Recientemente, se intentó una vez más separar el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por lo que es oportuno explicar su importancia y su grado de especialización técnica.
El Cence es un área estratégica del Sector Eléctrico del ICE; es el “operador del sistema” en nuestro modelo eléctrico. Sus principales funciones son: despachar las plantas generadoras de acuerdo con criterios técnicos y económicos (respetando los contratos establecidos), proveer servicios técnicos para el control de la calidad (corriente, voltaje, confiabilidad, continuidad), garantizar el respaldo energético, comercializar (comprar y vender) la energía a nivel del Mercado Regional (MER) y administrar los contratos de generación privada.
Costa Rica tiene un modelo de “comprador único” y, por ley, el ICE es el responsable de satisfacer la demanda de energía eléctrica. Además, nuestro sistema es muy pequeño, por lo que no es posible tener un mercado competitivo. La competencia se da “por entrar al mercado”, pero no hay “competencia dentro del mismo”. Esto significa que, una vez adjudicados los contratos para generación privada, no se da en lo sucesivo ningún tipo de competencia, pues toda la energía se le vende al ICE para que este la distribuya.
Para que pudiera existir competencia es necesario un mercado mucho más grande, con muchos agentes de mercado (compradores y vendedores) y que se produjeran excedentes importantes. En mercados grandes y abiertos sí se requiere un Cence independiente de los generadores, que garantice neutralidad y transparencia en el despacho de las plantas generadoras.
Por otra parte, las tarifas eléctricas de la energía generada en las nuevas plantas privadas (las leyes 7200 y 7508 autorizan hasta un 30%) se establecen en el proceso concursal, y las de las plantas ya amortizadas las fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Aresep. De manera que el Cence no tiene injerencia en ninguna decisión relacionada con la fijación de precios a los generadores privados, distribuidoras eléctricas o usuarios.
El ICE compra toda la energía a los generadores privados mediante contratos, y la despacha con criterios de costo de oportunidad, pues es energía “no firme”. Es decir, no puede ser almacenada y, por tanto, debe despacharse en el momento que se produce; por lo que el ICE no puede favorecer ninguna fuente. Además, por no ser energía “firme”, el ICE debe darle a esas plantas privadas el respaldo que no tienen, con un costo importante para la institución.
La iniciativa llamada “Ley del Centro Nacional de Control de Energía” propone pasar el Cence al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet). Eso lo sometería a la esfera política, regido por una Junta Directiva conformada por representantes del Gobierno, de las Cooperativas de Electrificación Rural y del sector privado, pero ninguno del ICE, que es el principal motor del desarrollo eléctrico del país y el mayor responsable de la generación, transmisión, distribución y suministro eléctrico.
Es claramente un proyecto político e ideológico, que tiene otros intereses pero ninguna justificación técnica. Por el contrario, nuestro modelo eléctrico es solidario y nos mantiene a la vanguardia en electrificación rural, generación renovable, calidad del servicio, etc. No existen entonces motivos válidos para cambiarlo.
Vale destacar que las principales funciones del Cence son de carácter técnico, pero también se tiene por delegación del Grupo ICE, único agente autorizado por ley para esa función, la importantísima responsabilidad de comercializar la energía en el MER, la cual tampoco debe separarse del ICE.
Retirar el Cence del ICE sería una decisión política, no técnica, e iría contra los mejores criterios de eficiencia, pues aquel requiere de importante información para su planificación operativa. Esa información la generan otras áreas del ICE, y está relacionada con la demanda, con el desarrollo de la generación y del sistema, con la contratación de nuevas plantas y con las nuevas tecnologías. Esta información la obtiene fácil estando dentro del ICE, de otra forma se le dificultaría su labor y se generarían mayores costos para lograr la misma sinergia.
En conclusión, una decisión como la propuesta no tiene ningún fundamento ni justificación técnica, no produce ningún beneficio y más bien generaría ineficiencias que causarían costos adicionales al país.
