La actividad minera ilegal que detonó en Crucitas hace cuatro años genera mucha especulación sobre la cantidad de oro extraído y su valor, La empresa minera dijo que en los yacimientos de Cutris en San Carlos se podría explotar en promedio un 2,15 gramos de oro por tonelada de material, pero las cifras reportadas por la Dirección de Geología y Minas (DGM) apuntan a concentraciones cercanas a los 10 gramos por tonelada.
Un informe de Geología y Minas establece que lo extraído podría ubicarse en un rango de $73,5 millones a $197 millones. El exministro, Carlos Manuel Rodríguez, prefiere usar el dato arrojado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ubica la extracción hecha hasta ahora en $60 millones.
Así lo dejó ver en la comparecencia ante la Asamblea Legislativa, ante cuestionamientos de la diputada liberacionista María José Corrales sobre la distante diferencia de datos. La explicación del exjerarca se sustenta en que para llegar a tan elevada cifra, se requiere una cantidad mayor de oro presente en esas tierras a la reportada por Industrias Infinito.
Ello implica que los coligalleros ilegales en Crucitas habrían tenido acceso a casi el triple de oro en superficie y cuatro veces más subterráneo a lo reportado por Industrias Infinito.
El geólogo Allan Astorga recordó que la mayor parte de la información de prospección y análisis (estudios previos de factibilidad para el negocio) hecha por Industrias Infinito fue declarada confidencial, ni siquiera el Poder Judicial tuvo acceso, pero posteriormente se conoció el dato de concentración de oro en el estudio de impacto ambiental (EsIA).
“Ahora, según datos que ha reportado la Dirección de Geología y Minas (DGM), resulta que los ilegales han llegado a encontrar lugares de hasta 30 gramos de oro por tonelada de material. Entonces los datos no dan, parece que el dato original de la empresa fue muy bajo”.
Baile de millones
En ese EsIA original, la empresa planteó explotar 4.000 toneladas diarias de material durante 350 días al año, con lo que estimó una producción anual de 90.000 onzas, unos tres millones de gramos de oro. Ello se extendería durante la fase de operación de la mina de seis años.
Es decir, la empresa en 2005 planteó extraer 18 millones de gramos de oro en seis años (tres millones por año), pero según recordó Astorga, dos años más tarde planteó un cambio de diseño del proyecto y aumentó a nueve años sus ambiciones para extraer más material.
El geólogo considera que en Crucitas el yacimiento alcanza 64 toneladas de oro y que se han extraído unas dos toneladas, pero la DGM en informes apunta a que se han extraído unas cuatro toneladas.
Esa discrepancia también se cuenta en dólares. El valor de lo extraído según Astorga asciende a unos $90 millones, mientras que según la DGM a diciembre de 2018 se han extraído $197 millones (4,23 toneladas de oro).
Para el profesional la pregunta por responder aquí es: ¿cuánto dinero le queda al país por esa cantidad de oro que hay en Crucitas? En cualquier escenario la respuesta es mínima, porque el canon impuesto por ley establece solo un 2% de lo extraído. (Ver nota aparte).
País solo se queda con 2% de lo extraído en minería
Si Industrias Infinito hubiera extraído oro en Crucitas por un valor $197 millones, en el mejor escenario, el país solo se quedaría con $3,8 millones o por el contrario, en el escenario de extracción planteado por el OIJ de $60 millones, los ingresos nacionales serían de $1,5 millones.
¿Cómo se explica este bajísimo ingreso para Costa Rica? De acuerdo con el Código de Minería, las empresas dedicadas a la explotación minera pagan un canon del 2% de su utilidad bruta a la comunidad.
En entrevista concedida a UNIVERSIDAD cuando aún fungía como ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez enfatizó la necesidad de que el Código de Minería se modifique, “tiene que subir de un 2% a un 20% o 40% para que siga siendo atractivo al inversionista, como cooperativas, y que aporte un beneficio al país”.
Además, dijo que el 100% del canon debería reinvertirse en la misma DGM, tras lo cual sentenció que ninguna de esas dos modificaciones son incluidas en los dos proyectos de ley propuestos en la Asamblea Legislativa por las diputadas María José Corrales y María Inés Solís para la cambiar la legislación que cierra el portillo a la minería a cielo abierto.
Se han movido las negociaciones. Esta semana, desde el despacho, María José Corrales y la oficialista Paola Vega han hecho modificaciones al texto de ley, que tiene la oposición de las organizaciones ambientalistas por reabrir la minería a cielo abierto.
“Mi argumento —señaló— es que pasamos de regalar el oro a que se lo roben. Eso sin duda cercenó la base de la discusión política a los diputados, que no manejan el tema y lo han politizado”.
Rodríguez insistió en que la minería industrial metálica debe permanecer prohibida, pero dijo ver con buenos ojos el desarrollo de una minería artesanal a pequeña escala, para lo cual consideró necesario el fortalecimiento de la DGM y que se establezcan regulaciones sólidas respecto de la comercialización del metal.
Otro elemento importante a tomar en cuenta, es que actualmente las exportaciones de oro no pagan impuestos.
Los hechos de que el pago de canon es muy bajo, sumado a la falta de controles sobre la comercialización del oro y la carencia de impuestos a la exportación, bien pueden poner al país en riesgo.
Según observó el geólogo Allan Astorga, Colombia recientemente promulgó un código minero “muy estricto y el 80% de la minería metálica es ahora ilegal”. Ello podría implicar que organizaciones criminales busquen vías para mover el producto en países con pocos controles.
