Durante años Nicaragua sufrió una de las tasas más altas de violaciones y abusos a menores de la región. Después de la condena internacional hubo reacciones, aunque ahora es muy difícil contrastar la información real por la opacidad del gobierno.
Elvira Cuadra se refirió a los resultados del estudio “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La Configuración de las Violencias hacia las mujeres en Nicaragua 2018-2021”, publicado en octubre.
La oposición política fue excluida de las elecciones. Siete aspirantes presidenciales están detenidos y tres partidos fueron ilegalizados. El gobierno acusa a sus opositores de "golpistas", "traidores a la patria" y "lavado de dinero".
La campaña transcurre en un clima tensado por las detenciones desde junio de no menos de 37 opositores y por las sanciones internacionales impuestas en respuesta contra el régimen.
Les preocupa la pasividad que tiene la comunidad internacional y piden que organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncien y presionen para que liberen a los presos políticos.
Se les acusa de "menoscabo a la independencia y soberanía", "incitar a la injerencia extranjera", "pedir intervenciones y aplaudir" sanciones contra Nicaragua, con base en una ley que aplica el gobierno a opositores, y que fue aprobada por el Congreso oficialista.
A cinco meses de los comicios han sido detenidas 17 personas, entre líderes políticos, exguerrilleros disidentes, periodistas, empresarios y hasta un banquero.
¿A cuál figura importante deberán asesinar en Nicaragua para que haya una gran rebelión?. Un nuevo bogotazo en Managua como cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán en 1948, aquel liberal colombiano que tuvo la osadía de pensar en su pueblo, dejando tras de sí una esperanza truncada. ¿A quién convertirían en mártir los diversos grupos … Continued
Este martes el régimen hizo una barrida y detuvo al cuarto aspirante presidencial opositor, Juan Sebastián Chamorro, así como al dirigente empresarial José Aguerri y la líder de la sociedad civil Violeta Granera.
Oficialismo orteguista busca modificar tope constitucional de 30 años, pero posteriormente deberá reformar el Código Penal para establecer cuáles delitos merecerán la nueva pena máxima.
