Canal de Nicaragua: “Jamás oirán hablar de concesiones a capitales extranjeros en Estados Unidos”

Con ilustraciones como esta, el gobierno de Daniel Ortega ha promocionado la construcción de un canal interoceánico con una empresa china. El plan ha

Con ilustraciones como esta, el gobierno de Daniel Ortega ha promocionado la construcción de un canal interoceánico con una empresa china. El plan ha recibido fuertes críticas de diversos sectores en Nicaragua, por atentar contra la soberanía del país. (Foto: gobierno de Nicaragua)

Se alzó Sandino contra la intervención norteamericana en Nicaragua a fines de 1926 y el presidente Calvin Coolidge ya tenía, dos meses después, 16 barcos de guerra, 3900 soldados y 865 marines en Nicaragua, para imponer en el Gobierno a Adolfo Díaz y proteger sus intereses en el país, sobre todo los derechos canaleros estipulados en el tratado Chamorro-Bryan, de 1914.

Está, pues, por cumplirse un siglo de historia en torno al proyecto de un canal que aún no se ha construido. Pero hace tan solo algunos días, el Gobierno de Nicaragua le dio una nueva vuelta de tuerca a esa historia, al aprobar la Asamblea Legislativa, el pasado 13 de junio, la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas”. El propósito primordial de esa ley “es regular el otorgamiento de las concesiones, los incentivos a la inversión y otros derechos” al inversionista dispuesto a construir un canal interoceánico a través de Nicaragua.

Como hace cien años, la concesión, otorgada ahora a la empresa china HK Nicaragua Canal Development Investment Co. (HKDN), despertó polémica en Nicaragua. Entonces un antecesor de Coolidge en la presidencia de Estados Unidos, Woodrow Wilson, había advertido: “Han oído hablar de concesiones otorgadas a capitalistas extranjeros en la América española. Jamás oirán hablar de concesiones a capitalistas extranjeros en los Estados Unidos… Las naciones que se ven obligadas a otorgar esos privilegios están expuestas a que los capitalistas extranjeros dominen sus asuntos domésticos: una condición nacional que siempre es peligrosa y que puede llegar a ser intolerable”.

El historiador costarricense Vicente Sáenz analizó en detalle esta concesión en su obra más difundida: “Rompiendo Cadenas”.

 

El Tratado Chamorro-Bryan consta de tres “artículos ignominiosos”, afirmó. En el artículo primero Nicaragua cedió a perpetuidad, “libre de todo impuesto u otra carga pública, los derechos de propiedad necesarios para la construcción, funcionamiento y conservación de un canal interoceánico. En el segundo, concede en arriendo a Estados Unidos las Islas de Maíz y el derecho de establecer una base naval en el golfo de Fonseca, ambos por 99 años, renovables. Por esos derechos, Nicaragua recibiría $ 3 millones de la época.

HISTORIA ACTUAL

Cien años después, el nuevo contrato otorga a una empresa china, con base en Hong Kong, la construcción de un canal húmedo entre los océanos Atlántico y Pacífico, un puerto y un aeropuerto en cada costa, un oleoducto, una línea férrea para un canal seco y la creación de dos zonas de libre comercio, así como toda la infraestructura necesaria para la operación de esos servicios.

Todo a un costo estimado de $ 40 000 millones (cuatro veces el Producto Interno Bruto de Nicaragua), una cifra que ya ha sido cuestionada por otros cálculos, que la estiman muy superior.

Una obra gigantesca que, en opinión de los expertos, tendrá profundas repercusiones económicas, sociales y ambientales en toda la región.

Gran promotor de la nueva ley de concesiones, el presidente Daniel Ortega insistió en que el canal será el gran motor del desarrollo nicaragüense, y una alternativa al canal de Panamá, sobrepasado por las dimensiones crecientes de los grandes transportes de contenedores, pese a la inversión de más de $ 5000 millones que permitirá ampliar su capacidad a partir del año que viene.

La concesión es, en este caso, por 50 años, prorrogables a voluntad del inversionista, además de otros privilegios que han sido criticados por diversos sectores en Nicaragua.

Once universidades privadas nicaragüenses plantearon sus dudas en un documento en el que plantean doce preguntas. La primera es por qué otorgar al concesionario la decisión de prorrogar o no la concesión, y sigue con la identidad de los accionistas de una empresa “Desarrolladora de Grandes Infraestructuras, S.A”, que la ley menciona como el “inversionista”, pero de la que no se tiene la identidad de los propietarios.

Otros privilegios otorgados al concesionario son el “silencio administrativo” favorable a la empresa, que se reduce de los 30 días habituales a 14; el concesionario solo se compromete a “procurar” que el Estado reciba un pago de $ 10 000 millones anuales los primeros diez años, pero no lo establece como una obligación; se concede amplias facultades para expropiar los terrenos que la empresa considere necesarios para sus actividades; o se exonera al concesionario de toda responsabilidad civil o penal por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión.

Quizás más grave es a lo que se refiere la pregunta No. 10: “¿Por qué la ley establece en el artículo 13 de la ley 840 que el Estado nicaragüense renuncia a su ‘inmunidad soberana’ frente a cualquier reclamación o conflicto con el inversionista, si la soberanía del Estado nicaragüense es una atribución y principio constitucional que no puede ser anulada ni disminuida por una ley ordinaria?”.

El Consejo Superior de Universidades privadas pide y espera un diálogo profundo y serio con el Gobierno, para abordar estas interrogantes”, dice la nota.

Otros críticos señalan, inclusive, que corren riesgo las reservas del Banco Central de Nicaragua. “Según el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo, las autoridades del Banco Central de Nicaragua (BCN) están obligadas a suscribir un documento en el que renuncian a su inmunidad soberana, y a su derecho de invocarla en cualquier probable juicio futuro”, afirma la revista nicaragüense Confidencial.

DUDAS AMBIENTALES

El proyecto ha despertado también dudas en materia ambiental, planteadas por algunos de los asesores más cercanos al Gobierno en esa materia.

El asesor para Asuntos Ambientales, Jaime Incer, un científico reconocido internacionalmente, expresó su preocupación por las consecuencias que el canal tendría para el lago Cocibolca.

El canal por Nicaragua tendría cerca de 280 kilómetros de extensión, frente a los 80 del de Panamá. Según declaraciones de Incer, citadas por el escritor Sergio Ramírez, “todas las rutas propuestas para el Gran Canal que conectará al mar Caribe con el océano Pacífico, y por el que circularían los grandes buques post Panamax, pasan a través del Gran Lago de Nicaragua, cuya superficie se acerca a los 10 000 metros cuadrados. Pero contra lo que los profanos pensamos, el lago es sumamente superficial, y su escasa profundidad no es apta para esos megabarcos que cargan hasta 15 000 contenedores y tienen un calado mínimo de 20 metros”.

Como consecuencia, habría que excavar un canal dentro del lago: “La remoción de sedimentos de semejante dragado enturbiaría las aguas del Gran Lago de tal manera, que dejarían de ser potables y la vida de toda su fauna llegaría a su fin”, advierte Ramírez, citando a Incer.

Este último recordó que el mismo Ortega lo declaró como un “reservorio de agua potable” que podría suplir a toda Centroamérica y había asegurado, en el 2007, que ningún canal pasaría por el lago. Una promesa ahora desechada.

El director del Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Salvador Montenegro, si bien dice que la construcción de un cauce de 30 metros de profundidad, 300 de ancho y 90 km de longitud, que atraviese el lago no sería un problema técnico insalvable, plantearía desafíos como encontrar dónde disponer “810 millones de toneladas de lodo arenoso resultante de la excavación inicial”.

RÍO SAN JUAN

En opinión de Montenegro, tampoco el río San Juan “saldría incólume” de este proyecto. El caudal del río San Juan depende del nivel del agua del lago Cocibolca, que es de 31,10 metros sobre el nivel de mar en un año normal, afirmó.

Este año, particularmente seco, hizo que ese nivel bajara 40 centímetros, “apareciendo extensos playones e impidiendo el tránsito de embarcaciones como los trasbordadores de Ometepe (cuyo calado es apenas de 1,4 metros), y los barcos de la Empresa Portuaria Nacional Hilario Sánchez y Gustavo Orozco (1,6 m de calado) y el 13 de Octubre (1,80 m), además de lanchas artesanales.”

Para el funcionamiento del canal, se necesitaría elevar el nivel del lago hasta 33 metros, para lo que hacen falta 15,2 millones de m3 de agua. Para que el proyecto resulte viable, Montealegre asegura que “resulta indispensable represar el río San Juan. No hay alternativas. Sin esta represa no podría elevarse el nivel del Cocibolca hasta los 33 m”.

“El costo ambiental es que aguas abajo de la represa, el río San Juan desaparecerá, convertido en un hilo de agua, hasta la confluencia 40 o 50 kilómetros río abajo, donde recibe las aguas de los ríos ticos San Carlos y Sarapiquí. También, es previsible que haya inundación de territorios aledaños, tanto en tierras ticas como nicas”, agregó.

ESCENARIO INTERNACIONAL

Un canal como ese transformaría la economía y el panorama social de Centroamérica, estiman los expertos. Como un proyecto regional, podría ser motor de una verdadera integración. En su formato actual, sin embargo, no solo despierta inquietud en Nicaragua, sino que exige un acompañamiento cuidadoso por parte de las cancillerías de todos los países, así como estudios académicos que permitan prever sus consecuencias, en particular para Costa Rica.

Pero despierta también especulaciones en otros países. En Colombia, la excanciller Noemí Sanín y el diplomático Miguel Ceballos han expresado su preocupación. En un artículo en la revista Semana, señalaron que “como parte de su visión geopolítica, China viene desarrollando una sofisticada estrategia de expansionismo económico, con un evidente trasfondo político”.

Según ambos autores, después que la Corte Internacional de Justicia de La Haya redefinió los límites marítimos entre los dos países en el Caribe, en un fallo del 19 de noviembre pasado, “la alianza nica-china podría garantizar un mejor acceso al Caribe por la parte sur de San Andrés, sin necesidad de atravesar el mar colombiano”.

Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con el Gobierno chino, sino con Taiwán, un factor que no deja de ser destacado por los analistas. Una situación difícil de mantenerse si las obras avanzan.

Para China, el canal le permitiría “un acceso estratégico muy cerca de América del Norte, que en este momento no tiene”, en opinión del investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de México, Heinz Dieterich, en declaraciones a la BBC.

José Luis León Manríquez, investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM, recordó, que China tiene hoy una presencia económica en América Latina “que ni Japón en los años 90 ni la Unión Soviética en los 70 jamás imaginaron”, situación que no parece preocupar a Washington, por ahora.

Se habla de que el canal podría estar operando parcialmente en el 2019, pero parece un escenario demasiado optimista para una obra que tiene una historia larga y dimensiones colosales.

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