Argentina recupera control del petróleo con nacionalización de empresa

Como un vaho de aire fresco o el fin de una pesadilla, la decisión de la presidente argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar la exploración

Como un vaho de aire fresco o el fin de una pesadilla, la decisión de la presidente argentina, Cristina Fernández, de nacionalizar la exploración petrolera en su país sugiere el fin de una época de privatizaciones en América Latina, celebrada con euforia en las calles de Buenos Aires.

En cambio, en los salones de conferencias y despachos de gobierno en Madrid o en Bruselas, era evidente la incomodidad y la sorpresa ante la decisión de Buenos Aires, sin que se encontrara  otra reacción posible más allá de amenazas de represalias.

Nadie quedó impasible ante la noticia de la renacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), anunciada por la presidente argentina la semana pasada y quizás la frase del hoy entrenador de fútbol del Athletic de Bilbao, el argentino Marcelo Bielsa, resume bien lo que piensa un sector importante del país. En una entrevista de prensa en España, Bielsa respondió al periodista: “No corresponde ni que usted la haga ni que yo la responda, pero celebro que mi país haya recuperado una fuente tan importante para su futuro”.

 

No faltaron en Argentina, sin embargo, sectores de la oposición que criticaron la medida y pusieron en duda la capacidad del Estado para administrar la empresa, un debate que apenas empieza en el Congreso, donde se deberá discutir y votar la ley de nacionalización.

NACIONALIZACIÓN DE YPF

La empresa emblemática YPF era para los argentinos, lo que PEMEX para los mexicanos o Petrobrás para los brasileños. Todas han estado bajo presiones de diferentes esquemas privatizadores y son empresas fundamentales para garantizar la exploración de un recurso básico, el cual es clave  para el desarrollo nacional y tecnológico, además de ser fuente de enormes recursos financieros para el país.

Estas empresas se fueron, entregadas a capitales extranjeros, bajo el pretexto de la necesaria globalización, y se había ido renunciando al control de recursos naturales indispensable para el desarrollo del país.

Fernández declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, controlada por la española REPSOL desde hace más de una década, cuando el presidente Carlos Menem decidió privatizarla.

“La decisión de llevar adelante el proyecto que declara de interés público la explotación de hidrocarburos y la expropiación del 51% de YPF está vinculada con un tema estratégico para la Argentina”, afirmó.

Según expertos argentinos, la renta petrolera permitió crear en el país, “desde 1934 hasta 1989, toda la infraestructura diaria nacional y provincial, construir la red troncal y expandir las redes domiciliarias de gas. Esos fondos fueron también determinantes para la construcción de todas las represas hidroeléctricas, aportaron a las cajas de previsión y financiaron a otras empresas del Estado”.

De las acciones expropiadas, el 51% pasarán a control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias que cobijan los recursos, de acuerdo con el proyecto de ley, que consta de 19 artículos. La valoración de la compañía —REPSOL pide por el 51% $10.000.000— será efectuada por el tribunal de tasaciones argentino, y no por tribunales internacionales.

Cuando REPSOL decidió vender 25,4% de las acciones de YPF a un empresario argentino, el precio acordado fue de $1.304.000.000. Ahora, por el doble de las acciones, está pidiendo ocho veces más. El Gobierno argentino no ha mencionado el precio que piensa pagarle a REPSOL, pero ya ha rechazado la pretensión de la empresa.

MINAS DE ORO

“Una América Latina que se recupera de las ‘décadas perdidas’ neoliberales, en las cuales las empresas transnacionales españolas hicieron su agosto en procesos de privatización más que dudosos, por decir lo menos” es como se comenta, en un artículo publicado en la página de Internet “Sinpermiso”, el pasado 16 de abril, la decisión del Gobierno argentino y el papel de las transnacionales españolas en la región. Fue en este proceso privatizador, agregan, que estas compañías “terminaron por constituirse como empresas transnacionales”.

Este proceso está descrito en un reciente trabajo del colectivo argentino “Economistas de Izquierda” (EDI), citado en el mismo artículo: “REPSOL se apoderó de YPF cuando el barril, que actualmente ronda los $100, solo costaba $20 y dedicó su gestión a vaciar los pozos ya descubiertos”.

“También, giró sistemáticamente utilidades al exterior e invirtió en otras regiones (EEUU, Brasil, México, Caribe y África). Argentina figuró siempre como la principal fuente de ingresos de la compañía y la renta del subsuelo nacional fue destinada a abrir negocios en otras latitudes”.

El grupo “Ecologistas en Acción”, por su parte, recordó que REPSOL, “una pequeña empresa petrolera entonces, pudo comprar YPF gracias, entre otras cosas, a que el gobierno de Carlos Menem puso en venta la otrora empresa pública a precio de saldo y en un proceso plagado de irregularidades”.

YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de REPSOL y alrededor del 40% de sus reservas. El año pasado cerró con un beneficio de explotación de 1.231 millones de euros. Esto representó el 25% del total de lo obtenido por la empresa española.

El viceministro de Economía argentino, nombrado subinterventor de YPF, Axel Kicillof, precisó que REPSOL —como controladora de YPF— “ha tenido una rentabilidad muy alta durante toda la época privada” y apuntó que “retiró unos $16.000.000 en dividendos, no en títulos”, además de lo que obtuvo por la venta del 25% de la empresa, cuando decidió reducir su participación en YPF al 57% actual.

REPSOL no fue la única empresa española que se benefició de la época de privatizaciones en Argentina, sobre todo en los años 90. La empresa Telefónica controla cerca de 30% del mercado en ese país —sobre todo el de telefonía móvil—, el cual le dejó $1.085.000.000 en beneficios el año pasado. Por su parte, el Banco de Santander  —el primer banco privado del país, con 2,5 millones de clientes— logró beneficios por $287.000.000. El año pasado, unos $6.155.000.000, más de la mitad de las ganancias del banco, fueron obtenidas en América Latina, donde su principal mercado es Brasil. Esto transformó la región en una verdadera “mina de oro” para esas compañías.

PROTESTAS ESPAÑOLAS

En España se han multiplicado las voces de crítica a la decisión argentina. A las amenazas del presidente del Gobierno y sus ministros, se han sumado los medios de comunicación, que les hacen eco casi sin fisuras.

El jefe del ejecutivo, el conservador Mariano Rajoy, aseguró que “allí donde haya una empresa española, estará el Gobierno defendiendo como propios sus intereses”.

El líder de la oposición y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el socialdemócrata Alfredo Pérez Rubalcaba, apoyó al Gobierno en las decisiones que adopte y habló con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, para expresarle su apoyo a la empresa.

Rosa Díez —diputada y portavoz de otro partido de oposición Unión Progreso y Democracia (UPyD)— afirmó que la decisión de Argentina genera un problema de “inseguridad jurídica” a las empresas españolas y europeas, y exigió una “respuesta” no solo al Gobierno, sino también a la Unión Europea. “No se puede consentir que a mitad del partido se cambien las reglas del juego. Ni Argentina ni ningún otro país”, estimó.

El canciller José Manuel García-Margallo expresó su preocupación por una medida que, en su opinión, “quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios”; mientras el  ministro de Industria, José Manuel Soria, hablaba de represalias.

Rajoy aprovechó su participación en el Foro Económico Mundial, en Puerto Vallarta (México), para reiterar sus críticas y recibir el apoyo de los presidentes Felipe Calderón de México, Otto Pérez de Guatemala y Sebastián Piñera de Chile.

Pero el Presidente del gobierno español tiene otras tareas, aún más difíciles de resolver, como la crisis económica por la que atraviesa y que ha decidido enfrentar con medidas de austeridad que hunden cada vez más el país en esa crisis.

Según un portavoz de La Moncloa, citado por el diario El País, el mensaje de Rajoy “no es tanto qué puede hacer España por América Latina como qué puede hacer América Latina por España”.

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