Ideas&Debates

Aportes de la Universidad de Costa Rica a la movilidad social

Entre las funciones fundamentales de las universidades públicas encontramos diferentes tendencias a nivel internacional.

Entre las funciones fundamentales de las universidades públicas encontramos diferentes tendencias a nivel internacional, sin embargo, cuatro objetivos centrales parecen comunes a la mayoría: por un lado, las universidades deben preparar a sus estudiantes para que dominen conocimientos que les permitan incorporarse al servicio público (tendencia más evidente de la universidad napoleónica), o al mercado de trabajo empresarial y, de esta manera, aporten al crecimiento económico (tendencia de la universidad corporativa), o que se dediquen a producir nuevos conocimientos a partir de la investigación (tendencia de la universidad humboldtiana). Por el otro, las universidades deben formar a sus estudiantes para que puedan ejercer la ciudadanía y participar en procesos políticos propios de países democráticos, aportando a la justicia social y la emancipación (énfasis de la Universidad Latinoamericana producto de la Reforma de Córdoba de 1918).

Surgida en el marco del Estado de Bienestar, la Universidad de Costa Rica, históricamente, acogió en su seno una mezcla de las diferentes tendencias y las concretó en su Estatuto Orgánico a partir de los resultados del Tercer Congreso Universitario, en donde se estableció que “la finalidad última y suprema del trabajo universitario, que justifica fundamentalmente toda la actividad de la Universidad, consiste en cooperar y comprometerse en la construcción del bien común mediante una constante política general universitaria que tienda a una verdadera justicia social y de desarrollo integral y de independencia de nuestro pueblo… El estudio, la investigación, la meditación, la creación artística, la enseñanza y la difusión del conocimiento, son los medios de la labor universitaria para la realización de la finalidad última de la Universidad, de acuerdo con los criterios y procedimientos más perfectos posibles”. De ahí que el Artículo Primero del Estatuto Orgánico establezca que “La Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento”.

Mediante las tareas que se le han encomendado y que ha asumido la Universidad de Costa Rica encontramos entonces la movilidad social, entendida como la posibilidad de que personas y grupos cambien de posición en la estructura socioeconómica. Si bien la movilidad social se puede dar hacia abajo, la expectativa es que, mediante el aporte de la Universidad de Costa Rica al bienestar de la sociedad, las personas logren movilidad hacia arriba.

La Universidad de Costa Rica, al generar conocimiento y difundirlo, prepara a sus estudiantes para incorporarse al mercado de trabajo sabiendo una profesión y, también, para ejercer la ciudadanía en un país democrático. Ambos objetivos, bien balanceados, llevan a la movilidad social.

Si bien la movilidad social se basa en la mejora de ingresos a partir de una posición social que permita asegurarse la satisfacción de las necesidades básicas, también implica una transformación en múltiples aspectos: acceso a la recreación, a las artes, la literatura, a la tecnología, a diferentes formas de pensar la vida y la sociedad, a socializar con grupos más amplios, a sistematizar mediante métodos diseñados por diferentes comunidades académicas la amplia información disponible, y a construir nuevo conocimiento.

Al ingresar a la Universidad de Costa Rica, sus estudiantes deben transitar por una muy amplia gama de cursos que les abren la puerta a otros mundos, que cuestionan ideas preconcebidas y permiten ampliar horizontes.  Al mismo tiempo, la gran gama de actividades extracurriculares: mesas redondas, foros, y procesos organizativos del movimiento estudiantil y sus representaciones en diferentes espacios colegiados, van fortaleciendo sus posibilidades de alcanzar la autonomía, entendida esta como la capacidad de tomar decisiones en el marco de la responsabilidad social. De esta manera, la movilidad social implica no solamente adquirir destrezas en el ámbito de una carrera o profesión, sino también a nivel social, es decir, se obtiene capital social o, como lo define Bourdieu: “una red de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento mutuo”; y capital cultural, o la educación, el conocimiento o conocimientos y las habilidades que generan ventajas en una sociedad determinada y que se transforman en capital simbólico, o reconocimiento y estatus y, eventualmente, en capital material.

De esta manera en la Universidad se adquiere un capital social y cultural que funciona como una red de seguridad que favorece la obtención de nuevos empleos, de apoyo en caso de necesidad, de acceso a ciertos servicios, etc. También favorece la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía.

Así, mediante la incorporación del estudiantado a la Universidad se generan procesos que permiten el desarrollo individual y colectivo, pues las comunidades y grupos sociales se enriquecen al mismo tiempo mediante prácticas de cursos, proyectos de investigación y de acción social en donde no solo se pone a disposición del público el conocimiento, sino que se facilitan procesos de apropiación, de generación de capital cultural y social entre las poblaciones, se enfrentan problemas nacionales y se buscan soluciones para estos. Por ejemplo, proyectos de TCU vinculan a estudiantes en procesos de aprendizaje con comunidades, acercando a la población al arte, a la solución de conflictos mediante la organización comunitaria, a la búsqueda de alternativas para los problemas más urgentes.

La movilidad social, sin embargo, no es tarea única de la Universidad sino de un conglomerado de actores que, al comprometerse con un pacto social para el bienestar de la mayoría, promueven el bien común. 


La autora es directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR. Por error, en nuestra edición impresa este artículo se consignó a Carlos Araya.

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