Adiós a la democracia, bienvenida la democracia

Ecuador y Bolivia lidian con estrategias que impiden al partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y al del exmandatario, Evo Morales, participar en próximos procesos electorales.

Con el mundo llegando a los 17 millones de casos y a los 700 mil muertos por coronavirus, Brasil y Estados Unidos siguen encabezando esta lista macabra. Con cerca de 1.200 muertes diarias, Estados Unidos ya supera las 150 mil, mientras que Brasil se acerca rápidamente a las 90 mil. El martes 21 de julio se conocieron casi 68 mil casos nuevos en el país, un récord para un solo día, cifra similar a la de Estados Unidos, que tiene una población 50% mayor a la de Brasil.

India, donde la pandemia se extiende rápidamente, Rusia y África del Sur siguen en la lista. Luego aparecen otros tres países latinoamericanos: México, Perú y Chile.

En Brasil “lo que estamos viendo es un desastre científico, y no hay quien tenga credibilidad para decir lo que hay que hacer”, aseguró la semana pasada el exministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, despedido a mediados de abril por el presidente Jair Bolsonaro.

Sin ministro de Salud desde el 15 de mayo, el ministerio está entregado a los militares y encabezado, de forma interina, por el general Eduardo Pazuello, sin ninguna experiencia médica.

La pandemia rebrota en Inglaterra, Francia, España, Alemania, en realidad, en todas partes. 285 mil nuevas infecciones en todo el mundo marca nuevo récord diario, afirmaba el pasado viernes 24 el diario británico The Guardian.

Adiós a la democracia

En medio de la pandemia, Ecuador –con más de 50 mil muertos– y Bolivia –con 2.500– “viven uno de los momentos más oscuros de su historia”, dice Héctor Bernardo en la página argentina Contexto. En su opinión, ”la recuperación de la democracia parece un horizonte cada vez más lejano”.

En Ecuador tomaron el control del gobierno mediante la traición; en Bolivia, mediante el golpe Estado. “Luego intentaron encarcelar a los líderes y principales referentes del campo popular: Rafael Correa y Evo Morales”. Como en Brasil, en Honduras o en Paraguay. O como lo han hecho desde siempre en Colombia. O aun antes, como en el Chile de Salvador Allende.

Pero ahora con el mecanismo del llamado lawfare. Derrotados en las urnas, imposibilitados de dar los golpes militares tradicionales, han montado mecanismos judiciales politizados para deshacerse de los enemigos políticos.

En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó sin efecto la inscripción de Fuerza Compromiso Social, el partido que representaría el correísmo en las elecciones presidenciales de 2021.

En Bolivia, el gobierno de facto solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS) e inhabilitar la candidatura a presidente de Luis Arce. Ya había prohibido la de Evo Morales. El tuit del empresario Elon Musk, asegurando que derrocaría a quien quisiera con tal de hacerse con el litio indispensable para sus proyectos, revela los intereses de quienes están detrás de esos golpes.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa se preguntó: “¿Se imaginan, siete meses antes de las elecciones proscribir a la principal fuerza política de Ecuador? Imaginen si esto ocurriera en Venezuela. ¡Serían titulares en todo el planeta!”

Es una estrategia con apoyo de los Estados Unidos, dijo Correa, que quedó en evidencia cuando, en Brasil, medios de prensa revelaron las actuaciones ilegales de la Lava Jato, con el apoyo del FBI norteamericano.

Rosa María Marques, profesora de economía en la Universidad Católica de São Paulo, citó estudios que revelan las dimensiones de la catástrofe.

Lo actuado por la Lava Jato provocó el desguace de importantes sectores de la economía brasileña. Principalmente de la industria petrolera –precisamente cuando Brasil se alistaba para la explotación de los enormes reservas del Pre Sal– y de su cadena de suministros que incluye empresas de construcción civil, metalmecánica, industria naval, ingeniería pesada y del programa nuclear brasileño. Todo por un monto estimado en poco más de 142 mil millones de reales que, dividido por cuatro, nos daría una cifra de alrededor de $35,5 mil millones.

Bienvenida la democracia

Con el mayor índice de muertos por millón de habitantes por el COVID-19 en América Latina, tanto el gobierno conservador de Sebastián Piñera, en Chile, como una de las principales estructuras económicas del orden neoliberal creado por la dictadura de Pinochet (1973-1990) –las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)– se tambalean frente a las crecientes protestas de la población.

“¡Este es el fin de las AFP!”, exclamó entusiasmado Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática (RD), opositor al gobierno de Piñera. Era el miércoles 22 y el senado acababa de aprobar un proyecto de ley que permitía el retiro excepcional del 10% de los fondos aportados a las muy cuestionadas AFPs, para que quienes lo necesiten puedan enfrentar las duras condiciones económicas en las que sobreviven, agravadas por la pandemia.

“Piñera se hunde junto al orden neoliberal”, afirmó Paul Walder, en el diario chileno Clarín, al comentar el resultado de la votación en el congreso. “Chile vive una crisis sistémica de un orden totalmente agotado. Cuarenta años es sin duda suficiente”, agregó.

Pero Walder reconoce que, pese a todo, este es un mal proyecto. “De eso no debiera haber duda, que echa mano a los ahorros para la vejez en gastos corrientes, pero tiene un valor más allá de su carácter de emergencia. Se levanta como un primer y gran golpe contra el nefasto sistema privado de pensiones”, afirmó.

A pesar de los esfuerzos de Piñera por evitar la medida, la votación en el senado arrojó un sorprendente resultado de 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención, contando con el apoyo de varios senadores de la coalición de gobierno.

Una derrota en toda la línea para el gobierno y un golpe para un sistema puesto en práctica por José Piñera, hermano del actual presidente, cuando fue ministro de Pinochet. Un mecanismo que puso en manos privadas los hoy más de $170 mil millones de los fondos de pensiones.

En la medida en que se va pensionando una generación de chilenos sometidos a esa reglamentación –de la que sus creadores tuvieron el cuidado de dejar al margen las fuerzas armadas– se dan cuenta que los han condenado a una vejez de miseria. De modo que la lucha contra las AFPs se ha transformado en una lucha contra la herencia más nefasta de la dictadura.

Cada trabajador chileno debe destinar el 10% de su sueldo a su cuenta de ahorro individual, administrada por la AFP. El resultado de ese sistema es que 50% de quienes cotizaron 30 o 35 años reciben hoy una pensión que, en promedio, es menor a los 300 mil pesos chilenos, unos 390 dólares. Menos que el salario mínimo, que es de 320.500 pesos.

En cambio estos recursos, en manos de las AFPs, se transformaron en fuente inagotable de financiamiento para las empresas y para las mismas AFPs.

Es “el principio del fin de las jubilaciones privadas en Chile”, dijo, por su parte, Juan Carlos Ramírez, en el diario argentino Página 12.

“Todo indica que hoy es más posible que nunca, el comienzo de la demolición de un sistema, promulgado por la dictadura de Pinochet en noviembre de 1980 y que permitió la creación de instituciones privadas que invirtieran en el extranjero el dinero para la jubilación, depositado obligatoriamente por los trabajadores chilenos, sin hacerlos participar de estas ganancias, pero sí de las pérdidas”, agregó.

La deuda impagable

Al otro lado de la cordillera, en Argentina, el presidente Alberto Fernández vive un desafío distinto, en cuarentena estricta, polémica por sus efectos en la economía; con un desplome del PIB, que podría caer 25% en este segundo trimestre; y el crecimiento de la pobreza, que podría afectar a la mitad de la población.

Nuevamente, el país se enfrenta a la indispensable renegociación de una deuda que el gobierno anterior, de Mauricio Macri, disparó. Solo entre 2017 y el segundo semestre del 2018 esa deuda aumentó lo equivalente a 20% del PIB.

El FMI le aprobó a Macri uno de los mayores préstamos de su historia: $50 mil millones, en gran parte para pagar a los fondos buitres que se negaron a renegociar la deuda con el gobierno de Cristina Kirchner.

«Estamos convencidos de que vamos por el camino correcto y hemos logrado evitar una crisis», dijo en junio del 2018 Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda del gobierno Macri. La entonces directora gerente del FMI, Christine Lagarde (hoy presidente del Banco Central Europeo), felicitó a las autoridades argentinas. Avalamos plenamente la prioridad del plan económico del gobierno argentino, orientada a un reequilibrio de la posición fiscal, dijo.

Con el acuerdo, Macri se comprometía a recortar el gasto público en $19.500 millones. Pero en los primeros tres años del gobierno Macri, entre 2016 y 2018, la fuga de capitales ascendió a $59.328 millones. Más que todo por el acuerdo con el FMI.

Ahora, Fernández enfrenta pagos imposibles y ha renovado una propuesta de renegociación con los deudores. Una propuesta que, después del éxito logrado por los fondos buitres que rechazaron renegociar con el gobierno argentino, será muy difícil que otros la vuelvan a aceptar.

Se trata de renegociar el pago de $65.000 millones, parte de una deuda global cercana a los 320.000 millones, equivalente a 90% del Producto Interno Bruto argentino.

Los tres grandes grupos de acreedores (Ad Hoc, Comité y Exchange) rechazaron la oferta argentina, mientras el presidente Alberto Fernández reiteraba que no podía hacer más concesiones.

“Aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia. Implicaría, por ejemplo, ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer”, dijo el ministro de Economía, Martin Guzmán. Sin margen para renegociaciones, el gobierno fijó como límite para un acuerdo el 4 de agosto próximo.

Sin acuerdo, Argentina caería otra vez en default, lo que le cerraría nuevamente las puertas de los organismos financieros internacionales. Los mismos organismos que contribuyeron, durante el gobierno Macri, a endeudarla hasta estos niveles insostenibles.

Apretando tuercas

En medio de la pandemia, Europa logró un acuerdo difícil, para poner a disposición de los gobiernos de sus 27 integrantes la no despreciable suma de €750 mil millones: €390 mil millones en recursos no reembolsables, condicionado a ciertas formas de inversiones, y otros €360 mil millones en préstamos. Un monto que inevitablemente cargará las arcas de países ya muy endeudados, como España, cuya deuda pública y privada, juntas, equivalen a más de 170% del PIB. La pública, sola, representa poco más de 95%. O Italia, cuya deuda pública equivale a casi 140% del PIB.

Estados Unidos, con su economía semiparalizada, también está sumido en deudas pública y privadas, la más grande del mundo, de más de $25 millones de millones, equivalente a 117% de su PIB.

A menos de 100 días de las elecciones generales del 3 de noviembre, Trump tendrá que decidir cómo enfrentar el desafío económico que representa el COVID-19.

En mayo anunció la emisión de bonos de la deuda por $3 billones, con lo que el déficit público estadounidense alcanzaría este año el 20% del PIB, el más alto desde la II Guerra Mundial. Y que se suma al del año pasado, de 5,9%.

En medio de la crisis, Trump sigue enfrentando protestas en diversas partes del país, que ha decidido enfrentar con el despliegue militar, generando conflicto con las autoridades locales, como en Oregón, Nueva York o Seattle.

Si durante décadas Washington entrenó y apoyó a las fuerzas militares y policiales de América Latina en el ejercicio de reprimir a sus propios pueblos, ahora esa práctica empezó a aplicarse en su propio país.

“El uso de unidades federales como si fueran grupos paramilitares contra quienes protestaban en Portland se parece, desgraciadamente, a las tácticas usadas por los regímenes fascistas a través de la historia”, en opinión de Timothy Snyder, profesor de Historia en la Universidad de Yale, en un artículo titulado In Portland, the baby fascists have shown their face. En Oregón, Trump desplegó agentes enmascarados, en uniforme sin identificación, que detenían a manifestantes y los transportaban en vehículos también sin identificación, como describió la BBC en una nota sobre las protestas en Portland.

Evitar una colisión innecesaria

En el plano internacional, Trump decidió escalar nuevamente las tensiones con China, dando 72 horas para el cierre de su consulado en Houston. Una medida que la cancillería china calificó de “escalada sin precedentes” a la que respondió ordenando el cierre del consulado norteamericano en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan.

Relaciones que el diplomático singapurense Kishore Mahbubani –una de las voces más reconocidas en el análisis de las complejas relaciones de Occidente con China– analizó en una entrevista publicada el 30 de junio pasado.

Mi objetivo, dijo Mahbubani, “no es ser ni prochino ni proamericano. Lo que quiero es evitar una colisión totalmente innecesaria entre ambas superpotencias como resultado de un malentendido”.

Mahbubani recordó los grandes desafíos globales, que ni China ni Estados Unidos pueden enfrentar solos, como el calentamiento global o la pandemia.

“China no está tratando de exportar el comunismo al resto del mundo”. “Les dice a otros países: tú elige tu sistema, yo elijo el mío y vivimos tranquilos cada uno. No se necesita una competición. Me parece razonable”.

No obstante, advirtió que la creencia de que China, tarde o temprano, acabará convirtiéndose en una democracia no va a ocurrir, lo que provoca una decepción. “Y entonces llega el siguiente error: pensar que, como China no es una democracia, China es un enemigo”.

“Cuando los historiadores del futuro estudien esta época se sorprenderán al ver que una república tan joven como Estados Unidos, con menos de 250 años de antigüedad, pretendía influir en una civilización que es cuatro veces más grande en población y con 4.000 años de antigüedad”.

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