Era la madrugada del 13 de marzo de 2021, Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia entre 2019 y 2020, salía detenida de su casa, acusada de ser la coautora de un “golpe de Estado”. Seis meses después, la exmandataria derechista espera el juicio en su contra.
“La persecución política ha comenzado”, tuiteó la expresidenta derechista horas antes de su arresto en el departamento amazónico de Beni, de donde es oriunda.
En prisión preventiva en La Paz, la abogada y expresentadora de televisión, de 54 años, es señalada por haber promovido un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en diciembre de 2019 por un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la CIDH, totalizó en un reciente informe 22 fallecidos en ambos incidentes, los cuales calificó de “masacres”.
Enfrenta tres procesos en la justicia ordinaria por genocidio, terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
“Estamos entrando a los seis meses de prisión preventiva sin que, al día de hoy, exista una acusación”, dijo su abogado, Luis Guillén.
“No podemos detener a una persona, sea quien sea, con el pretexto de querer investigar. Deberíamos tener el hecho certificado, la participación y el delito, y recién solicitar la detención”.
Además, Áñez podría ser sometida a cuatro juicios de responsabilidades, previa aprobación de dos tercios del parlamento.
No hay fecha para el inicio de ninguno de los juicios, pero la detención preventiva de Áñez se amplió por seis meses en agosto, por lo que seguirá presa al menos cinco meses más.
Salud comprometida
La expresidenta se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel al hacerse cortes en un brazo. Días antes, un médico le había diagnosticado “hipertensión y síndrome ansioso depresivo”.
Por ese motivo, su familia solicitó varias veces, sin éxito, que Áñez pueda defenderse en libertad o, al menos, en prisión domiciliaria.
Señalando “agresiones en contra de la vida (…) de la exmandataria”, su defensa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección en favor de su cliente. Aún aguarda el pronunciamiento del organismo.
“Evo Morales (…) la tiene como trofeo para dar un mensaje de miedo a todos los líderes de la oposición y a todos los bolivianos que piensen diferente”, dijo a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) la hija de Áñez, Carolina Ribera.
Justicia bajo la lupa
Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado cuando se proclamó presidenta interina de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 en medio de una fuerte convulsión social.
Llegó al cargo por una cuestionada sucesión constitucional por vacancia luego de la renuncia de Morales, a quien la oposición acusaba de amañar las elecciones de octubre de ese año para poder continuar su mandato hasta 2025. Tras perder el apoyo de los militares, Morales dimitió y se exilió.
“Las alternativas eran muy complicadas en ese momento y la extrema derecha intentó aprovechar para imponerse”, explicó el politólogo Marcelo Arequipa.
“No esperaron a que la vía democrática se reencauzara; intentaron lo más rápido posible imponer a alguien que tuviera el mando del Estado”.
En noviembre pasado, Áñez transfirió el poder a Luis Arce, delfín de Morales, elegido en nuevos comicios. En marzo, fue detenida.
Pero su hija asegura que no hay un hecho concreto para sostener las acusaciones en su contra.
“En Bolivia es una justicia completamente manipulada y servil al gobierno”, denunció Ribera, apuntando contra Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Morales.
Informe lapidario
Áñez fue señalada de genocidio a raíz de la denuncia de los familiares de las víctimas por la represión de las fuerzas del orden el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cerca de Cochabamba, y el 19 de noviembre en Senkata, una zona de El Alto, vecina de La Paz.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en diciembre de 2019 por un acuerdo entre el gobierno de Bolivia y la CIDH, totalizó en un reciente informe 22 fallecidos en ambos incidentes, los cuales calificó de “masacres”.
“Áñez tiene un escenario muy complicado porque el informe del GIEI es casi una sentencia muy dura para ella”, afirmó Arequipa.
“Más allá de que el juicio por el golpe no prospere, lo de Sacaba y Senkata yo creo que la condena fuertemente”.
Por otra parte, el mismo informe cuestiona la independencia del sistema judicial del país sudamericano.
El documento advierte de la necesidad de revisar la existencia de “tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes” —varios de los que se acusa a Áñez— para evitar su utilización “de manera arbitraria”.
Para Arequipa es “contradictorio” que el MAS utilice la figura legal de “terrorismo” que antes le criticó a Áñez usar “para detener a activistas en contra de su gobierno”.
