Fideicomisos, fundaciones de interés privado, administración de sociedades anónimas y corporaciones, trámites de reaseguros, traspasos de acciones, ayuda para abrir cuentas bancarias en el extranjero, provisión de nombres para integrar juntas directivas en Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas y Belice, conforman el núcleo principal de los servicios que los empresarios y banqueros costarricenses compraban y compran al bufete panameño Mossack Fonseca.
A diferencia de lo que ocurre en el mundo industrial y en el comercio tradicional, en los negocios offshore la característica es que hay mucho papel y poca acción. Hay miles de cartas y correos electrónicos y pocos o ningún empleado. Hay muchas actas, escrituras, incrementos de capital, cambios de representantes y dignatarios (casi siempre empleados del bufete panameño) y miles de firmas compartiendo una misma oficina como domicilio legal.
Las empresas offshore son básicamente firmas registradas en el extranjero, en jurisdicciones con muy baja carga tributaria y sistemas legales que favorecen la confidencialidad sobre el movimiento de flujos de dinero y que -usualmente- no tienen una actividad industrial, ni producen bienes.
Son como cajas fuertes y buzones de paso. Su función se concentra en mantener anónimos a sus dueños, contener registralmente propiedades, acciones, valores y dinero; no tienen oficinas físicas ni empleados, ni producen bienes y por esa razón son conocidas como empresas “de papel”.
Según revelan los correos filtrados de Mossack Fonseca los empresarios costarricenses utilizan en su mayoría empresas y corporaciones inscritas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Belice.
En Costa Rica, la filial de Mossack Fonseca se fundó en julio de 1989, en las oficinas del bufete Grupo Jurídico Especializado y quien actuó como notario fue el ahora diputado Otto Guevara Guth, hoy uno de los más enconados opositores al proyecto gubernamental de crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas que esté bajo control del Ministerio de Hacienda, bajo el alegato de que afectaría “el clima de negocios y la creación de empleo” (vea nota aparte).
Los documentos y correos electrónicos del bufete panameño muestran que uno de los usos que los empresarios costarricenses dan a las empresas offshore es la distribución de dividendos.
En Costa Rica, los socios que reciban dividendos de una firma, deben pagar un 15% de impuesto sobre el dinero recibido.
Según una nota enviada por el gerente general de Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Jaime Ubilla, en junio de 2001, la firma panameña Gilbraltar Holdings Inc. es una empresa que forma parte del Grupo Financiero Improsa de Costa Rica. En el año 2000 los directores de Gibraltar Holdings Inc. eran los empresarios costarricenses Emilio Bruce Jiménez, su hermano Mauricio y Robert Woodbridge Alvarado.
Ese año existía en Panamá un fideicomiso de la firma panameña Gibraltar Holdings cuyo objeto específico era distribuir dividendos entre los accionistas de Banco Improsa S.A. de Costa Rica.
En marzo de ese mismo año, uno de los abogados de Mossack Fonseca, Ramsés Owens, explica que, en Panamá, los fideicomisos no están obligados a registrarse oficialmente y que “no pagan impuesto alguno si no desarrollan actividades comerciales dentro de la república de Panamá”.
Los documentos de la junta directiva de Gibraltar Holdings Inc. muestran que también estaba vinculado a esa empresa panameña, como secretario, el banquero y delegado de Óscar Arias ante el directorio del PLN, Alfredo Ortuño Víctory.
Capital tico a Panamá.
Los archivos de Mossack Fonseca dan cuenta, también, del uso de compañías offshore para que empresarios de Costa Rica inviertan –desde Panamá– en proyectos de desarrollo inmobiliario en el Golfo de Papagayo, Guanacaste.
Uno de estos casos es un fideicomiso por $8 millones creado en Panamá a solicitud de Aldesa Fondos de Inversión, que buscaba garantizar un proyecto inmobiliario en la península de Guanacaste llamado Monte del Barco.
En una carta enviada a Fiduciaria Mossfon (empresa vinculada al grupo Mossack Fonseca), en marzo del 2007, Javier Chaves Bolaños, de Corporación Grupo Aldesa S.A. detalla la conformación de los adherentes en Costa Rica a ese “Fideicomiso Monte del Barco Panamá”.
Entre los costarricenses que participaban se nombra a: Electronic Communications Networks S.A. con $300.000 y cuyo representante es Federico Carrillo Zurcher, ministro de Hacienda de la administración Pacheco de la Espriella (1998-2002), y al profesor de la Universidad Berkeley y asesor presidencial durante la administración Rodríguez Echeverría, Andrés Rodríguez Clare, con $200.000.
En esa lista figuran, además, el presidente de la junta directiva del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría, quien invirtió $1.000.000 a través de las empresas Monitos Gemelos S.A., Pacualito S.A., Rapipunto S.A. y Tequeiz S.A.; y el vicepresidente del Grupo Nación, Fernán Vargas Rohrmoser, con una inversión de $100.000 a través de la empresa Rax S.A.
El 28 de junio de 2010, un acta de Promotora Inmobiliaria Monte del Barco S.A. da cuenta de que a esa fecha el periodista y embajador nombrado ante Naciones Unidas, Eduardo Ulibarri Bilbao, aparecía como director y decidió junto a Javier Chaves y otros directores, disolver la empresa.
Ante consultas de UNIVERSIDAD, el banquero Javier Chaves Bolaños explicó que «cuando se inició el proyecto, hace 10 años, quisimos una estructura similar a la internacional y financiarlo utilizando la figura de Private Equity, mencionada en el punto 3 anterior, que opera en losmercados desarrollados. Sin embargo, en Costa Rica, la regulación del mercado de valores de aquel entonces no consideraba esa opción (no estaba prohibida, sino que la regulación era omisa en ese tipo de figura). Por esa razón, el proyecto se estructuró como un fideicomiso en Panamá.»
Patrimonios en el extranjero.
Otro de los usos que los costarricenses dan a las empresas offshore es albergar su patrimonio fuera de las fronteras nacionales y a salvo de podas tributarias.
Es el caso de la firma panameña Bruxton Inc. que, según los registros de Mossack Fonseca, tiene como directores al empresario y exdirector del diario La NaciónAlejandro Urbina Gutiérrez, y su hijo, el actual viceministro de Transportes, Sebastián Urbina Cañas.
Consultado sobre cuál es el giro comercial de Bruxton Inc., Urbina Gutiérrez señaló que “la empresa no tiene giro comercial más que la apertura de cuentas bancarias para mantener activos financieros de mi propiedad y de mi esposa, Alda Cañas. Mi esposa y yo somos los únicos dueños de estos activos, producto de los fondos de retiro de ambos”.
El viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, señaló que esa firma panameña no figura en su declaración jurada de funcionario público a la Contraloría General de la República (CGR) y alegó que no la incluyó porque la empresa y los activos financieros que contiene no le pertenecen.
“Reporté a la Contraloría lo que la ley exige, es decir los bienes y empresas que me pertenecen, tengo otras cuentas en el extranjero que están reportadas, pero esta empresa y los activos que contiene, no son míos, son de mis padres”, aseguró el viceministro Urbina.
Millonarios incentivos.
Las estructuras legales creadas desde Mossack Fonseca para costarricenses se utilizaron también para cobrar millonarias cifras de un tipo de incentivo fiscal llamado Certificados de Abono Tributario (CAT). Uno de estos casos es de la firma Borda Azul S.A. vinculada al expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Hermes Navarro Vargas.
Los CATs fueron un subsidio que el Estado costarricense pagó a los exportadores para promover las exportaciones no tradicionales y que culminaron en varias investigaciones judiciales.
El otorgamiento de CATs era un beneficio para quienes tenían contratos de exportación y consistían, esencialmente, en títulos al portador, libremente negociables y emitidos por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según los registros del BCCR, entre 1991 y 1998, la firma Borda Azul S.A. cobró CATs por un monto equivalente a ¢12.634 millones, en colones de febrero del 2016 (unos $23,6 millones).
Los archivos de Mossack Fonseca revelan que los abogados panameños ayudaron a quienes controlaban la firma Borda Azul, Hermes Navarro y Jerry Ten Brink, a vincularse con sociedades de Panamá e Islas Vírgenes Británicas para realizar operaciones con facturas pre-datadas, cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda comenzaron a investigar sus actividades comerciales.
Una de las funcionarias de Mossfon, Sara de Bethancourt, detalló en uno de sus correos la provisión de estas facturas:
“He firmado varias en diferentes colores, con sello y sin sello mío en español. Inclusive, algunas facturas se irían sin firma. Favor imprimir unas quince más. Para la firma de quien más firma documentos de BVI cuando nosotros somos los directores: preguntar cualquier cosa a Edison, y unas 15 más para que se vayan más sin firma. En resumen: unas 30 más. 15 firmadas por un director de BVI, y 15 sin firma” (vea nota aparte).
UNIVERSIDAD intentó obtener el punto de vista del empresario Hermes Navarro, pero al cierre de esta edición no se recibieron sus respuestas.
