El remedio, propuesto por políticos y sectores privados, de vender instituciones públicas para saldar deudas del país podría resultar más grave que la actual enfermedad.
Esta maniobra representaría abonar al déficit fiscal lo correspondiente a un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y conllevaría dejar desfinanciados otros sectores que reciben los aportes de las entidades, las cuales entregan un porcentaje de sus ganancias a distintos programas.
El propio Gobierno anunció que la venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) estaba entre sus planes, cuando el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aseguró en febrero, durante una comparecencia ante la Asamblea Legislativa, que esta era una de las medidas anunciadas para atacar la deuda pública.
En aquel momento, Chaves valoró a Fanal en $20 millones y que la venta o concesión de la operación implicaría un 0.03% del PIB. A Bicsa, el exministro le puso un precio de $200 millones y una implicación del 0.04% del PIB.
El mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) secundó esta idea y, como parte de la negociación del préstamo por $508 millones, “sugirió” que Costa Rica debería “acompañar la regla fiscal con medidas adicionales en ingresos y gastos durante 2021-2024, junto con la venta de activos, lo que sería importante para colocar la deuda en una trayectoria sostenida a la baja”, según un comunicado de prensa emitido por la entidad.
No obstante, para algunos la Fanal y Bicsa no son botines suficientemente atractivos para alimentar el deseo de compra del sector privado. El propio expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, pidió apostar en grande y colocar en el mercado al Instituto Nacional de Seguros (INS) y al Banco de Costa Rica (BCR), al concluir el foro de diálogo convocado por el Gobierno. Rodríguez fue llamado por el presidente Carlos Alvarado y la expresidenta Laura Chinchilla durante la actividad de cierre.
“En estas circunstancias actuales, hablar de la venta de Fanal, con todo respeto, o la venta de Bicsa, es hablar de minucias, eso no agrega nada. Se trata de cosas en serio, del INS y del Banco Costa Rica ¿Queremos tenerlos, cuando pueden ser manejados por otros que no sea el Estado, o preferimos una seguridad social y un sistema de salud que está haciendo aguas? Esas son cosas que tenemos que discutir en serio, sin prejuicios ni apasionamientos”, aseguró Rodríguez.
Salda poco y deja huecos
¿Es esta venta la cura para los males financieros que agobian al país? Para economistas consultados por UNIVERSIDAD es claro que no.
El economista Julio César Espinoza se dio a la tarea de calcular el impacto de la venta de empresas en el déficit fiscal. A partir del patrimonio neto y los estados financieros a diciembre del 2019 de Bicsa, BCR, Banco Nacional, INS e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el valor total de las cinco empresas sería de $9 billones.
Con estas cifras, Espinoza tomó la deuda interna del país, que era de ₡16.6 billones al cierre del 2019, y calculó cuánto se podría amortizar, según el precio de venta. En su análisis, detalla que no se asume la cancelación de deuda externa pues sus plazos de vencimiento son más extensos y poseen tasas de interés más bajas.
“Bajo los supuestos anteriores se podría reducir la deuda interna del Gobierno Central, en el mejor de los casos en poco más de un 30%, y en el peor, menos de un 20%. Suponiendo que se lograra vender las empresas enlistadas al 100% de su valor, lo máximo que podría reducirse el déficit sería de un 1.25% del PIB”, afirma.
Para el economista Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de Ingresos, estas cifras reflejan que el efecto sobre la deuda sería limitado, porque las empresas públicas no son tan grandes en el mercado.
“Probablemente lo que le meta a la deuda es un ‘pellizco’ pequeño. Con esto no se arregla el problema estructural de las finanzas públicas. Seguirá habiendo déficit primario, seguirá habiendo un faltante, entonces, si no se soluciona esto por otras vías, probablemente, en algún momento la deuda vuelva a crecer. Posiblemente, no sea necesaria la venta y, evidentemente, no es suficiente”, aseguró.
Además del bajo aporte a la deuda que implicaría vender instituciones, la economista Sofía Guillén Pérez afirma que el país podría sufrir consecuencias mucho peores en el corto y mediano plazo, ya que se producirían “huecos fiscales” y desfinanciamiento de partidas específicas.
“En el caso de Fanal, el precio de venta que el exministro Chaves le puso fue de $20 millones, un precio equivalente a lo que aporta todos los años en impuestos. La banca pública, de sus utilidades, destina un 15% al régimen del IVM, un 10% al Infocoop, un 3% a la CNE y un 5% a Conape. En total, las cargas parafiscales representan más del 30% de sus ganancias”, detalló.
Para Guillén Pérez, alrededor de la venta de instituciones se crean muchos mitos que le dan más impacto sobre las finanzas públicas del que realmente tiene.
“Dicen que si las venden se va a arreglar el déficit fiscal, pero le pusieron el precio a Fanal de lo que paga en un año en impuestos. Otro mito es que los precios bajan y nada garantiza que cuando pasen a manos privadas no haya un aumento de precios. La lógica cambia, porque al pasar a manos privadas su objetivo es el lucro y, por lo tanto, se disparan una serie de consecuencias que usualmente no son conversadas”, afirmó.
Instituciones recuerdan sus aportes
Consultados por UNIVERSIDAD, las autoridades del BCR aseguraron que, de momento, nadie les ha comunicado la intención de vender dichas empresas estatales.
Al preguntar si consideraban que la venta del banco podría ayudar a resolver el déficit fiscal, la vocería rehusó responder afirmativa o negativamente, pero aseguró que “el Banco de Costa Rica es un actor fundamental para sostener y reactivar la situación económica actual”.
“Al ser un Banco Universal, y con una alta presencia en todo el territorio, contribuye fuertemente en el desarrollo y sostenimiento de este país. Con el fin de continuar brindando un servicio de excelencia a nuestros clientes, tenemos el deber de seguir trabajando en pro del desarrollo y la economía de Costa Rica”, manifestó la Oficina de Prensa del BCR mediante un correo electrónico.
Por su parte, el presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Alejandro Muñoz, aseguró que no les preocupa que la institución pueda estar en la mira para ser vendida.
“Una empresa privada no reaccionaría de la misma manera que lo ha hecho Recope en situaciones difíciles. En eso la empresa ha sido totalmente eficaz, porque nunca ha fallado el servicio público. No sé qué pasaría si fuera privada, probablemente, una empresa privada no asumiría los costos y los gastos que una acción así representa”, afirmó.
Aportes económicos del BCR al Estado
- 50% para incrementar la reserva legal
- 10% para incrementar el capital del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop)
- 5% para la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape)
- 3% para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
- Del 100% de las utilidades netas, al menos el 18% se destinan para asegurar el financiamiento de otras entidades, más el monto trasladado al Régimen de Pensiones del IVM y el Impuesto sobre la renta.
Aportes económicos de Recope al Estado (2009-2015)
- ¢2.5 billones por el impuesto único a los combustibles.
- ¢26.5 mil millones por pago de impuestos por patentes.
- ¢16.1 mil millones por pago de cánones.
- ¢872.5 millones en donación de asfalto y emulsión a Consejos Municipales (2014-2015).
