Condena a Lula

Brasil con camino cerrado a los acuerdos políticos de cara a las elecciones de octubre

“Él está siendo juzgado por los crímenes que practicó.Y la justicia brasileña rescata la decencia en el país”.Ronaldo Caiado,líder del conservador DEM en el senado.

“Lo que testimoniamos hoy fue la confirmación por el TRF-4 de una condena política, ilegal e inmoral, anticipada por la prensa”. Fátima Bezerra, senadora del PT.

El 12 de julio del año pasado, el juez federal Sergio Moro condenó Lula a nueve años y medio de prisión, acusado de corrupción y lavado de dinero. El juicio giró en torno a la propiedad de un departamento tríplex en la playa de Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo. Según la acusación, la constructora OAS habría regalado a Lula el departamento, a cambio de jugosos contratos con la petrolera estatal Petrobrás, parte de un enorme caso de corrupción que Moro viene investigando desde marzo de 2014.

Si bien exministros y altos cargos del PT, empresarios y algunas de las empresas más importantes del país están bajo investigación, el objetivo principal de la investigación es, sin duda, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, el líder político más popular del país.

Candidato favorito en todas las encuestas de cara a las elecciones de octubre próximo, la confirmación de la condena hace prácticamente inviable su candidatura, pues durante su gobierno se aprobó la ley de “ficha limpia”, precisamente para impedir que quienes hayan sido condenados por los tribunales puedan ser candidatos a cargos electivos.

Polémica

En este contexto, el juicio y la condena no podían escapar a una intensa polémica, tanto en torno a su desarrollo jurídico, como a su contenido político.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, señaló dos aspectos que, para él, hacen de la sentencia algo sin sentido. En declaraciones a la BBC, Zanin señaló: “el Ministerio Público no pudo trazar el camino del dinero. O sea, su recorrido desde los contratos supuestamente fraudulentos entre la OAS y Petrobrás y el departamento de Guarujá”. “La acusación tampoco habría mostrado cuál fue el acto específico de Lula en retribución a la supuesta “propina”, lo que es necesario para caracterizar el crimen de corrupción”.

No existe documento alguno que certifique la propiedad del inmueble por parte de Lula, ni evidencia de que él o alguno de sus familiares lo hayan ocupado, alquilado o lo hayan usado en alguna ocasión. El departamento sigue a nombre de la OAS que, inclusive, lo ha utilizado para operaciones financieras.

Para Renato Rovai, editor de la revista Forum, el relator, João Pedro Gebran Neto, usó como base de su argumentación para la condena la llamada “teoría del dominio del hecho”; no para “probar que el departamento fuera de Lula, sino para construir una narrativa en la que el expresidente era exhibido como jefe de una banda de delincuentes”.

Sobre Gebran, escribió la revista Veja (junto con la poderosa cadena Globo, Veja encabezó la campaña mediática contra Lula): “Moro todavía tiene buen corazón, eventualmente concede algún habeas corpus, Gebran no”.

Para O Globo, la sentencia es la mayor derrota de la vida del expresidente, equiparables con el fracaso en las disputas por la presidencia en 1989, en 1994 y en 1998.

Para el periódico hay pruebas suficientes para mostrar como un sencillo apartamento (de un piso) fue comprado por la esposa de Lula (ya fallecida) y luego, con el marido en el Gobierno, se transformó en un tríplex donado al expresidente.

El tribunal

En comentarios de los medios sobre Gebran se puede leer: “riguroso en la aplicación de la pena a Lula, el relator disminuyó la pena del expresidente de la OAS, José Adelmário Pinheiro Filho y redujo de forma significativa la pena del exdirector de la OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros”.

El presidente del tribunal de apelación, Leandro Paulsen, pidió para juzgar el caso de Lula “después de apenas seis días útiles examinando el caso, a pesar de que el proceso tienen decenas de miles de páginas y enorme volumen de video de audiencias”.

Según datos divulgados por la revista Pragmatismo Político, Paulsen aceleró el juzgamiento de Lula que, a ritmo normal, habría sido mucho después de las elecciones de octubre.

Para eso lo puso por encima de 237 casos pendientes de resolución en el Tribunal, con el argumento de que los asuntos de corrupción tendrían prioridad. Pero muchos de los postergados son también casos de corrupción, un procedimiento que ya anticipaba el resultado de la apelación.

Ya el reconocido jurista italiano, Luigi Ferrajoli, había advertido contra los procedimientos utilizados en el caso Lula. Ferrajoli habló de la “impresionante” falta de imparcialidad en el caso lo que, para él, deja en evidencia que la finalidad de todo el proceso “es impedir que Lula dispute la presidencia de la República”.

En todo caso, quien puede impedir su candidatura es el Superior Tribunal Electoral. Lula podrá acudir también el Superior Tribunal de Justicia para cuestionar aspectos legales de la sentencia, y al Superior Tribunal Federal, para aspectos constitucionales.

El camino judicial para evitar la candidatura de Lula no está completamente cerrado, pero todos los especialistas indican lo complejo que será cualquier intento de evitar que le apliquen la disposición de la “ficha limpia”.

Decisión politizada

Paulo Sérgio Pinheiro, exministro de Derechos Humanos en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, calificó el juicio de una “gran farsa”, la segunda desde la destitución de Dilma Rousseff.

Presidente de la Comisión Internacional de Investigación para Siria de las Naciones Unidos, organismo donde ha desempeñado diversos cargos, Pinheiro habló de “sentencia increíble”. El tribunal de apelación “no logró encontrar ningún defecto en la sentencia de Moro, que ya era un escándalo”, afirmó. “Esta decisión confirma que en el actual sistema judicial brasileño no hay condiciones para que Lula sea examinado por una justicia ecuánime”. No hay la menor duda –agregó– de que el objetivo de esta sentencia es “sacar a Lula de las elecciones”.

En público, algunos de los principales adversarios políticos de Lula, como el expresidente Fernando Henrique Cardoso; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; o el actual ministro de Hacienda y posible candidato, Henrique Meirelles, dicen preferir unas elecciones con la participación de Lula.

Pero este no parece ser el criterio de los jueces. Al final, se pregunta el columnista del diario Folha de São Paulo, Vladimir Safatle, el pasado 26 de enero, lo que estamos viendo es “¿el fortalecimiento de un Poder Judicial autónomo, capaz de combatir la corrupción en las más altas esferas del Estado, o el último capítulo de un golpe que busca aniquilar las posibilidades de uno de los grupos políticos hegemónicos en la política brasileña en las últimas décadas de volver al poder?”

Como dijo Safatle, la saña anticorrupción en Brasil llega hasta Lula, pero termina ahí. Un país donde Lula es condenado, Temer es presidente y Aécio Neves (el candidato derrotado por Dilma Rousseff en las últimas elecciones, también acusado de corrupción) es senador, es algo de la orden del escarnio, afirmó.

Para otros, como el exjuez federal Flávio Dino, gobernador del norteño estado de Maranhão, el resultado de este proceso es que “tendremos un país muy fracturado”, una sociedad “mucho más polarizada”.

(Créditos: Foto de archivo)


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