Entre 2002 y 2014 se produjo un importante proceso de reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, así como de diversos indicadores de la desigualdad social en América Latina. Sin embargo, en la actualidad, se atraviesa por una coyuntura mundial y regional más adversa para enfrentar los problemas, en comparación con la primera década y media del presente siglo.
Así lo afirma el reciente informe “Panorama Social de América Latina 2019”, de la Comisión Económica para América Latina, (Cepal), el cual advierte que, en el momento presente, “no solamente diversos avances en materia social se han desacelerado o estancado en un contexto económico poco dinámico, sino que también se vislumbran importantes señales de retroceso”.
“En todos los países de la región donde la pobreza se redujo fuertemente -un 5% o más, entre 2014 y 2018- y en casi todos los países donde se produjeron disminuciones moderadas de la pobreza, el incremento de los ingresos laborales fue lo que explicó en mayor medida el alza de los ingresos de los hogares de bajos recursos. A su vez, en el Brasil, donde la pobreza aumentó, la caída de los ingresos laborales fue el factor que más incidió en la contracción de los ingresos de los hogares de bajos recursos”, explica el informe.
La disminución de la pobreza en América Latina entre 2002 y 2014 fue posible no solo debido a un contexto económico más favorable, en el período indicado, “sino también a un contexto político en que la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad social, así como el objetivo de ampliar la inclusión social y de extender la protección social, ganaron un espacio inédito en la agenda pública de muchos países de América Latina y, en cierta medida, del conjunto de la región”.
En esta última edición, la Cepal retoma el seguimiento de las tendencias de la desigualdad de ingresos, la pobreza y el gasto social en América Latina, pero también incluye un análisis de la migración y un esbozo de la nueva estratificación social en la región.
Lo anterior arroja como resultado que el porcentaje de la población de ingreso medio casi se duplicó, al pasar de un 26,9% del total, en 2002, a un 41,1% en 2017.
A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo del 70,9% al 55,9%.
También ocurrió un leve aumento del porcentaje de la población de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza), que pasó del 2,2% al 3,0% de la población.
Pese a las mejorías observadas, la estructura social (vista desde los ingresos por persona) sigue teniendo la forma de una pirámide. Los datos correspondientes a 2017 muestran que las personas en situación de pobreza (incluyendo a los extremadamente pobres) continúan siendo el subgrupo del estrato bajo de mayor peso poblacional (30,1%), seguido por la población de estratos bajos no pobres (25,8%). En conjunto, suman más de la mitad de la población regional.
Los estratos de ingreso medio-bajo (1,8 a 3 líneas de pobreza por persona) agrupan al 20,9% de la población. Simplificando, el 76,8% de la población de América Latina está compuesto por grupos pertenecientes a estratos bajos o medios bajos.
“La disminución y recomposición de los estratos bajos y el crecimiento de los estratos medios ha sido significativa”, dice el documento, pues el estrato bajo disminuyó de 359 millones de personas a 341 millones (15 puntos porcentuales).
Esa cifra es resultado de una importante reducción de los estratos en situación de pobreza no extrema (menos 49 millones de personas) con un leve aumento de los extremadamente pobres (2 millones de personas) y también un incremento de los estratos bajos no pobres (28 millones de personas).
Por otro lado, el estrato medio aumentó de 136 millones a 250 millones de personas (14,1 puntos porcentuales). Los estratos medio-bajos crecieron más y el estrato alto creció solo 0,8 puntos porcentuales.
El estrato de ingresos medio-intermedios fue el que creció más rápidamente: casi en 65% durante el período, seguido del estrato medio-alto (45,9%) y del estrato medio-bajo (45,8%).
Además, disminuyó en 40,9% el estrato de personas en situación de pobreza no extrema y en 13,6% el de los extremadamente pobres.
“También se aprecia que las mejorías en los ingresos por persona en la región, con el consiguiente desplazamiento hacia arriba entre estratos, fueron más significativas en el período 2002 a 2008, en forma coincidente con el auge de las materias primas y la expansión de las políticas sociales y laborales. Posteriormente, el alza en los ingresos por persona y el crecimiento de los estratos medios se dio a un ritmo menor y en algunos países los niveles de pobreza crecieron a partir de 2015”, añade.
El informe también explica que “el aumento importante del tamaño de los estratos de ingresos medios mejoró la capacidad de consumo de importantes sectores de la población, lo que a su vez se asocia a un aumento de su bancarización”.
“En sociedades en que el consumo es altamente valorado, la adquisición de nuevos bienes y servicios que no solo mejoran el nivel y calidad de vida, sino que también tienen carácter posicional (es decir, sirven para demostrar estatus o éxito económico), una cierta holgura monetaria, el acceso a créditos y el consiguiente desincentivo al ahorro, lo cual puede llegar a impulsar un consumo no sostenible en el largo plazo y culminar en sobreendeudamiento y posterior pérdida de los bienes adquiridos”, agrega.
Al comienzo del presente milenio, los ingresos de los estratos medios representaban el 49,4% del ingreso del total de hogares, con una capacidad económica total anual de 550,000 millones de dólares (a precios de 2018). Pero esto se incrementó al 55,4% (820,000 millones de dólares) en 2008 y al 57,5% en 2017. Este último año representaron un volumen de recursos superior a 1,1 billones de dólares.
La capacidad de consumo de los estratos bajos creció a un ritmo del 1,2% anual (19% acumulado entre 2002 y 2018), la de los estratos medios lo hizo a una tasa del 5,1% anual (111% acumulado) y la de los estratos altos a una tasa anual del 4,5% (93% acumulado).
Sin embargo, la Cepal afirma que “la sostenibilidad del consumo y de la posibilidad de mantener un nivel de ingresos de los estratos medios en el mediano y largo plazo es incierta, no solo por los altos niveles de endeudamiento que afectan a las familias de esos estratos medios (que hace que una porción significativa de sus ingresos se destine a la amortización de deudas), sino también por la debilidad de los sistemas de protección social para actuar como red de contingencia ante choques de ingreso individuales y colectivos”.
Debido a lo anterior, los estratos bajos no pobres y los estratos medio-bajos (46,7% de la población de la región), encaran “un alto riesgo de caer en la pobreza o de ver gravemente desestabilizado su bienestar ante episodios de desempleo o precarización del trabajo, enfermedades catastróficas, accidentes o desastres naturales”.
Por eso el organismo advierte que, si bien estos cambios se tradujeron en la mejora de las condiciones de vida y el incremento de las expectativas y demandas sociales de una proporción importante de la población latinoamericana, no son suficientes.
“La información presentada confirma que los estratos de ingresos medios siguen enfrentando distintas vulnerabilidades (bajo nivel educacional, baja calidad de la inserción laboral, baja cobertura de prestaciones en el sistema de pensiones). Frente a lo anterior, se requiere una mirada más amplia y avanzar en la conformación de sistemas de protección social integrales y con vocación universal”, dice el informe.
Por último, la Cepal plantea que “para apostar decididamente por la igualdad, se requiere establecer un nuevo pacto social que consolide acuerdos entre diversos actores, brindando legitimidad y solidez a políticas y reformas estructurales transformadoras”.
Y concluye que “un pacto social para la igualdad es un pacto orientado a la redistribución del ingreso y otros activos, así como al reconocimiento de identidades y autonomías diversas y a la superación de la heterogeneidad estructural. Entre otros elementos, ello demanda un pacto fiscal para avanzar en la equidad distributiva y en la sostenibilidad de la protección social”.
