“La situación es gravísima, porque mientras la Asamblea Legislativa hace esfuerzos para que el propio Gobierno de la República tenga recursos para esta necesaria inversión social es el Ministerio de Hacienda quien le pone peros y se niega a trasladar los recursos necesarios para tantas familias en condición de vulnerabilidad y pobreza”, indicó Jonathan Acuña.
Desde 2021, la Procuraduría aclaró a Fodesaf que debe financiar el programa para atender a familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas o con ingresos menores al salario mínimo.
Los mecanismos de Fodesaf "carecen de herramientas ágiles y eficaces, para identificar oportunamente si la gestión está orientada al cumplimiento de los fines institucionales", indica auditoría.
Un proyecto de ley, que se negocia en la Asamblea Legislativa, exonera a las empresas de zonas francas nuevas que se instalen fuera de la GAM del aporte a Fodesaf durante sus primeros cinco años de operación.
Fondos para poblaciones vulnerables no se canalizan conforme a la ley, denuncia investigador que contradice a la administración.
Tampoco es verdad que un diputado por vía de presupuesto pueda cambiar el destino de los fondos, afirmó el director de Asignaciones Familiares.
La embajada de Estados Unidos encabeza lista de deudores a Fodesaf.
