún muestra una alta dependencia al flujo de divisas provenientes de remesas familiares. La Comisión Económica para América Latina (Cepal), en un estudio para “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, recordó que representaron cerca de 20% del PIB en El Salvador y Honduras, y más del 10% en Guatemala y Nicaragua. En Costa Rica tienen mucho menos significación.
Sin embargo, si a finales de abril las perspectivas sobre las remesas eran catastróficas –una reducción del 17% al 20%– proyecciones más recientes, como las del director del Centro de Migración y Estabilización Económica, en Washington D.C., Manuel Orozco, la estiman mucho menor. Los países más afectados serían Costa Rica, con una disminución del 4,7%, El Salvador, con 1,7% y Honduras, con 1,6%. En cambio, en Guatemala y Nicaragua podrían aumentar un 0,4% y 0,9%, respectivamente.
Verdaderos huracanes
Guatemala, la principal economía de la región, “se encuentra en medio de una tormenta que puede convertirse en un verdadero huracán político”.
Se resquebraja la poca institucionalidad existente, dice Gonzalo Marroquín, periodista de larga trayectoria en el país, quien nos recuerda, además, el paso de los huracanes Eta e Iota que, en poco más de quince días, han golpeado profundamente el país. A la vuelta tenemos cantada una crisis social, sin olvidar el COVID-19, afirma.
La crisis en el Ejecutivo se acentuó este 20 de noviembre, cuando el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió al presidente Alejandro Giammattei que ambos presentaran su carta de renuncia, por no haber podido cumplir las promesas de campaña.
Guatemala, la principal economía de la región, “se encuentra en medio de una tormenta que puede convertirse en un verdadero huracán político”, Gonzalo Marroquín.
La aprobación del presupuesto por la Asamblea Legislativa, la semana pasada –“parte de un pacto siniestro entre la clase política”, afirma Marroquín– dio paso a protestas en todo el país.
Los recursos fueron manejados de manera opaca y destinados para pagar los favores y deuda a políticos en la parte de la infraestructura, dice David Casasola del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Preocupa especialmente el aumento de la deuda pública, de 41% en dos años, aunque la deuda de Guatemala representa menos del 30% del PIB.
El sábado 21 los manifestantes incendiaron oficinas del Congreso en la capital, mientras las manifestaciones se extendían por varios departamentos.
Narcotráfico
En Honduras, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Juna Carlos Sikaffy, estimó, la semana pasada, que la economía podría caer este año cerca del 11%, consecuencia no solo de la pandemia, sino también del paso de los huracanes Eta e Iota, que afectaron particularmente ese país.
¿A dónde va Honduras?, se preguntó el equipo de investigación del Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), una institución asociada al National Endowement for Democracy de los Estados Unidos, en un trabajo publicado en septiembre pasado.
Honduras abrazó con gran entusiasmo el neoliberalismo en la administración nacionalista del presidente Callejas (1990-1994), dijo el informe. Se olvidó del sistema de salud pública -ya de por sí precario- y permitió que la empresa privada lo comercializara.
“Cuando se presentó la COVID-19, para ellos fue como sacarse la lotería”. Ya no les bastó el 10% o 15% que cobraban de comisión, sino que la subieron al ¡70% por ciento! “Se lanzaron a traficar con todo cuanto servía para la pandemia, desde mascarillas, guantes, desinfectantes, ventiladores, oxígeno, pruebas para detectar el virus, hasta hospitales móviles”, señaló el Cedoh.
Desde el golpe de Estado de julio del 2009 el país está gobernado por el conservador Partido Nacional, “que se hizo con el poder después de la intempestiva salida de Zelaya y lo ha mantenido en medio de denuncias de fraude, corrupción y vínculos con el narcotráfico”, según un análisis de la BBC que cita al jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC).
“En medio de un pacto de impunidad y de una pandemia que ha extremado los actos de corrupción de los más cercanos al presidente Juan Orlando Hernández, se anuncia el cuarto proceso electoral”, que se realizará en noviembre del año próximo, “en el marco de la institucionalidad damnificada que heredó el golpe de Estado de 2009”, dijo Moreno, en reciente artículo publicado en la revista hondureña Envío.
Según el jesuita, “Hernández actúa sobre la base de que es pública y oficialmente reconocido como narcotraficante, y esto no solo significa el riesgo de que en cualquier momento puede ser requerido por la justicia estadounidense, sino también que se mantiene en la mira vengativa de diversos líderes narcos”. Su estabilidad presente y futura –agrega– “se sostiene únicamente por la alianza con los militares y su círculo familiar y político más cercano”.
Indestructible
El próximo 28 de febrero se celebrarán elecciones legislativas en El Salvador. Las expectativas –registradas en casi todas las encuestas– es de que “Nuevas Ideas”, el nuevo partido del presidente Nayib Bukele, logrará una cómoda mayoría. En una cámara de 84 diputados la mayoría simple es de 43. Pero no se descarta que el mandatario logre mayoría calificada, de 56.
En febrero del año pasado ganó las elecciones con 53% de los votos. Con cerca de 50% de abstenciones. Pero no tenía un partido político propio y quedó sin apoyo en la Asamblea Legislativa. Ahora tiene uno con el que pretende controlarla. Con mayoría calificada podrá suspender las garantías constitucionales, elegir magistrados de la Corte Suprema o el Fiscal general, y contraer deudas ante organismo multilaterales.
Bukele luce cada vez más indestructible, opinó el periodista Roberto Valencia, en un artículo publicado en el Washington Post el pasado 22 de julio.
Desde hace dos años las caravanas de migrantes centroamericanos salen en busca de oportunidades en Estados Unidos. Hasta que Trump impuso a México y Guatemala condiciones para interrumpir ese flujo.
Con cerca de 6,8 millones de habitantes, un cuarto de la población salvadoreña –1,6 millones de personas– ha emigrado. Casi todos a Estados Unidos.
¿Por qué los salvadoreños huyen?, se preguntó Bernard Duterme en un artículo publicado por el Cetri en marzo pasado.
Son las mismas por las que huyen los guatemaltecos y los hondureños: una criminalidad desbordada, las pandillas o maras, responsables de la muerte de unas 150 mil personas entre 2006 y 2016, que transformaron la región en una de las más peligrosas del mundo. Violencia alimentada por un modelo de desarrollo fracasado, dice Duterme.
Las remesas superan las exportaciones del país. En julio pasado dos investigadoras de la Universidad de El Salvador –Gilma Lizama y Lorena Dueñas– publicaron un estudio sobre la pobreza. Según sus estimaciones, afectaría entre 31% y 39,5% de la población salvadoreña a finales del año, dependiendo del impacto del COVID-19.
Ultima oportunidad
En Nicaragua el PIB caerá por tercer año consecutivo. Se estima que alrededor del 4,5% este año, después de haber caído un 3,9% el año pasado, y 4% en el 2018, en medio de la crisis social y política que afecta al país desde hace más de dos años.
Las previsiones eran peores que antes. En mayo The Economist previó una caída del 6,5%, con un aumento del desempleo hasta el 9%.
Pero el mayor desafío que enfrenta el país es el político. Desde las protestas de abril del 2018 el gobierno ha intensificado la represión con un saldo de cerca de 300 muertos, cerca de 115 presos y medios de comunicación cerrados o confiscados.
Las próximas elecciones generales se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021, con la oposición tratando de unificar sus fuerzas para derrotar el sandinismo en las urnas.
Pero la lucha política se libra también en el escenario internacional, donde la oposición cuenta con el respaldo de la administración Trump y de la Unión Europea.
En octubre, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución titulada “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”.
Promovida por una coalición de algunos de los gobiernos más conservadores de la región –Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela (representada por un delegado de Juan Guaidó)– la resolución obtuvo 20 votos favorables, de 34 países presentes. México y Argentina, entre otros, se abstuvieron.
La resolución exige siete reformas del sistema electoral nicaragüense a más tardar en mayo del año próximo. O sea, seis meses antes de las elecciones.
A mediados de octubre el parlamento nicaragüense aprobó una ley de regulación de agentes extranjeros que busca controlar el financiamiento extranjero de los más diversos tipos de organizaciones civiles, contra la que se habían manifestado tanto Estados Unidos como la Unión Europea.
En el Parlamento Europeo, 609 diputados (de 694) condenaron esa medida y aprobaron una resolución pidiendo la ampliación de sanciones a autoridades e instituciones del país, “teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo de Nicaragua”.
A pesar de todas las sanciones ya aplicadas, “que han afectado la economía del régimen y a pesar de que la economía nacional concluye el 2020 con tres años seguidos de recesión, el régimen tiene reservas suficientes para responder al clientelismo preelectoral y hasta para presentar alguna mejoría económica a lo largo del incierto año electoral 2021”, estimó la revista Envío.
Según la agencia Standard and Poor (S&P) –agregó la revista– el escenario para 2021 en Nicaragua “es de estabilidad macroeconómica y de un ligero crecimiento de la economía (0,5%), en un contexto de inestabilidad política”.
Manejo irresponsable e incompetente
En Costa Rica la pandemia ha servido de escenario por la lucha de los recursos públicos y de la discusión de quiénes deberán aportar más para financiar los gastos que la atención del COVID-19 exige. Un debate que se da en medio del crecimiento de la deuda pública que sectores empresariales quieren enfrentar reduciendo el gasto y vendiendo empresas estatales.
En ese escenario el país ha vivido manifestaciones callejeras y cierres de carreteras hasta que el Gobierno decidió convocar a un mega “diálogo sectorial”, concluido el sábado pasado.
Para el economista Leiner Vargas, en cambio, “no existe en los acuerdos ningún estudio técnico serio que justifique el efecto directo o indirecto de dichas medidas. Se hacen números alegres sin mirar las consecuencias de los cambios propuestos. Nunca he visto en el país un nivel de manejo de la cosa pública más irresponsable e incompetente”.
Durante tres semanas se reunieron representantes de los más diversos sectores.
El Presidente de la República ha estado en todas las plenarias, recordó la socióloga Ciska Raventós, que participó en representación de un grupo de mujeres. “Ha sido un proceso muy atropellado, no ha habido tiempo de agregar las propuestas y de pensarlas en conjunto. No hubo un sistema para tratar de llegar a acuerdos. Todo fue a la carrera, muy agotador”.
El economista Gerardo Corrales, de tendencia neoliberal, lamentó que el sector empresarial no estuvo dispuesto a un enfrentamiento público con los sindicatos para exigir una “Ley de Empleo Público” que unifique los salarios del sector y elimine las convenciones colectivas. Criticó, además, los recortes al gasto público, que no son, en su opinión, suficientes para hacer frente a la situación fiscal.
“Yo creo que el gran logro nuestro en esta mesa de diálogo fue evitar que los grupos sindicales y sociales se salieran con la suya de implantar impuestos a las zonas francas, la renta mundial, e impuestos a la riqueza”, agregó.
La preocupación del sector empresarial, dijo el economista Daniel Vartanian, es tratar de evitar un mayor déficit a costa de lo que sea: del gasto social, del empleo público, del salario escolar o la venta de activos y evitar así la tentación del ejecutivo de gravar las rentas de grupos empresariales o de sectores exonerados, como las zonas francas.
El debate ahora se trasladará al Congreso, adonde el Gobierno deberá remitir los proyectos de ley que estime pertinentes y donde los sectores conservadores, aliados del Ejecutivo, tienen amplia mayoría.
