Al invocar el TIAR, Costa Rica tira la piedra y esconde la mano

Ese acuerdo de “asistencia recíproca” abre la posibilidad de una intervención armada en Venezuela.

No importa que Costa Rica haya planteado -infructuosamente- el rechazo al uso de la fuerza armada, su apoyo a la invocación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) abre la puerta a la posibilidad de que la fuerza militar sea usada en Venezuela por parte de Estados comprometidos con un cambio de régimen en la nación suramericana.

La resolución adoptada el 23 de setiembre por el denominado Órgano de Consulta (integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros del TIAR), se centra en “identificar o designar personas y entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro” que hayan supuestamente participado en “actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional”, o en violaciones graves a los derechos humanos.

Lo anterior con el fin de investigar y perseguir a los responsables y “disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados partes del TIAR”.

Sin embargo, el punto cinco de la resolución instruye a esos Estados parte a que den seguimiento a la situación venezolana con fin de proponer “eventuales recomendaciones, en el marco del artículo 8 del TIAR”. Ese artículo del Tratado incluye, dentro de las medidas que se pueden acordar, “el empleo de la fuerza armada”.

Esas “eventuales recomendaciones” pueden estar a la vuelta de la esquina, pues en el punto seis de la misma resolución se acordó realizar una nueva sesión en el plazo de dos meses.

Cabe recordar que Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezolano, el 23 de febrero y de nuevo el 20 de julio lideró manifestaciones populares (y en el caso de julio, con apoyo de algunos militares) con las que intentó derrocar a Nicolás Maduro.

El 23 de julio, después del fallido golpe del 20, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aprobó por unanimidad la propuesta de Guaidó de reinstaurar al país como Estado parte del TIAR, pues se había retirado en 2013.

“La puerta está abierta”

El TIAR fue establecido en 1947 y Costa Rica ratificó su adhesión un año después. El tratado lo integran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela (representada por delegados del autoproclamado presidente Juan Guaidó); además de Cuba, que en realidad no participa de nada.

El analista internacional Antonio Barrios, en primer lugar, llamó la atención de que el Tratado es un acuerdo de orden militar, “un ente que desde hace muchos años está muerto” y que desde que se creó se ha activado en pocas veces.

Aseveró que se trata de un instrumento remanente de la guerra fría, creado “casi paralelamente” a la Organización de Estados Americanos (OEA). Observó además que nació de manera muy similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pues establece que “un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos”.

Recordó que Argentina lo quiso invocar en 1982 en el marco de la guerra de las Malvinas, también el expresidente Carazo lo intentó ante la amenaza del régimen de Anastasio Somoza a Costa Rica. Otro caso más reciente fue en 2009, cuando los militares en Honduras dieron un golpe de Estado a Manuel Zelaya, “se quiso invocar pero al final no tuvo resultado”, recordó.

Tras puntualizar que las convocatorias al TIAR se han debido más a conflictos internos que a las “cuestiones reales por las cuales fue creado”, sentenció que en este caso “más allá de que Costa Rica se presente con temor diciendo que no están dispuestos a apoyar ningún tipo de acción militar, la puerta está abierta definitivamente, porque el TIAR es un ente de defensa. Es la conjunción de los ejércitos para actuar en contra de alguna situación que consideren que es un atentado a la seguridad continental y así es como están viendo en este momento a Venezuela”.

De hecho, entre las consideraciones de la resolución se apunta que “el conjunto de esas actividades criminales (del gobierno de Maduro), asociado a la crisis humanitaria generada por el deterioro de la situación política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela, representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.

Barrios, quien actualmente funge como profesor asociado de la Universidad del Kurdistán en Irak, insistió en que con la invocación del TIAR “quieren revivir un muerto que hace tiempo huele a descompuesto, porque ya se le acabaron las herramientas al Grupo de Lima, por ver cómo cercar a Venezuela ante las indecisiones de Trump de continuar con mayores sanciones”.

Según indicó, los países integrantes del grupo de Lima y América Latina quedaron “estupefactos”  cuando el presidente estadounidense Donald Trump se deshizo de su asesor en seguridad nacional, el llamado halcón John Bolton, a quien calificó como “el artífice de todo esto contra Venezuela”. Cabe recordar que en enero Bolton se presentó en una conferencia de prensa con un cuaderno en el que claramente se leía “5.000 tropas a Colombia”.

Barrios, en ese sentido, aseguró que Colombia es “la cabeza de playa de Estados Unidos como lo fue Panamá en el pasado reciente”. Justificó esa aseveración en que en lugar de las bases militares en la zona del canal de Panamá, Estados Unidos mantiene hoy en día ocho en Colombia. Recordó, además, que desde 2008 el gobierno de George W. Bush reactivó la cuarta flota de la armada, que recorre permanente ambos costados del continente americano.

El analista además aventuró un lúgubre presagio. Dijo tener dudas de que los mismos Estados Unidos envíen tropas como lo hicieron en Panamá en 1989, “creo que van a ser ejércitos latinoamericanos los que se van a embarcar en esa tareas y esto va a ser un descalabro. Como sea que ocurra, ahora más peligrosamente se acerca la posibilidad de una intervención armada en Venezuela”.

No, pero sí

Fue el pasado 11 de setiembre cuando el Consejo Permanente de la OEA conoció la solicitud “de un grupo de países”, según la información oficial de la Cancillería, de invocar el TIAR a través de la convocatoria del Órgano de Consulta, conformado por los Estados miembros del Tratado.

En ese momento, Costa Rica “realizó esfuerzos” para que esa convocatoria “expresamente excluyera el uso de la fuerza armada en la invocación del TIAR”. La propuesta tica fue rechazada y por ello, “considerando el compromiso del país con una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, Costa Rica se abstuvo de votar la resolución”.

Pero, contrariamente el 23 de setiembre en la reunión de ministros de relaciones exteriores del TIAR, el país votó a favor de la resolución adoptada. Es decir, Costa Rica simbólicamente se abstuvo de apoyar la convocatoria que rechazó su propia propuesta de excluir la intervención armada, pero votó a favor de una resolución que deja el camino libre para ello.

Mediante otro comunicado, la Cancillería insistió en que apoyó la resolución “por considerar que se enmarca dentro de medidas institucionales y democráticas, que no implican el uso de la fuerza armada”.

Durante la reunión, el canciller Manuel Ventura dijo a sus homólogos: “ustedes conocen y muchos comparten la posición de Costa Rica, y de su política de Estado, como democracia desarmada, en relación con los límites que consideramos debemos resguardar a la hora de aplicar el Tratado. Pero ello no debe de llevar a nadie a error. Costa Rica no abandonará la búsqueda de mecanismos que contribuyan a que los venezolanos recuperen la senda de la democracia, la paz y los derechos humanos”.

Llama la atención que Uruguay, único país que votó en contra de la resolución, al día siguiente comunicó que denunciará el Tratado y lo abandonará.

“Nos salimos del Tratado, por obsoleto, por inconducente, por uso inapropiado del mismo», indicó el canciller Rodolfo Nin Novoa en una rueda de prensa, según informó la agencia AFP. La desvinculación de Uruguay tendrá efecto en un plazo de dos años.

Se buscó profundizar en el tema con las autoridades de Cancillería. La vicecanciller Lorena Aguilar dijo que la única persona que se referirá al tema es el canciller Manuel Ventura, a quien se le dejó mensajes y se le envió varias consultas a través de la oficina de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales no fueron respondidas.

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