Aunque se ha mantenido favorito en las encuestas para las elecciones del 5 de mayo en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli quedó inhabilitado para participar en dicho proceso de acuerdo con el artículo 180 de la Constitución de ese país, luego de que Corte Suprema rechazó el último recurso que le quedaba al expresidente para anular una condena de casi 11 años de cárcel dictada el año pasado por blanqueo de capitales.
Acusan al gobierno de actuar como un “régimen totalitario y con tintes dictatoriales” cuando la Fuerza Pública retuvo a universitarios por una hora en protesta durante actos conmemorativos en Guanacaste.
Guevara fue condenado a dos años de prisión, aunque recibió la ejecución condicional de la pena. Además, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
La Corte Suprema de EEUU rechazó la apelación del gigante Alemán, lo que confirma la sentencia a pagar 25 millones de dólares al jubilado Edwin Hardeman quien atribuye su cáncer al herbicida Roundup, y abre la posibilidad a más de 30.000 denuncias similares. Bayer afirma haber reservado 4.500 millones, para hacer frente a esos casos, pero reitera que el glifosato es inofensivo.
Según datos de una organización social, 181 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado en casos similares
El grupo que elevó inicialmente la demanda estaba conformado por 29 estudiantes, que en el 2015 fueron inducidos a cursar un técnico en microbiología que, según se enteraron luego, no contaba con el aval del Consejo Superior de Educación (Conesup) ni del Colegio de Microbiólogos.
Un juzgado civil de Honduras condenó el miércoles a seis ambientalistas que en 2018 participaron en una movilización contra la minera Los Pinares, que explota un yacimiento de óxido de hierro en la jurisdicción de Tocoa (noreste), informó un dirigente.
El partido afirmó que mantiene esta postura entendiendo que la sentencia "no está en firme y además muy equivocada" y agregó que confían en que el liberal salga bien librado en las siguientes instancias del proceso.
La semana pasada, la Fiscalía había solicitado una condena de tres años de cárcel y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos
Condena por estafas con contratos era por ¢353 millones, pero Procuraduría busca aumentarla a ¢516 millones
