El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció que, a menos de un mes de que inicie el juicio por el asesinato de Berta Cáceres, el Ministerio Público ha sido “negligente” en el proceso investigativo.
En la conferencia de prensa, realizada este 22 de agosto, participó el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de Cáceres representada por su hija Berta Zúñiga. El inicio del juicio está programado para el próximo 10 de setiembre.
El abogado Ariel Madrid explicó que, en el marco de la causa seguida contra ocho personas como ejecutores materiales e intermediarios en el crimen, no ha sido posible que la Fiscalía de Delitos contra la Vida facilite información sobre lo hallado en allanamientos realizados en el 2016, con lo cual ha incumplido cinco órdenes judiciales al respecto.
“No es posible que hayan negado en dos años el acceso a la información a las víctimas y que no hayan realizado tan solo una diligencia investigativa orientada a tener información y analizarla” para que fuera parte del acerbo probatorio en el caso, aseveró.
Acotó que ello “reduce la tesis acusatoria del Ministerio Público”.
Como ejemplo de lo anterior, citó los allanamientos realizados en la vivienda del imputado Mariano Díaz Cháves, mayor del ejército.
Detalló que se decomisó una computadora, una tableta, una memoria USB, un disco duro, un teléfono y un revólver, cuyo calibre coincide con el arma utilizada para asesinar a Cáceres.
“El Ministerio Público no mandó a periciar esa arma de fuego, teniendo el indicio claro de que pudo haber sido el arma que se disparó para asesinar a la compañera Berta Cáceres”, reclamó.
Añadió que ese proceder constituye un “incumplimiento básico” de la debida diligencia y del principio de exhaustividad de la investigación. Además, denunció que de los aparatos electrónicos sólo se ha mencionado el teléfono y que se “dejó por fuera la tableta, la computadora y dos dispositivos de almacenamiento”, a lo cual se suma que del teléfono “supuestamente no se pudo extraer información”.
“El Ministerio Público ha sido negligente en proceso investigativo”, sentenció.
BATALLA PERMANENTE
Berta Cáceres fue una importante líder ambientalista e indígena, quien desde el Copinh llevó a cabo una campaña contra la construcción de un polémico proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA. Fue asesinada en su casa de habitación en marzo del 2016.
En setiembre de ese año, la fiscal que tenía a su cargo el caso denunció que sujetos encapuchados le robaron su automóvil, en el cual casualmente llevaba el expediente del caso.
Durante la conferencia de prensa, Berta Zúñiga, hija de Cáceres, subrayó que “llevamos años de batalla permanente en el reclamo de información” y que cuando finalmente se obtuvo respuesta, esta resulto ser “inaceptable, pues no hay información de lo que contienen los aparatos de las personas que van a juicio”.
Zúñiga leyó un comunicado en el que responsabilizó a “las autoridades de Honduras y de la Embajada de Estados Unidos” por las irregularidades del proceso judicial, debido a “su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional”.
Así, exigió garantías sobre el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del Ministerio Público. También que el fiscal general Óscar Chinchilla se responsabilice por “la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general” y que la comunidad internacional “se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial”.
