País denunciará en la OEA la escalada de atropellos contra la libertad en Nicaragua

Para el GIEI, el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución

“Nuestro país presidirá la reunión de la OEA y por medio de su Representante Permanente, la embajadora, Montserrat Solano Carboni, y levantará su voz para denunciar la reiterada escalada de atropellos contra los derechos humanos y las libertades en Nicaragua”.

Así lo indicó la canciller interina, Lorena Aguilar, a través de un comunicado oficial, horas antes de que a Costa Rica le toque presidir la sesión extraordinaria que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para el jueves 27 de diciembre para analizar las gravísimas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, después de que la CIDH presentara un informe en donde revela hechos que califica como “crímenes de lesa humanidad”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, indicó este miércoles que los expertos del organismo que estaban en Nicaragua y fueron expulsados presentarán sus conclusiones en la sesión.

Una ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento más amplio que demanda la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, lo que generó una dura represión.

Según las cifras de la CIDH las protestas han dejado 325 muertos y 400 detenidos.

Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI), que se desplazaron al país pero que fueron expulsados por el gobierno el 19 de diciembre.

En Washington, el GIEI denunció en su informe presentado el 21 de diciembre que “el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”.

La sesión en la OEA será presidida por Costa Rica, anunció en un comunicado la ministra de Relaciones Exteriores subrrogante de ese país, Lorena Aguilar Revelo.

Crímenes documentados

El Estado de Nicaragua tuvo conductas que deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”, denunció el Grupo Interdisciplinario Especial de Investigación (GIEI) que había sido enviado allí por la CIDH, que advirtió que el país no forma parte de la Corte Penal Internacional.

“Para el GIEI, conforme a la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de libertad y crimen de persecución”, indicaron los expertos en un informe presentado en Washington.

El miércoles el gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encargadas de investigar la represión de las manifestaciones que comenzaron en abril, el GIEI y el Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI).

La delegación de expertos se desplazó a Nicaragua para investigar las denuncias de represiones violentas de las protestas.

El grupo señaló que desde el inicio de sus labores, su trabajo se desarrolló “sin la cooperación del gobierno” y que el hecho de que la violencia haya continuado después de la instalación de los investigadores “representó una seria limitación”.

Los expertos del GIEI determinaron, con la ayuda de organizaciones de derechos humanos locales, que “sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo” hubo al menos 109 muertos, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos.

“En la investigación de los 109 casos han existido graves deficiencias, como la audiencia de procesamiento de escenas del crimen o su procesamiento deficiente y la ausencia de realización de necropsias o su práctica vulnerando los estándares internacionales”, indicaron.

La delegación denunció que “numerosos profesionales que atendieron a los heridos y prestaron servicios en los puestos de emergencias fueron despedidos”.

“Hay más de 200 médicos que han sido expulsados de sus trabajos”, indicó Pablo Parenti, fiscal que forma parte del grupo de expertos.

Los observadores señalaron además que “el sistema de justicia penal ha actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos a través de la criminalización” de los ciudadanos que participaron en las protestas.

“En los procesos iniciados en contra de estudiantes, líderes campesinos y sociales se ha hecho un uso ilegítimo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado”, señalaron los expertos.

Evitar la impunidad

Con respecto a la acción de la justicia internacional, Parenti aclaró durante la presentación del informe que Nicaragua no forma parte del estatuto de Roma, por lo que actualmente la Corte Penal Internacional no puede actuar.

“Hoy Nicaragua no es parte de la CPI”, dijo el abogado, que sin embargo aclaró que esto no cierra todas las puertas.

“Hoy en día (…) hace falta o que el Consejo de Seguridad de la ONU mande el caso a la CPI o que el propio Estado de Nicaragua en algún momento pueda manifestar su voluntad, lo que es un cambio político, de que la CPI sea competente”, explicó a la AFP el experto.

Para evitar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, los expertos recomendaron a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU “que inicien una investigaciones, y en su caso juzguen, a los responsables de los referidos crímenes en el marco de la jurisdicción universal y conforme a la legislación interna de cada país”.

El gobierno de Ortega acusó al MESENI y al GIEI de “injerencia” y “falta de imparcialidad y objetividad”, y los expulsó, por lo que el informe que iba a ser presentado en Managua fue difundido en Washington.

Esta decisión coincidió con la cancelación de la personalidad jurídica de algunas organizaciones locales y con el allanamiento de medios de comunicación independientes.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticó severamente la expulsión por Nicaragua de las misiones.

Bachelet se lamentó que “no hay prácticamente ningún organismo independiente de defensa de derechos humanos en Nicaragua”, después de que el propio Alto Comisionado fuera expulsado en septiembre.

El presidente estadounidense, Donald Trump firmó una ley conocida como “Nica Act” que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Ortega.

“La Nica Act envía otro mensaje contundente de que Estados Unidos va a seguir presionando al régimen de Ortega para que haya un retorno a la democracia y al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”, dijo este viernes Robert Palladino, uno de los portavoces del Departamento de Estado.


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