A los 43 años del golpe que puso fin al gobierno de la Unidad Popular en Chile, se renuevan los contragolpes en disputas políticas que movilizan enormes fuerzas en América Latina, cuyo acto más reciente fue el que puso fin al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil.
“El siglo XXI supuso para la región un nuevo aroma que hacía demasiado tiempo que no se respiraba. La larga y oscura noche neoliberal acababa”, escribió Sergio Martín Carrillo en un artículo sobre Las motivaciones económicas detrás del golpe neoliberal en Brasil.
Menciona Carrillo la situación de Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay… “Una ola de cambio recorría la región”, afirma, proceso ahora sometido a enormes presiones y retrocesos.
Cuando de la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, en 2012, Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, en Washington, y presidente de la Just Foreign Policy, escribió: “Acontecimientos recientes indican que la administración Obama intensificó su estrategia de cambio de régimen contra los gobiernos latinoamericanos que están a la izquierda del centro”.
“La administración Obama no acepta que la región cambió y busca eliminar gobiernos de izquierda”. ¡También Brasil debe mantenerse vigilante!, advirtió.
Pero Brasil ha sido solo el último round que una pelea que está lejos de terminar.
Privatizar todo
Independiente de las discusiones sobre la naturaleza golpista de la decisión del congreso brasileño, es la política económica del gobierno de Michel Temer la que pone en evidencia su objetivo: “El primer paquetazo ha consistido en un fuerte impulso de las privatizaciones de todo aquello que era rentable para el Estado, y por tanto, para la sociedad brasilera. Comenzó por el sector eléctrico, donde se están privatizando más de 200 pequeñas empresas que además de rentabilidad cumplían la función social de llevar electricidad a la mayoría de lugares del país. Las privatizaciones también han llegado a las empresas de transporte y a las de gestión aeroportuaria y portuaria. Otras instituciones públicas se abren a una mayor participación privada como el Seguro de Caixa Económica Federal o el Instituto de Reaseguro de Brasil. Y por supuesto, en la puja por el expolio, no podía faltar la nueva joya de la corona brasilera, los grandes yacimientos petrolíferos del Presal”, recuerda Carillo en su análisis sobre las políticas económicas del nuevo gobierno.
En Hangzhou, donde participó esta semana en la reunión del G-20, Temer explicó sus objetivos: “Nuestro objetivo principal es promover el ajuste estructural del gasto público en un horizonte a 20 años”. “Creamos un órgano especial para llevar a cabo las concesiones y las anunciaremos el día 13″ de setiembre, a su regreso de China, afirmó.
Se trata del mismo programa derrotado en las urnas, pero llevado a cabo de manera todavía más radical, pues se da en el marco de una derrota de las fuerzas que exhalaban ese “nuevo aroma” político que Carrillo destacaba en su artículo.
En todo caso, no se trata –y la diferencia no es menor– de un golpe con apoyo militar como los que, en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, devastaron las organizaciones populares en la región, sometidas a una ofensiva que, mediante torturas, desapariciones y asesinatos, las paralizó por más de dos décadas.
Ahora, debilitado, entre otras cosas por la corrupción en la que se vio involucrado, junto con prácticamente todo el espectro político brasileño, el Partido de los Trabajadores (PT) permanece activo, lo mismo que las organizaciones sociales aliadas y la presidenta destituida anunció la más radical oposición al gobierno que acaba de asumir.
Desde su destitución, no han parado las protestas en Brasil, mientras crece la represión. En São Paulo, mientras miles de personas salieron a la calle el domingo pasado, la policía arremetió contra los manifestantes. 26 personas fueron detenidas, entre ellas diez adolescentes.
En las redes sociales se puede leer excitativas para que la policía actúe con mano dura contra los manifestantes que, en declaraciones de Temer, eran muy poquitas.
Todo el escenario
En Argentina el regreso de la derecha al poder se dio en un contexto electoral de desgaste del gobierno de Cristina Kirchner. La medida inicial de la administración de Néstor Kirchner fue el arreglo con los fondos buitres para lo que el país se debió endeudar en una suma que se estimaba en 15 mil millones de dólares. Impulsó la misma política de ajustes, con despidos y aumentos de tarifas de servicios públicos que ya generan enormes protestas, como la Marcha Federal realizada el viernes pasado, que terminó frente a la casa de gobierno.
“El conflicto social es visible contra el aumento de las tarifas de servicios públicos y denunciando el ajuste derivado de la inflación, las suspensiones y cesantías en un marco recesivo de la economía y más profunda en el sector industrial”, escribió el analista Julio Gambina.
“El ocaso de Dilma no puede analizarse en forma separada de la crisis profunda que desgarra a Venezuela desde que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y reclamó realizar este año un plebiscito revocatorio del mandato de Nicolás Maduro; de la asunción de Mauricio Macri en la Argentina en elecciones libres el mismo mes; de la derrota de Evo Morales en Bolivia en febrero, cuando una ajustada mayoría le negó la posibilidad de una nueva candidatura cuando termine su actual mandato, en 2020, y del anuncio de Rafael Correa de que no buscará ser reelecto, pese a que sus partidarios aún impulsan una consulta popular que le permitiría intentarlo, para lo cual ya han reunido 1,2 millones de firmas. También es preciso incluir en el análisis la situación de Chile, donde Michelle Bachelet se arrastra con pena y sin gloria en su deslucido segundo mandato, y de Uruguay, cuyo gobierno encabezado una vez más por Tabaré Vázquez se parece cada día más a las administraciones del Partido Colorado que el Frente Amplio desplazó”, comentó el argentino Horacio Verbitsky, en un artículo publicado en el diario Página 12.
Falta en la cita la situación de Paraguay, pero también la de Honduras, o la de México y de Colombia. En los dos primeros casos, fue un mismo golpe institucional el que provocó el cambio de gobiernos que solo agravaron los síntomas de ingobernabilidad, la violencia y las tensiones políticas.
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrentado a una ola de desapariciones forzadas, masacres y estancamiento económico refleja también las crecientes tensiones políticas que se extienden por toda la región.
Situación diferente la de Colombia, donde el acuerdo de paz abre las puertas para un nuevo período político en el país, que deberá ser ratificado en el plebiscito previsto para este mes. Pero la consulta enfrenta la oposición de la derecha más radical, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y el casi seguro triunfo del “sí” a los acuerdos de paz aseguran un cambio de escenario, pero no de las tensiones políticas en Colombia.
La vuelta de tuerca
Mirada en perspectiva, los 43 años del período iniciado con el golpe contra la Unidad Popular muestran un largo período de predominio de las políticas neoliberales que promovieron la concentración de la riqueza, haciendo de América Latina una de las regiones más desiguales del mundo.
La resistencia a esas políticas llenó de un “aroma nuevo”, como lo señaló Carrillo, el proceso que ahora se revierte, pero que anuncia renovadas confrontaciones entre dos enormes fuerzas políticas que proponen caminos distintos para el desarrollo de la región.
