En la Asamblea Legislativa, el ministro de Ambiente saliente, Carlos Manuel Rodríguez, dijo que “iba preparado a tener que confrontar situaciones o puntos débiles de cosas que no hemos hecho o cosas en las que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer”.
“Pero cuando me di cuenta de los argumentos que estaban hablando y las preguntas que estaban haciendo, me di cuenta de que hicieron un show político totalmente cosmético”, aseguró Rodríguez, en una de dos conversaciones con UNIVERSIDAD.
Sobre la combativa recepción que le dio el Partido Liberación Nacional, dice que se trata de “limpiar conciencia política de todos los errores”.
“Hoy, el problema de Crucitas está totalmente relacionado a problemas del gobierno de Óscar Arias, lo que dijeron (los diputados) Paola Vega y José María Villalta es totalmente correcto. No son corruptos ni mucho menos, no insinúo eso”, dijo Rodríguez.
A punto de salir del Poder Ejecutivo —para tomar un cargo directivo en Estados Unidos, dentro del Fondo Mundial para el Medio Ambiente—, el exministro del Minae visitó el plenario legislativo un día antes de que autoridades policiales y el Ministerio Público anunciaran 33 allanamientos ligados a extracciones ilegales de oro en Crucitas y en Corcovado.
Rodríguez dijo a UNIVERSIDAD que se trata de crimen organizado con “posibles actos de corrupción de funcionarios públicos de bajo y alto nivel, en diferentes instituciones municipales y gobierno central”.
“Al exportarse, funcionarios de Hacienda le dan el visto bueno, desconociendo que hay algunas normas que hay que cumplir. Los argumentos para la exportación, del que exporta el oro, es que se compró en joyerías del país, se fundieron y se están exportando. Se le legitima la procedencia. Tenemos evidencia que entra oro de otros países suramericanos, que es ilegal, y utilizando este mecanismo de blanqueo, lo legitiman para exportarlo a Estados Unidos”, repitió a este Semanario.
A los diputados les pide mantener la Ley 8904 que prohíbe la minería metálica a cielo abierto; aplicar el mismo cooperativismo que existe en Abangares y Miramar; aumentar el canon de extracción entre el 20% y 40%; y que ese dinero se dé íntegro a la Dirección de Geología.
El 22.007 de María Inés Solís (PUSC) y el 21.584 de María José Corrales con Jorge Fonseca (PLN) plantean la apertura de concesiones mineras en Crucitas. Usted dio una posición negativa respecto al del PLN, pero positiva respecto al del PUSC, ¿por qué?
— Considero que el de doña María Inés es menos peor, ¿ok? Los dos proyectos nos llevan al esquema anterior a la prohibición de la Ley 8904, en el que regalábamos el oro.
Siendo ministro de Ambiente, en el 2002, establecí una moratoria porque, después de un análisis profundo del marco normativo minero, establecimos con claridad que estábamos regalando un recurso de la nación a través de un mecanismo formal. Cobrábamos un canon del 2%, sin capacidad de supervisión.
Es como el tema del atún, damos una licencia para que se pesque y no podemos controlar lo que se pesca. Yo no sé por qué… Sí sé por qué, porque hay cosas políticas detrás, no sé por qué los diputados solo se interesan en el oro y no en el atún.
¿A qué se refiere con cosas políticas?
— Están protegiendo o quieren proteger decisiones políticas de gobiernos anteriores que han generado la situación que tenemos.
O sea, la situación de Crucitas es el producto de haber quitado la moratoria, de haber declarado de interés público la operación de Infinito y darle una concesión, todos los temas que se trajeron abajo los tribunales contenciosos.
Parece que estos proyectos son las únicas opciones, considerando que el Ejecutivo no tiene una propuesta. ¿Hay ambiente propicio para sacar adelante un modelo minero para Crucitas?
— Lo primero es que los diputados se pongan de acuerdo con un texto. No puede ser que tengamos un pleito de egos, posiblemente, entre dos diputadas. Ojalá que el congreso se ponga de acuerdo y sea un proyecto que mantenga la prohibición a la minería de cielo abierto, muy importante.
Ninguno de los proyectos la mantiene.
— Pues… a medias, incluso, no es muy claro para mí. En uno no me queda claro si se abre la posibilidad de hacer minería en áreas protegidas.
Uno de los dos dice que no se permite en áreas silvestres protegidas en el sector de Crucitas y da a entender que en el resto del país sí.
El punto mío es que se debe mantener la prohibición a minería a cielo abierto, se debe establecer un nuevo esquema de negocios y, muy posiblemente, lo que la Ley 8904 establece sobre la figura del cooperativismo. Me parece que eso es una buena idea. Tercero, el canon hay que ajustarlo y reinvertirlo en la modernización de Geología y Minas, que tiene que dejar de ser lo que es y pasar a ser una institución de investigación y desarrollo.
¿Qué posición tiene el Gobierno respecto a la minería? Una línea del PAC ha sido la de protección ambiental.
— Sí, sí… nosotros nos seguimos oponiendo a la minería a cielo abierto, pero no a actividades mineras que garanticen que la distribución de los beneficios va a ser socialmente aceptable.
Dije varias veces que cualquier proyecto de ley que salga de la Asamblea Legislativa tiene que mantener la prohibición de la minería a cielo abierto, para ser consecuentes ambientalmente.
Sobre el intercambio que tuvo con la diputada María José Corrales, ella fue la legisladora más beligerante.
— ¿Malcriadita? Más beligerante, está bien.
Ese encuentro fue un poco extraño, no había posibilidad de réplica suya.
— Tenía todas las respuestas para responder, pero ella sabe que tengo respuestas muy contundentes a las preguntas que ella hace y que, básicamente, ella maneja información que no es veraz y que la proveen terceras fuentes.
Dos legisladores de la fracción del PAC me dijeron que usted avala la propuesta de Corrales.
— Repito que, de los dos proyectos, el de María Inés es el mejor, pero no satisface los mínimos que debería tener un proyecto de ley que salga de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué los diputados del PAC tienen esta percepción?
— Valga la oportunidad para aclararlo. Ninguno de los dos proyectos reúne lo mínimo que yo esperaría para el país y los cuatro elementos tienen que estar. Definitivamente, de los dos, uno es mejor que el otro.
¿Una opinión favorable del o la futura jerarca del Minae cambiará el futuro de los proyectos?
— La posición que le manifesté se va a seguir manteniendo porque ya he hablado con quien va a ser ministra designada y el equipo se mantiene. No veo que haya ningún cambio sustancial a las condiciones que tiene que tener un proyecto de este tipo.
¿Por qué no hubo interés en legislar desde el Ejecutivo?
— Esa es una veta que los diputados debieron haber explotado conmigo. Han pasado dos años y no hemos presentado nada.
El primer año, este era un tema que no lo vimos de esta manera porque no entendíamos la calidad de bronca que es Crucitas. Hace un año teníamos 4.500 coligalleros y no toda una estructura. De estar metidos, nos dimos cuenta de que no era espontáneo, era una estructura de crimen.
El 2018 fue un año de plan fiscal y huelga, no íbamos a poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa un tema controversial.
Sí empezamos a hablar, desde el 2018, sobre la necesidad de fortalecer Geología y Minas porque teníamos información de Comex que nos decía que era un desastre, no para concesiones mineras sino para las corrientes.
En el 2019, hablamos con el Servicio Geológico de Estados Unidos sobre la posibilidad de hacer una transformación de Geología y Minas en un Servicio Geológico.
Tenemos un trabajo para el Servicio Geológico que, si todo sale bien, en diciembre lo estaríamos presentando. Pero lo estamos haciendo con las uñas y nuestros recursos.
