En octubre del año pasado, el presidente Rodrigo Chaves anunció que había solicitado ayuda al Gobierno de Noruega en los estudios no invasivos sobre exploración y explotación de petróleo y gas natural.
Foro organizado por despacho de diputada Katya Cambronero analizó las realidades económicas y técnicas ante la insistencia de sector empresarial de posibilitar la exploración y explotación en Costa Rica.
“Esta es la gran oportunidad para que la actual Asamblea Legislativa haga realidad un legado histórico de gran trascendencia”, dice la carta.
Fabricistas plantearon gran cantidad de mociones en que nada más se cambia una palabra para entrabar el trámite. Incluso desvirtúan la iniciativa con la propuesta de declarar a Costa Rica “territorio de exploración y explotación petrolera”.
Propuesta del diputado Manuel Morales fue aprobada el martes en la comisión de Ambiente, lo que marca un clima en apariencia favorable para que se convierta en ley.
Proyecto presentado por diputado oficialista Manuel Morales recibe dictamen afirmativo en comisión del Ambiente para que quede plasmada en la ley la moratoria contra explotación de petróleo y gas natural.
El jerarca de Ambiente y la representación empresarial fue convocada desde octubre del año pasado y continúa sin presentarse. Ante su cancelación este martes, el PLN pidió dar una semana más de “cortesía” que aceptó el resto de la comisión con expresa insatisfacción y cuestionamientos.
Legisladora liberal señala que Luis Amador cometió una “presunta infracción de sus competencias legales”, lo cual “resulta en indebida utilización de fondos públicos”.
Mandatario no negó que hubieran invitado a exministro Roberto Dobles a la reunión en la que se pidió a Noruega ayuda para calcular un valor a posibles reservas de ese combustible fósil en el país, solicitud que no ha sido contestada.
En octubre del año pasado, las sanciones de EEUU contra Venezuela se flexibilizaron por seis meses ante la crisis energética mundial y con miras a las elecciones en ese país suramericano. El Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de la oposición pactaron entonces garantías electorales y celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, que, según el calendario constitucional, deberían ser como máximo en diciembre.
